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¿Los partidos políticos a la defensa de la Constitución?
El litigio constitucional pudiera convertirse en una herramienta interesante a fin de que los partidos políticos cumplan cabalmente con su rol como entidades de interés público.
Por Strategia Electoral
30 de septiembre, 2019
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Los intentos de regular la protesta social mediante el derecho penal son tan antiguos como la protesta misma. Buscando inhibir las demostraciones de desacuerdo con un gobierno se amenaza con recurrir al brazo punitivo del Estado. Así, el 31 de julio de este año se publicó en el periódico oficial del Estado de Tabasco las reformas aprobadas por el Congreso local a su código penal, entre las que se incluyó como delito el impedimento por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas e impedir total o parcialmente el libre tránsito de personas, asimismo se aumenta la pena por el delito de obstaculización de alguna vía local de comunicación (servicio de transporte público, carreteras, entre otras).

Aunque la exposición de motivos señala que la intención es «garantizar condiciones de seguridad para la inversión pública y privada, así como incentivar el desarrollo económico de la entidad», más bien parece que se busca criminalizar la protesta, que es el único mecanismo a través del cual la ciudadanía podrá expresar el rechazo u oposición a polémicos proyectos de infraestructura −como la refinería de Dos Bocas−, o a las políticas del gobierno. Por ello el legislativo tabasqueño optó por sancionar con prisión estas conductas.

Diversos actores y sectores se han pronunciado en contra de lo aprobado por el Congreso de Tabasco. Destaca el comunicado de los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión1, sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Asimismo, este organismo manifestó su preocupación sobre el efecto inhibitorio (chilling effect) que tendrán estas medidas en el disfrute de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica. En este mismo sentido la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el partido político Movimiento Ciudadano (MC) han presentado tres acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación demandando la invalidez de dicha reforma.

En el caso particular del recurso presentado por MC queda la duda sobre su legitimación, pues si bien los partidos políticos están enlistados entre los sujetos que pueden impugnar leyes generales por esta vía, esta potestad es solo para impugnar leyes electorales, entendidas por la Suprema Corte como aquellas que regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con los procesos electorales, por ejemplo: la distritación o redistritación, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones. Al presentar su acción de inconstitucionalidad, MC sostuvo que las normas combatidas son de naturaleza electoral; sin embargo, esto fue negado por el ministro Franco González Salas2 en su acuerdo de admisión, por lo que todo indica que esta será desechada.

Esta situación abre una pregunta sobre esta limitante. El litigio constitucional pudiera convertirse en una herramienta interesante a fin de que los partidos políticos cumplan cabalmente con su rol como entidades de interés público, mediante la defensa de intereses de la ciudadanía que se puedan ver violentados por leyes aprobadas a nivel federal o local, como es el caso, donde se pone en riesgo el pleno ejercicio de libertades fundamentales como la de expresión o la de reunión. Podría pensarse, al menos, en extender su legitimación para presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes que vulneren los derechos de participación política, concepto más amplio de lo estrictamente electoral que incluye precisamente cuestiones de libertad de expresión, de asociación o reunión, y de cualquier otra libertad que permita a la ciudadanía inmiscuirse en lo público.

Tal regulación se acercaría más a una concepción de los partidos políticos como guardianas del orden constitucional y verdaderos canales comunicativos entre las exigencias ciudadanas y las políticas adoptadas por los tomadores de decisión.

@Eleccionesymas

 

1 Disponible aquí.

Acuerdo de admisión de 9 de septiembre de 2019, disponible aquí.

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