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“Fuera Ruperta”. Crónica de una elección anulada
Por primera vez se anula una elección por acreditarse la existencia de violencia política contra las mujeres, en el municipio de Iliatenco, Guerrero, lo cual no significa que sea la primera vez que estas conductas ocurren.
Por Strategia Electoral
12 de octubre, 2021
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En días recientes y dando muestra clara de que los procesos electorales no concluyen el día de la elección, la Sala Superior del TEPJF confirmó la anulación de la elección en el municipio de Iliatenco, Guerrero, por haberse acreditado la comisión de violencia política de género contra una candidata a presidenta municipal cuyos efectos tuvieron tal impacto que transgredieron el principio de certeza de la elección (SUP-REC-1861-2021).

Como consecuencia de esta decisión, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero deberá organizar una elección extraordinaria que, según sus propios cálculos, tendrá un costo aproximado de 3.5 millones de pesos.

Esta es la primera elección que se anula en América Latina por acreditarse la existencia de violencia política contra las mujeres, lo cual no significa que sea la primera vez que estas conductas ocurren. De ahí la importancia de analizar qué sucedió en este caso en particular y cuáles serán las posibles consecuencias de la decisión.

¿Qué fue lo que pasó?

Para dar contexto, Iliatenco es un municipio con un alto índice de marginación y mayoritariamente indígena, localizado en la región de La Montaña en Guerrero, donde solo ha habido dos mujeres presidentas municipales: Eugenia Cantú Gálvez y Ruperta Nicolás Hilario, mujer indígena y economista, electa en 2018, quien se postuló para la reelección del cargo en 2021, contando con una importante intención del voto a su favor.

Durante la contienda por la reelección, Ruperta se enfrentó a una campaña de denostación, basada en estereotipos de género con una fuerte carga de misógina en la cual se promovía la idea de que las mujeres no saben gobernar, que “ya es tiempo de los hombres”, “ninguna vieja más en el poder” y se difundía la consigna: “Fuera Ruperta”.

Estas manifestaciones se hicieron en pintas en carreteras y bardas localizadas en zonas por las que votantes debían transitar para llegar a las casillas, además de lonas con propaganda que fueron alteradas y publicaciones en redes sociales en las que la llamaban “bruja” y aseguraban que lograba vencer a sus oponentes realizando brujería.

Los 53 votos y la denuncia

Erik Sandro Leal Cantú, postulado por el Partido del Trabajo, resultó ganador de la elección al obtener 53 votos más que Ruperta, quien quedó en segundo lugar. Dos elementos fueron los que llevaron a que los resultados fueran impugnados ante las autoridades electorales: la diferencia menor al 1 % entre los votos obtenidos por ambos candidatos y los hechos violentos que se registraron durante la campaña, la veda electoral y la jornada.

En primera instancia, el Tribunal Electoral local confirmó la existencia de violencia política por razón de género en contra de la candidata; sin embargo, no se encontraron elementos para probar que el candidato del PT y su partido fueran los responsables. En una segunda instancia, la Sala Regional Ciudad de México acreditó la violencia política por razón de género y declaró la nulidad de la elección. Esta sentencia fue impugnada ante la Sala Superior del TEPJF quien ratificó la resolución impugnada, declarando así, por mayoría de votos, la nulidad de la elección del Ayuntamiento en Iliatenco.

La anulación

La resolución emitida por el TEPJF resulta novedosa y digna de análisis porque rompe con los criterios que hasta el momento habían sido adoptados al juzgar situaciones de violencia política contra las mujeres; esto es así pues en casos como el de Lorena Cuéllar, candidata del PRD a la gubernatura de Tlaxcala en 2016 (SUP-JDC-1706/2016), el de Delfina Gómez, candidata por Morena a la gubernatura del Edomex en 2017 (SUP-JDC-383/2017), o el de María Rojo, candidata por la coalición “Juntos Haremos Historia” a la alcaldía de Coyoacán en 2018 (SUP-REC-1388/2018), la Sala Superior había resuelto que los hechos de violencia documentados no eran lo suficientemente graves para anular la elección por no concurrir los siguientes elementos: conductas plenamente acreditadas; incidencia en el proceso electoral; determinancia en los resultados de la elección; afectación directa en el ejercicio de los derechos políticos de la víctima, y acreditación de la autoría o responsabilidad de los hechos.

No obstante, en este caso en particular, una mayoría de magistradas y magistrados tomó la decisión de juzgar con perspectiva de género, realizar un análisis conjunto e interseccional de las circunstancias que rodearon al caso y resolver, lo cual vale la pena pormenorizar.

En la valoración de las pruebas determinaron que imponer la carga de acreditar la trascendencia en la voluntad del electorado revictimiza a la mujer, pues resulta excesivo exigir demostrar si la voluntad del electorado fue influida o no por los actos de violencia.

Sostuvieron que las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se colocaron los mensajes violentos así como la diferencia entre el primero y el segundo lugar que fue de 0,97 % actualizó la presunción de una afectación directa en los resultados de la elección, por lo que se acreditaba el carácter determinante de la falta.

Consideraron que el carácter anónimo de la autoría no podía ser razón suficiente para justificar la impunidad, es decir, no era necesario atribuir la conducta al candidato ganador, ya que lo determinante era la existencia de las conductas denunciadas.

Esta sentencia, histórica en cuanto a su parámetro de interpretación con perspectiva de género, habrá de ser analizada con cautela pues abre también la puerta a un incremento en las elecciones que podrán ser anuladas en futuros procesos electorales aprovechando lo subjetivo de las circunstancias que actualizan la causal de nulidad.

@Eleccionesymas

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