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La reforma sobre violencia política de género
Las reformas sobre Violencia Política de Género aún dejan algunos temas pendientes por definir para su efectiva aplicación.
Por Strategia Electoral
13 de mayo, 2020
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En los procesos electorales recientes ha sido notoria la presencia de casos donde precandidatas, candidatas, legisladoras, presidentas municipales, magistradas y consejeras electorales han sido víctimas de violencia política por razón de género, el caso de María Rojo en Coyoacán es uno de los más claros ejemplos de ello.

Tras de varios años de conocer y documentar casos de violencia política de género (VPG), de múltiples foros en los que se discutieron los temas vinculados a ella y decenas de propuestas e iniciativas para modificar la ley y tipificar la VPG, por fin, el pasado 13 de abril de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a diversas leyes generales, cuya finalidad es prevenir, erradicar, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Estas reformas son un paso muy importante en favor de la protección de los derechos político-electorales de las mujeres y un avance significativo hacia la paridad sustantiva, por ello creemos que es importante resaltar los aspectos más importantes de estas reformas. La primera y quizá más importante fue el establecimiento de la definición de VPG, pues resultaba el primer paso para poder tipificarla. Así, ahora la VPF se entiende como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

En adición a la definición, otros aspectos destacables de esta reforma son:

I. Quién incurra en el supuesto de la VPG podrá ser sancionado por la vía penal, electoral y de responsabilidades administrativas.

II. Derivado de los criterios del Tribunal Electoral, se estableció como requisito para ser legislador federal, el no estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.

III. Aunque ya también era criterio del Tribunal Electoral, ahora la ley ya señala expresamente que toda la propaganda política-electoral debe abstenerse de tener expresiones que discriminen o constituyan actos de VPG.

IV. La paridad vertical y horizontal en la elección e integración de los Ayuntamientos y Alcaldías ya también estarán en la ley.

V. En la arena electoral la vía para denunciar la VPG será el procedimiento especial sancionador, desde luego se podrán solicitar medidas cautelares. La resolución de estos procedimientos deberá contemplar una indemnización a la víctima; la restitución inmediata en el cargo si fue obligada a renunciar por motivos de violencia; una disculpa pública, y medidas de no repetición.

VI. La vía jurisdiccional para proteger a la mujeres en casos de VPG será el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC).

VII. En caso de incumplimiento a las obligaciones en materia de VPG, los partidos políticos podrán ser sancionados con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda o con la cancelación de su registro como partido político; los aspirantes, precandidatos o candidatos con la pérdida de su registro como candidatos

VIII. En el plano penal electoral, se describen como delitos una serie de conductas tales como ejercer violencia contra una mujer que afecte sus derechos políticos-electorales o el ejercicio de un cargo público; ocultarle información para el ejercicio de un cargo público o el acceso a una candidatura; impedir a una mujer su derecho al voto activo o pasivo, entre otras.

IX. Los partidos políticos deben generar mecanismos para la sanción de la violencia política en razón de género en su interior.

Las reformas sobre VPG contemplan un mecanismo de protección de los derechos político-electorales de las mujeres con la finalidad de lograr una consolidación de la paridad política. Reconocemos la importancia que tienen y el avance que representan; sin embargo, estas reformas aún dejan algunos temas pendientes por definir para su efectiva aplicación, lo cual sin duda será materia de definición por parte de las autoridades jurisdiccionales, mismas que revisaremos en nuestra siguiente columna.

@Eleccionesymas

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