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Elecciones extraordinarias
En el reciente Proceso Electoral 2020-2021 se anularon las elecciones de 14 municipios pertenecientes a ocho entidades de la República, de las cuales siete cuentan ya con una fecha para celebrar sus comicios extraordinarios.
Por Strategia Electoral
18 de noviembre, 2021
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Lo útil no debe ser viciado por lo inútil”, éste es el principio general del derecho en el que se basa, en gran parte, nuestro sistema de nulidades en materia electoral, o por lo menos debería serlo.

El derecho a votar y ser votado es un derecho humano reconocido constitucionalmente, cuya protección recae en la función electoral y los tribunales constitucionales electorales que son los encargados de preservar sus efectos, conservar los actos válidamente celebrados, revisar la validez de las elecciones y así garantizar la democracia.

Para que una elección sea válida es necesario que los principios fundamentales que la sustentan se conserven vigentes. Por lo tanto, será nula cuando no se reúnan los elementos mínimos que le dan validez o no se respeten las reglas esenciales. No obstante, la nulidad de una elección debe ser el último mecanismo empleado para buscar restablecer el orden pues su principal consecuencia es dejar sin efectos la voluntad ciudadana expresada en las urnas cuando se concluye que no pudo manifestarse de manera libre y auténtica.

De considerar que el orden democrático fue trastocado de manera irreparable, lo procedente, conforme a nuestro sistema, es declarar la nulidad de la elección correspondiente, revocar el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez entregadas a los ganadores y convocar a una elección extraordinaria.

En el reciente Proceso Electoral 2020-2021 se anularon las elecciones de 14 municipios pertenecientes a ocho entidades de la República, de las cuales siete cuentan ya con una fecha para celebrar sus comicios extraordinarios.

Al respecto, una de las elecciones anuladas que generó mayor resonancia fue la del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en la que la Sala Superior del TEPJF revocó la decisión de la Sala Regional Guadalajara a efecto de declarar la nulidad de la elección por acreditarse la violación al principio histórico de separación Iglesia-Estado que prohíbe a los ministros de culto realizar proselitismo a favor o en contra de candidatura, partido o asociación política alguna.

Los hechos que dieron origen a la nulidad fueron una serie de mensajes emitidos por el Cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez, difundidos en su cuenta de Facebook durante las campañas electorales, la veda y hasta el día de la jornada. A través de estos mensajes, el ministro de culto -ya en retiro- instó a los fieles a que salieran a votar y a no dejar “el campo libre a los malosos”; solicitó que, al votar, lo hicieran “con prudencia y sabiduría, por el bien de México y no por intereses particulares o de grupo”, para lo cual pidió que rezaran y rogaran a Dios que los iluminara al momento de votar. Afirmó también en su mensaje que “si ganan los que están en el poder se viene la dictadura” y que la libertad religiosa estaría en juego “porque el sistema comunista-marxista así lo pide”.

La máxima autoridad electoral consideró que estos mensajes influyeron en el electorado de manera determinante porque, conforme a datos del INEGI, San Pedro Tlaquepaque es uno de los 5 municipios donde se concentra la mayoría de la población católica en Jalisco y la diferencia entre primero y segundo lugar fue del 2%. Además, se trató de una irregularidad grave por haberse difundido durante la etapa en la que se definen las preferencias electorales. Se tomó también en cuenta la jerarquía del líder religioso quien actualmente ejerce funciones como arzobispo emérito y se razonó que, si bien en los mensajes no se menciona expresamente a una candidatura o partido, sí se puede advertir de manera clara e inequívoca que se dirigen a MORENA por ser el partido que está en el poder y se le ha vinculado como partido de izquierda, máxime que ningún partido presentó su deslinde correspondiente.

Este criterio resulta controvertido pues en otras ocasiones y en situaciones similares, como en el caso de la elección municipal de Ciénega de Flores, Nuevo León (SUP-REC-1732/2018), en la que el candidato ganador expresó abiertamente su afiliación religiosa y en un evento de arranque de campaña involucró a ministros de culto quienes invitaron a la comunidad a rezar, a encomendarse a Dios, a agradecer por el candidato y a votar por él, la Sala Superior validó la elección y determinó por unanimidad que no se precisó cómo es que los hechos afectaron la contienda ni cómo influyó en toda la población del municipio -aun cuando en el municipio predomina el catolicismo- y que el simple hecho de acreditarse el acto no implicaba automáticamente que fuera determinante en el resultado.1

En el caso de Tlaquepaque, a pesar de que en los mensajes no se mencionaba expresamente a un actor político como destinatario, no se precisó cómo es que la conducta impactó en el municipio y tampoco se acreditó de manera fehaciente que la violación fuera generalizada, una mayoría se decantó por la nulidad.

La laicidad es una cualidad democrática que las autoridades electorales están obligadas a garantizar pero siempre en armonía con la tutela y el reconocimiento del derecho humano a la libertad religiosa, de conciencia y de culto, así como con el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

La validez de la votación ciudadana es el principio toral de nuestro sistema electoral. De ahí que el sistema de nulidades persiga un fin concreto: que la voluntad ciudadana se manifieste de manera libre y auténtica y que cuando esto no ocurra, se reponga. Sin embargo, ¿es posible garantizar que lo que vició una elección ordinaria no viciará también una extraordinaria? Ya lo veremos.

Para consultar los detalles de todas las elecciones extraordinarias próximas a celebrarse, visita nuestro #Anulómetro y conoce la particularidad de cada caso aquí o en nuestras redes sociales.

 

 

1 Revisar también los expedientes: SUP-JRC-30/2019 y acumulados, SUP-REC-1468/2018 y SUP-REC-825/2018.

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