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Urbanismo a la carta
Dada la calidad de nuestra clase política, tenemos la obligación ciudadana de demandar estudios y evidencias de que los proyectos de infraestructura y servicios públicos estén realmente encaminados al bien común y no generen brechas de inequidad o ineficiencia entre las diferentes regiones metropolitanas, con el fin de favorecer a algún aliado político.
Por Central Ciudadano y Consumidor
8 de julio, 2015
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Por: Román Meyer (@MeyerFalcon)

Las dinámicas sociales, económicas e históricas son las que moldean la forma en que se estructuran y operan nuestras ciudades. Pero hay una que, al menos en el caso de México, influye de manera particular en decidir cuáles son las zonas de las ciudades que recibirán más recursos, infraestructura y servicios que otras. Y esta razón es el clientelismo, práctica muy antigua que puede definirse como el intercambio de favores y lealtades entre dos polos desiguales –uno de ellos con más poder, recursos, autoridad, prestigio, etc. que el otro.

En el mundo urbano actual, son ciertos servidores públicos y/o líderes políticos (patrones) quienes regulan la distribución de bienes públicos hacia aquellos grupos (clientes) que les favorecen en términos políticos, por lo que están en posibilidad de desviar de modo inadecuado el reparto y el uso de los servicios públicos a fin de asegurar sus redes de poder. En nuestros entornos metropolitanos, las manifestaciones más claras de estas relaciones de poder pueden observarse en las zonas segregadas y marginadas ya que sus habitantes, muchas veces, necesitan un intermediario capaz de proveerlos con servicios o la promesa de ellos.

La literatura sobre clientelismo es muy amplia. Francis Fukuyama señala que éste es una de las herramientas del poder más usadas a nivel global, y que obedece a los instintos más primitivos del ser humano. De acuerdo con el autor, se trata de favorecer a aquellos grupos sociales más cercanos a uno, lo que suele vincularse con formas de corrupción. Fukuyama muestra que en varios países siguen siendo muy fuertes las estructuras clientelares debido al alto nivel de desigualdad, que perpetúa los intercambios clientelares ante la promesa de provisión de bienes públicos.

Calcular el porcentaje de la compra de voto es prácticamente imposible. En un artículo de 2013, Ugalde y Rivera hacen una radiografía del clientelismo en México y señalan que su costo electoral depende de las características económicas y de competencia política en cada jurisdicción política. Entre mayor desarrollo económico y mayor competencia entre los partidos es mucho más costoso realizar los intercambios clientelares particulares. Los autores, además, muestran la dificultad de determinar la efectividad de la compra de votos; por ejemplo, en la elección de 2012, el 27% de los electores señaló haber recibido algún tipo de regalos, promocional o apoyo de cualquiera de los tres principales candidatos presidenciales, pero al ser el voto secreto es difícil medir el impacto real en votos que cada uno obtuvo.

Sin embargo, otros autores como Federico Estévez han señalado que el clientelismo puede funcionar no sólo durante las elecciones, sino que los políticos usan los recursos públicos en forma de un portafolio de inversión, mediante el cual deciden gastar en transferencias directas (programas sociales) o bienes públicos (caminos, puentes, carreteras, alumbrado), la decisión de inversión depende del riesgo electoral que enfrente un político de que su partido pierda en la siguiente elección. Al ser el riesgo el determinante, también son los réditos. Los bienes públicos son menos focalizados (por definición), pero impactan a más personas que pueden generar más votos por el partido la siguiente elección. Es ahí donde estas decisiones moldean la apariencia, infraestructura y servicios que tienen las áreas urbanas.

Como ya se señalaba, el clientelismo se agudiza en condiciones de pobreza y desigualdad, condiciones que quedan palmariamente probadas con los indicadores que publicó recientemente Gerardo Esquivel. México cuenta con 53.3 millones de pobres y, en el otro extremo, al 1% más rico le corresponden el 21% de los ingresos totales y sólo los cuatro mexicanos más ricos acumulan una riqueza equivalente al 9% del PIB. Dichos resultados nos indican que es muy probable que el aparato político siga operando mediante un modelo clientelar.

