Vigilar las compras públicas - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
C al cubo
Por Central Ciudadano y Consumidor
Organización sin fines de lucro que busca incidir en la ampliación y fortalecimiento de las lib... Organización sin fines de lucro que busca incidir en la ampliación y fortalecimiento de las libertades, derechos fundamentales, transparencia y educación de los ciudadanos y consumidores, para que participen con mayor eficacia en el desarrollo y evaluación de sus instituciones. (Leer más)
Vigilar las compras públicas
El proyecto de reforma a la Ley de Obras Públicas plantea vicios que llevarían a compras públicas ineficientes, ineficaces y darían incentivos a la corrupción, como prácticamente eliminar el uso del sistema CompraNET para registrar de principio a fin las etapas de las compras públicas y permitir que distintas dependencias y entidades del gobierno emitan sus propias reglas en materia de compras.
Por Central Ciudadano y Consumidor
23 de septiembre, 2015
Comparte

Por: Carlos Martínez Velázquez (@carlosmartinezv)

Los gobiernos son grandes compradores en la economía. Desde el gasto en artículos de papelerías hasta la contratación de obra para un hospital o una carretera, la cartera de gasto del gobierno es muy amplia, sólo hay que ver que el presupuesto de egresos de la federación para 2016 será de alrededor de 4 billones de pesos. Una buena parte de ese dinero proviene de nuestros impuestos o de los ingresos diversos que tiene el Estado, como por ejemplo ingresos de la venta de petróleo y sus derivados.

Una de las preocupaciones de los ciudadanos es que este dinero se gaste de la mejor manera posible. En el artículo 134 de la Constitución dice que el dinero público debe administrarse con “eficiencia, eficacia y honradez” y se deben de lograr los objetivos para el que éste es destinado. Es decir, idealmente, esperaríamos que el gasto, por ejemplo, en una carretera sea el menor posible dado el tipo de obra (eficiente), que se haga en tiempo y forma (eficaz), y que no haya escándalos de corrupción ligados a la obra (honradez). Sin embargo, sabemos de muchos casos donde esto no es así.

Además, el mismo artículo señala que para lograr estos postulados se llevarán a cabo procedimientos de adjudicación o licitación pública “a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”. Si esos procedimientos no son suficientes para asegurar lo anterior, sigue el artículo, “las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado”.

Es clara la preocupación que tuvo el legislador para asegurar que con el menor gasto posible se hagan las mejores obras de manera honrada. Si a esto le añadimos la sistematización de otros artículos constitucionales deberíamos esperar que en el ejercicio de este gasto las dependencias respeten los derechos humanos, que los procesos garanticen la competencia de los agentes económicos, que haya total transparencia en los procesos de contrataciones públicas y que los ciudadanos se beneficien de este gasto público. Lo anterior, porque al gastar mejor y asegurar la competencia económica el Estado podría ahorrar y liberar recursos para otras acciones redistributivas.

Sobre esto último, académicos (Connor y Bolotova 2006) han calculado que los gobiernos, sobre todo de países en desarrollo como México, acaban pagando 36% de sobreprecio por bienes y servicios cuando diseñan procesos que permiten la colusión de los agentes económicos. Si algo en el mercado se puede pagar a 100 pesos, al parecer se prefieren pagar 136, y como el dinero es limitado ese sobreprecio ocurre a costa de destinar mayor gasto en desarrollo social y económico. A este gasto adicional hay que sumarle todo lo que se paga por retrasos de la obra, por imprevistos y demás cosas a las que estamos mal acostumbrados en México. Por ello, en este tipo de compras la transparencia en las reglas de licitación es el eje fundamental para garantizar la competencia entre los proveedores.

En un reciente artículo, Ek Francisco Garfias, analiza los contratos de obras que tienen irregularidades, especialmente aquellos que violan la ley al tener tiempos de licitaciones menores (cierran licitaciones antes del plazo legal). Curiosamente (o no tanto) el mayor porcentaje de contratos con plazos irregulares se presenta en los primeros meses de entrado el gobierno y en los últimos, prácticamente sin distingos partidistas. Lo cual puede estar asociado con los ciclos político electorales. Es decir, los gobiernos pagan favores de campaña al inicio del gobierno y luego buscan financiamiento para campañas después.

Análisis como el de Francisco nos permiten verificar si los postulados constitucionales de las compras públicas son ciertos. Sin embargo, con el proyecto de dictamen que actualmente se discute sobre la Ley de Obras Públicas difícilmente se podrá ahondar en el tema. Uno de los peligros claros de este dictamen es que exceptúa a las dependencias de hacer procesos claros y transparentes, además de que prácticamente deja de ser obligatorio el uso del sistema CompraNET para registrar de principio a fin las etapas de las compras públicas. Por si fuera poco, deja que distintas dependencias y entidades del gobierno puedan emitir sus propias reglas en materia de compras, lo que hará más difícil entender cada proceso y vigilar el gasto gubernamental. Y como bien se dice, lo que no se puede medir difícilmente se puede diagnosticar y mejorar.

Es por ello muy pertinente el llamado que otras organizaciones civiles como IMCO y México Evalúa han lanzado para que los legisladores revisen a conciencia esta Ley y se eliminen los vicios que llevarían a compras públicas ineficientes, ineficaces y darían incentivos a la corrupción. Más allá de todo discurso, la métrica de la ley debe ser si se cumple o no con lo planteado en la constitución. Y con base en ello evaluar a los legisladores, que como mínimo deberían de cumplir y hacer cumplir la norma máxima. En este sentido en Central nos unimos a la vigilancia de lo que pase con esta ley, para asegurar que ésta genere condiciones de competencia y transparencia en las compras públicas.

Posdata: Derivado del artículo anterior sobre el abuso de Cablevisión al subir las tarifas por “el tipo de cambio”, nos llegaron denuncias de otras empresas como Axtel y cableras locales que están haciendo lo mismo. En todos los casos el consumidor queda indefenso ante la falta de posicionamiento de las autoridades encargadas. Ojalá la nueva subprocuraduría de telecomunicaciones de Profeco o el pleno del IFT tomen cartas en el asunto.

 

* Carlos Martínez es director de Central Ciudadano y Consumidor, A.C.

 

 

Referencias: Connor, John M., y Yuliya Bolotova. 2006. «Cartel Overcharges: Survey and Meta-Analysis.» International Journal of Indutrial Organization 24 (6): 1109-1137.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.