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Por Strategia Electoral
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Consultas populares en América Latina
Para considerarse auténticos los ejercicios de democracia directa deben estar previstos en la ley y contar con requisitos mínimos que garanticen su celebración bajo condiciones democráticas y que de esta forma sean vinculantes, por ello decidimos dar un vistazo a algunos casos y ejemplos más representativos en América Latina.
Por Strategia Electoral
9 de abril, 2019
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Como hemos señalado en otras entregas, existe un descontento generalizado con la democracia, especialmente la representativa, pues hay una gran desvinculación entre la clase política y la ciudadanía. Ante este descontento, la democracia directa se ha visto como alternativa, ya que, mediante figuras como la consulta popular, el plebiscito o referéndum se ha buscado involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones gubernamentales, pues se parte de la idea de que las decisiones de gobierno adoptadas a partir de estos ejercicios tienen una mayor legitimidad que a otras, pues la mayoría de la ciudadanía los respalda (1). También son usadas para legitimar políticas cuya implementación repercutiría en altos costos políticos.

En México los ejercicios de democracia directa se encuentran contemplados en la legislación federal y las locales (2). Desde antes de iniciar su administración, el presidente López Obrador ha manifestado su predilección por someter a consulta diferentes aspectos de la vida nacional, lo que ha generado que las consultas populares se encuentren en el centro de la conversación pública nuevamente.

Para considerarse auténticos los ejercicios de democracia directa deben estar previstos en la ley y contar con requisitos mínimos que garanticen su celebración bajo condiciones democráticas y que de esta forma sean vinculantes, por ello decidimos dar un vistazo a algunos casos y ejemplos más representativos en América Latina.

En Bolivia el Poder Ejecutivo puede convocar a un plebiscito o referendo con carácter vinculante, es posible consultar cualquier tema, excepto aquellos que refieren a asuntos fiscales, seguridad interna y externa, y división política de la República. La resolución será adoptada por la mayoría simple de votos válidos de la respectiva circunscripción y tendrá validez si participa al menos el 50% del electorado (3). La ultima consulta fue en febrero de 2016, para buscar modificar el límite de reelección presidencial, el “NO” obtuvo la mayoría de los votos (4). 

Desde 1994, el presidente de Colombia puede consultar a las y los ciudadanos sobre las políticas del Ejecutivo que no requieran aprobación del Congreso (y si no mediara el rechazo de este); excepto las relacionadas con los estados de excepción y el ejercicio de los poderes correspondientes. La aprobación de reformas por vía de referendo requiere el voto afirmativo de más del 50% de los votantes, y que el número de éstos exceda la cuarta parte del total de ciudadanos que integren el censo electoral.

En 2018 se realizó una consulta popular sobre temas relacionadas con las sanciones contra actos de corrupción; al no cumplirse con el umbral mínimo de aprobación ciudadana, las siete preguntas planteadas fueron rechazadas (5).

En Ecuador hay una larga tradición de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, la constitución contemple varias modalidades de democracia directa (6). Desde la entrada en vigor de la Constitución de 2008, se han llevado a cabo cuatro ejercicios de este tipo a nivel nacional, empezando por el referéndum para sancionar la propia Constitución, la cual fue aprobada por una amplia mayoría de 63.93% y la participación fue de 75.8%.

En Paraguay. cuando una reforma constitucional es aprobada por ambas Cámaras del Congreso, el Tribunal Superior de Justicia Electoral convoca a la ciudadanía a participar en un referéndum dentro los siguientes 180 días. Si el resultado de la consulta es afirmativo, la enmienda quedará sancionada y promulgada (7). El último ejercicio de referéndum constitucional fue en 2011, para aprobar o rechazar que los paraguayos residentes en el exterior puedan votar en las elecciones. El 78.41% de los votantes estuvo a favor del “SÍ”; a pesar de que sólo participó el 12.5% de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral, la modificación fue incorporada al texto constitucional (8).

Uruguay es un caso excepcional, ya que han utilizado mecanismos de ejercicio de la democracia directa desde 1917. Desde 1934 la constitución sostiene que la soberanía nacional se expresa en forma directa a través de las elecciones, la iniciativa popular y el referéndum, e indirectamente a través de los poderes representativos (9).

La experiencia más reciente fue promovida por la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida que logró que se declarara el acceso al agua potable y al saneamiento como derechos humanos fundamentales, y que se prohibiera la privatización de dichos servicios. La iniciativa de reforma constitucional fue respaldada por el 65% de los votantes en octubre de 2004.

El caso de Venezuela llama la atención, pues a pesar de que la Constitución de 1999 contempla diversos mecanismos de democracia directa, la celebración de estos procedimientos no ha cumplido con las condiciones mínimas para poder considerarte auténticos, por lo que no hemos listado ejemplos.

Sin duda, los mecanismos de democracia directa son una alternativa al descontento ciudadano con la democracia representativa, pero ello no implica que estén exentos de condiciones mínimas para su implementación, pues de ser así serían cheques en blanco para la autoridad que los convoca.

 

@Eleccionesymas

 

1 David Altman, “Plebiscitos, referendos e iniciativas populares en América Latina: ¿mecanismos de control político o políticamente controlados?”, Perfiles Latinoamericanos 35 (2010): 11.

2 2011 reconocimiento y 2014 regulación

3 Constitución de la República de Bolivia −vigente desde 2009−, artículos 23, 343, 345.1, 351.3, 352, 30, 304.

4 Con el 99,7% de los votos escrutados el “No” obtenía el 51,3% frente al 48,7% que lograba el “Sí”. Disponible aquí. 

5 Disponible aquí

6 Artículos 104, 106, 438, 441, 442.

7 Artículo 290 de la Constitución Nacional (sancionada en 1992).

8 Disponible aquí.

9 Rodolfo González Rissotto. “Democracia directa: el caso de Uruguay”, en Democracia directa en Latinoamérica, coord. Alicia Lissidini, Yanina Welp y Daniel Zovatto (Buenos Aires: Prometo Libros, 2008), 171.

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