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Cuando la ley no te gusta, interprétala
Desde las elecciones de 2021 se ha evidenciado que quienes en su momento pugnaron por el actual “modelo de comunicación política” y hoy en día son gobierno, les incomoda la restricción constitucional.
Por Strategia Electoral
23 de marzo, 2022
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La libertad de expresión y la propensión por debatir no son fortalezas del sistema electoral mexicano. Tras las elecciones de 2006, como parte de los reclamos de la oposición, se dio una de las reformas más amplias al modelo electoral, el punto central consistió en la creación del llamado “modelo de comunicación política”.

Este modelo tiene dos vertientes esenciales, por un lado el control de los tiempos de radio y televisión con contenido electoral, la autoridad electoral es la administradora única y nadie puede contratar o adquirir por cualquier otro medio espacios en radio y tv para fines electorales. Por otro, el principio de neutralidad que deben observar las y los servidores públicos, esto a fin de no utilizar recursos públicos para promoverse de manera personal o para incidir de alguna forma en la elección. Esto incluye la prohibición de difundir propaganda gubernamental durante las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, periodo que es conocido como “veda electoral”. 1

Respecto a la restricción de difundir propaganda gubernamental, dado que no existe una ley reglamentaria que detalle los alcances de esta prohibición, el INE y el Tribunal Electoral (TEPJF) han interpretado que se entiende por propaganda gubernamental y qué no. En términos generales se ha señalado que lo que busca esta prohibición es evitar que entes de gobierno y servidores públicos influyan en las preferencias electorales de la ciudadanía mediante la difusión de logros, programas, acciones u obras de gobierno.

Desde las elecciones de 2021 y más particularmente ahora en la revocación de mandato se ha evidenciado que quienes en su momento pugnaron por este “modelo de comunicación política” y hoy en día son gobierno, les incomoda la restricción constitucional, especialmente porque el modelo electoral tiene diferentes mecanismos para que de manera constante y de forma inmediata se detenga cualquier intento por violar la veda electoral. Tan solo en las elecciones de 2021 hubo una decena de quejas y medidas cautelares relacionadas con las conferencias mañaneras del presidente y ahora para la revocación de mandato se han presentado una cantidad similar de denuncias por la intervención de funcionarios y funcionaras públicas.

Dado que la restricción es de carácter constitucional y se reproduce tanto en la legislación electoral como en la Ley de Revocación de Mandato, hace unos días el Congreso decidió tomar cartas en el asunto, por lo cual emitió algo que denominó “Decreto por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental”, con el cual buscó acotar la prohibición al señalar que por propaganda gubernamental se debe entender solamente conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas, bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público etiquetado de manera específica para ese fin, por un ente público, con el objeto de difundir las acciones o los logros relacionados con sus fines, o información de interés público referida al bienestar de la población. Consideran que no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, ni la información de interés público relativa a las actividades que llevan a cabo.

Resulta por demás particular la manera en que la mayoría legislativa y el partido en el gobierno buscó abrir el debate en torno a la revocación de mandato, permitiendo que servidores y servidoras publicas pudieran participar de manera activa, pues el decreto aprobado no constituye una reforma a la legislación en la materia, desde luego tampoco se trata de una reforma a la Constitución, es una interpretación auténtica. Es decir, el mismo legislativo aclara lo que quiso decir en la ley que emitió. La finalidad del decreto es impactar de manera inmediata en la revocación de mandato, pero también tendrá efecto en los futuros procesos electoral, entre ellos las elecciones presidenciales de 2024.

Jurídicamente el decreto aprobado genera muchas dudas, pues por un lado se emitió ya iniciado el proceso de revocación de mandato, lo que implica que están modificando las reglas del juego durante el juego, por otro parece claro que vulnera los principios constitucionales de equidad e imparcialidad que rigen los procesos democráticos, y sin duda es contrario al mandato expreso de que el INE y los organismos públicos locales, según corresponda, son la única instancia a cargo de la difusión de la revocación de mandato, lo cual la propia SCJN consideró al resolver la acción de inconstitucionalidad 151/2021.

Los alcances y la aplicabilidad del decreto serán definidos por la SCJN, el INE y el TEPJF, seguro las dos últimas más pronto que la primera. Por lo pronto, tanto la Sala Regional Especializada del TEPJF, 2 como la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. 3 ya se han pronunciado en el sentido de que el contenido del decreto no resulta aplicable a los procesos electorales locales en curso, ni al actual proceso de revocación de mandato, al no ser una regla prevista 90 días antes de iniciar los comicios, como lo exige la Constitución.

La forma en que se busca abrir el modelo de comunicación electoral llama la atención, seguramente todavía habrá bastante que decir respecto de los alcances de este decreto y los efectos que tendrá, sin embargo parece que el debate sobre las restricciones del modelo de comunicación política se abrió y habrá que aprovechar esta oportunidad, sobre todo de cara a una posible reforma electoral.

@Eleccionesymas

 

 

1 En 2019 la reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato replicó las prohibiciones enunciadas durante el desarrollo de estos procesos de democracia directa.

2 Véase el SRE-PSC-33/2022.

3 Expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/130/2022 y su acumulado.

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