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Los puntos claves de la reforma propuesta por el presidente se oponen a la Constitución, por lo que de ser aprobadas podrán serán impugnadas ante la SCJN y las probabilidades de invalidarlas son altas.
Por Strategia Electoral
24 de noviembre, 2022
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Tan solo 2 días después de que se llevara a cabo la Marcha Nacional por la Democracia en defensa del INE, como respuesta reactiva de la ciudadanía y algunos grupos de oposición ante la presentación de la iniciativa de reforma electoral del presidente, el mandatario informó en la conferencia mañanera del 15 de noviembre que, de no lograr el consenso necesario para la aprobación de su reforma constitucional, buscaría realizar reformas legales al marco jurídico electoral para lo cual Morena tiene mayoría por si solo.

Hasta el momento no conocemos a detalle en qué consistirán las reformas legales que el presidente planea presentar en caso de que el rechazo a la reforma constitucional por parte de la oposición se concrete. Lo que es un hecho es que, al menos, la elección por voto popular de consejeros y magistrados, la reducción del número de diputados y senadores, el traspaso del padrón electoral a la Secretaría de Gobernación, la privatización de los tiempos en radio y TV y las modificaciones en la difusión de propaganda gubernamental se oponen a lo que dice el texto constitucional, por lo que de ser aprobadas podrán serán impugnadas ante la SCJN y las probabilidades de invalidarlas son altas.

Además de estas modificaciones, en los últimos días la bancada de diputados de Morena anunció que para ejecutar el Plan B ya tienen sobre la mesa alrededor de 30 iniciativas que pretenden reformar al menos 6 leyes electorales; 1 varios de estos cambios se han implementado ya a nivel local y sus consecuencias han sido negativas para la organización de los procesos electorales. Estos son algunos de los cambios conocidos hasta ahora y los comentarios iniciales que podemos hacer sobre los mismos.

  1. Reducir la estructura orgánica del INE mediante la eliminación de comisiones, áreas operativas y direcciones ejecutivas. Esta es la misma fórmula que hicieron en en la Ciudad de México con el IECM.
  2. Fusionar las comisiones de Organización Electoral y la de Capacitación en el INE. Esta es una vieja propuesta de Pablo Gómez, misma que se ha dicho que solo aumentaría las cargas de trabajo sin traducirse en mejorías al sistema.
  3. Crear consejos estatales temporales. Los consejos locales del INE ya son temporales, y los OPLEs están previstos en la Constitución como órganos permamentes.
  4. Eliminar los módulos de atención ciudadana y que el INE se instale en edificios públicos. Habría que revisar la implicación de esta propuesta, pues podría ser el inicio de la apropiación del padrón electoral por parte del gobierno.
  5. Prohibir a los consejeros salientes acceder a otro cargo público por los siguientes 10 años y trabajar en órganos electorales por los siguientes tres. En su momento la SCJN declaró inconstitucional una propuesta similar respecto de funcionarios públicos federales.
  6. Reducir el presupuesto al órgano y bajar el sueldo a los consejeros. En los útlimos dos presupuestos federales (2021 y 2022) las reducciones han sido sustanciales al presupuesto del INE, lo que ha comprometido su autonomía.
  7. Eliminar la facultad del INE de sancionar a legisladores que promuevan campañas y violen la veda electoral. El INE no tiene facultades para sancionar a servidores públicos por lo que la propuesta no tendría ningún sustento.
  8. Cambiar la fórmula de plurinominales por primera minoría. Este punto podría ser violatorio de lo dispuesto en el artículo 54 constitucional y la fórmula prevista para la representación proporcional.
  9. Regular la reelección consecutiva de diputados. Las reglas de la reelección las estableció la legislatura LXIV, que tenía mayoría de Morena.
  10. Reducir el porcentaje requerido para que las consultas populares sean vinculantes y ordenar la instalación del mismo número de casillas que para una elección ordinaria. El procentaje requerido para que el resultado de la consulta popular sea vinculante esta establecido en el artículo 34 constitucional.

¿Qué sigue?

El grupo parlamentario de Morena ya confirmó que el 23 de noviembre se difundirá el dictamen de reforma constitucional para ser votado en comisiones el 29 y votado en el pleno el 30. De no ser aprobado, entre el 1° y el 7 de diciembre se presentaría el Plan B para discusión de las reformas a las leyes secundarias en el pleno -ya no pasaría por comisiones y sería suficiente el voto de Morena y sus aliados para aprobarlo-.

Apuntes

  1. Para sorpresa de propios y extraños, la marcha en defensa del INE tuvo grandes efectos: 1) Volvió inviable la aprobación de la reforma constitucional del presidente; 2) Presionó de tal manera a los partidos de oposición (PAN, PRI y PRD) que los llevó a retomar la coalición “Va por México” no solo para rechazar la reforma electoral sino para ir en alianza en las elecciones de Coahuila y el Estado de México; 3) El presidente se vio en la necesidad de organizar una marcha para medir el apoyo que sigue teniendo y del que hasta hace poco parecía no dudar.
  2. Veremos si la reforma electoral corre la misma suerte que la reforma eléctrica cuando irremediablemente llegue a discusión en la SCJN. Se necesita el voto de 8 de los 11 ministros para invalidar normas.
  3. El 30 de noviembre, día previsto para la votación en pleno de la reforma electoral, juega México vs. Arabia Saudita. Terrible coincidencia.

 

1 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley Federal de Consulta Popular y  Ley Federal de Revocación de Mandato.

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