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Inconstitucionalidad de la #LeyBonilla
Existen suficientes argumentos para considerar inconstitucional la reforma que amplía el mandato del próximo gobernador de Baja California de dos a seis años, empezando por la forma en que se aprobó pues hay graves violaciones a la legislación y al proceso parlamentario.
Por Strategia Electoral
29 de julio, 2019
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El pasado 23 de julio el Congreso de Baja California, con el aval de tres ayuntamientos de la entidad, aprobó la reforma a la Constitución local por la cual se prolonga el período de la gubernatura que va a ocupar Jaime Bonilla Valdez a partir del próximo 1 de noviembre, pasando de 2 a 5 años.

Víctor Morán, diputado de MORENA encargado de presentar esta propuesta, la justificó a partir los siguientes argumentos: a) los estados tienen libertad de legislar sobre la materia; b) se cumple con el mandato de celebrar elecciones concurrentes con las federales (en 2024); c) si la ciudadanía eligió una opción de manera tan contundente, se ha de entender que no fue para que gobernara únicamente por 2 años; d) el exceso de elecciones pone en riesgo el presupuesto estatal, y e) 2 años son insuficientes para ejecutar cualquier proyecto de gobierno.

A manera de contexto, cabe recordar que Morena y el propio Bonilla Valdez buscaron la ampliación del mandato por la vía jurisdiccional dos veces sin éxito, y actualmente están haciendo un tercer intento por esta vía.1 Vale la pena mencionar que contrario a lo que se ha señalado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no ha tenido oportunidad de analizar la constitucionalidad de la ampliación del mandato.

En lo publico, la condena ha sido prácticamente unánime. De manera general diversos actores de todo el espectro político han calificado la reforma como contraria a la Constitución y un golpe certero a la democracia.

Será a la Suprema Corte a la que le corresponderá resolver las acciones de inconstitucionalidad que pudieran presentar los partidos políticos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o el Ejecutivo Federal (a través de la Consejería Jurídica), pero para que ello ocurra primero es necesario que se publique la reforma en el Periódico Oficial del Estado.

En un análisis propio y de un primer vistazo al tema, advertimos que existen suficientes argumentos para considerar inconstitucional la reforma, empezando por la forma en que se aprobó pues hay graves violaciones a la legislación y al proceso parlamentario. La iniciativa se discutió y aprobó en la misma sesión en que fue presentada. Dicha premura se justificó con argumentos débiles, que no justificaban la necesidad de aprobar en ese mismo momento la reforma sin seguir el proceso legislativo adecuado.

También se ignoró el hecho de que existía un impedimento legal para modificar la normativa electoral que regía en el proceso en curso, especialmente considerando que ya había pasado la jornada electoral y que las y los electores de Baja California habían votado por un gobernador que, se les había informado, estaría en el cargo 2 años.

El mayor golpe a la democracia radica en que justamente uno de los elementos esenciales para considerar que unas elecciones sean democráticas es que las reglas bajo las cuales se llevan a cabo se encuentren definidas de manera previa y que durante el proceso electoral no se modifican. Esto permite dar certeza a la ciudadanía, a quienes busquen una candidatura y a los partidos políticos de las reglas bajo las cuales se llevarán a cabo las elecciones, contribuyendo a generar condiciones de competencia equitativas para todas las partes.

También se vulnera el derecho al voto de todas y todos los bajacalifornianos, pues al momento de votar, se manifiesta la voluntad de elegir a la persona que va a ocupar el cargo en contienda, lo que conlleva de manera implícita el respaldo para gobernar por un tiempo determinado, el cual se establece previamente y es del conocimiento de las y los electores. La reforma aprobada por las y los legisladores de Baja California pasa por alto la voluntad ciudadana, pues al ampliar el mandato por decisión propia, sustituyen el mandato de las y los electores en las urnas por la decisión adoptada por una mayoría legislativa.

Preocupa la actitud asumida por el Congreso local, pues ha hecho suyas las pretensiones de un actor político en particular, emitiendo una reforma con nombre y apellido, atentado flagrante contra los deberes constitucionales de imparcialidad y neutralidad, poniendo en duda la autenticidad de la elección y a la democracia misma.

Como se ve, sobran razones para declarar la inconstitucionalidad de esta modificación y, afortunadamente, nuestro ordenamiento prevé los medios de control para frenar esta clase de peligrosos voluntarismos. Sin embargo, la verdadera inquietud reside en el hecho mismo de que estemos discutiendo sobre el tema sólo porque uno de los participantes en la elección es incapaz de aceptar las reglas y porque un órgano legislativo se ha mostrado dispuesto a conceder el capricho.

@Eleccionesymas

 

1 Actualmente, se encuentra en trámite ante el Tribunal Electoral de Baja California el recurso de revisión 146/2019 en el que Jaime Bonilla impugnó la constancia en la que le declara como gobernador electo por las mismas razones.

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