Todo esto nos sitúa en lo que podríamos definir como una espiral nociva para el desarrollo del país y, en términos urbanos, en un verdadero reto para lograr mejoras sustantivas en aquellas zonas de pobreza y exclusión, que están fuertemente vinculadas a estas dinámicas políticas. Incluso podemos señalar, como una hipótesis, que el modelo de urbanización actual busca, deliberadamente, que existan extensas áreas urbanas de marginación, en las que puedan focalizar políticas clientelares y asistencialistas, para mantener bases electorales cautivas. Sin duda sería imposible afirmarlo categóricamente y también debe haber esfuerzos gubernamentales interesados en una adecuada planeación a fin de mejorar las causas de la pobreza y marginación. Sin embargo, debido a la observación de nuestro entorno es imposible descartarlo.

En términos de política pública y planeación urbana, la inadecuada determinación sobre cuál y dónde localizar la infraestructura pública tiene consecuencias graves para nuestras ciudades. Dada la calidad de nuestra clase política, tenemos la obligación como ciudadanía de demandar estudios y evidencias de que los proyectos de infraestructura y servicios públicos estén realmente encaminados al bien común y no generen brechas de inequidad o ineficiencia entre las diferentes regiones metropolitanas, con el fin de favorecer a algún aliado político.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que representa alrededor del 20% del PIB y en donde un porcentaje importante de las partidas comprenden ramos de infraestructura y programas de desarrollo social, se debería de vigilar y evaluar para disminuir la posibilidad de que los recursos se asignen para algún beneficio político personal. Sobre todo porque la asignación de recursos suele ser un tema opaco y carente de evaluaciones de impacto que sustenten la decisión de cómo y bajo que prioridades se determinan las obras de infraestructura y servicios.

En el 2014 el endeudamiento de los estados fue de 510 mil millones de pesos, mucho del cual se invirtió en infraestructura, y monto que superó casi 18 veces lo registrado hace 20 años. También solemos carecer de procesos de post evaluación que permitan determinar los aciertos y errores, con el fin de mejorar los mecanismos de reparto. Tenemos una amplia gama de ejemplos en los últimos años, con mega proyectos urbanos, de los que no queda clara su razón de ser, sus métodos de implementación, localización y designación de contratistas. Un ejemplo conspicuo es el Acueducto Monterrey VI que, a pesar de haber levantado fuertes polémicas, de que se hayan agrupado 55 organizaciones en su contra y de su costo tan elevado (estimado de 47,000 millones de pesos), siga en pie.

Podemos concluir que un estado y un sistema de poder, que usa estos mecanismos torcidos de distribución de bienes y servicios públicos, genera grandes problemas de desigualdad urbana. Y en México estos indicadores son ya alarmantes. Será difícil que se reforme el modelo que refuerza el poder de las élites y frena la rendición de cuentas. Sin embargo debemos de apostar, como sociedad, en cambiar las reglas del juego, tanto económicas como políticas, pues actualmente solo benefician a un puñado y excluyen a millones. Debemos encontrar los mecanismos que nos permitan pasar de un sistema de clientelismo a uno auténticamente participativo, y ello solo se logrará con mayor equidad y un verdadero combate a la pobreza que mine las bases cautivas de quienes pueden ser “comprados”. La desigualdad urbana puede revertirse, en cierto modo, a partir de detectar y combatir estas prácticas clientelares, imponiendo como prioritaria la noción del bienestar en común. No podemos y no debemos ser indiferentes a este, uno de nuestros grandes problemas nacionales.

 

* Román Meyer es maestro en Gestión Urbana (UPC). Se ha enfocado en la administración de proyectos de diverso enfoque siempre vinculados a temas urbanos como son salud pública, movilidad, evaluación financiera, desarrollo inmobiliario, entre otros. Co-fundador de Central Urbana

 

 

Siguiendo la lógica que señalábamos, los políticos invierten sólo en las zonas con mayor desarrollo y competencia electoral, dónde es más caro hacer transferencias de dinero en efectivo. Las zonas más pobres las mantienen en ese estado, pues ahí pueden asegurar el voto de manera más barata, vía compra directa.

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