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Los «servidores de la nación» son promotores del presidente
Tras una denuncia del PRD, las autoridades electorales que los «servidores de la nación» efectivamente promovían la imagen del presidente de la República, lo cual viola el artículo 134 constitucional.
Por Strategia Electoral
13 de enero, 2020
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Empecemos por recordar brevemente quiénes son los llamados «servidores de la nación». Ellas y ellos son empleados de la Secretaría del Bienestar −lo cual les da carácter de servidores públicos−, cuya actividad primordial es realizar el censo de necesidades y la distribución de programas sociales como: la pensión para el bienestar de personas adultas mayores, la becas Benito Juárez, y el programa nacional de reconstrucción, por mencionar algunos.

En una columna anterior, revisábamos las medidas que había impuesto el INE a la forma de operar de estos servidores públicos, esto derivado de la denuncia presentada por el PRD, pues consideraban que dada la forma en la que llevaban a cabo sus funciones las y los «servidores de la nación» hacían promoción indebida del presidente de la República, lo cual sería contrario a lo que dispone el artículo 134 constitucional.

Siguiendo las distintas etapas del procedimiento especial sancionador, en un primer momento la Comisión de Quejas y Denuncias del INE decretó medidas cautelares para que los «servidores de la nación» dejaran de utilizar indumentaria con el nombre del presidente. Las medidas cautelares fueron incumplidas. Al resolverse el procedimiento sancionador, la Sala Regional Especializada (SRE) del Tribunal Electoral de del Poder Judicial la Federación (TEPJF) consideró que estos funcionarios sí realizaban promoción personalziada del presidente de la República, y por tanto hacían un uso indebido de recursos públicos.

Para explicarlo mejor. Derivado de la denuncia del PRD, la autoridad jurisdiccional electoral, en este caso la SRE, buscó primero determinar si los programas sociales se ejecutaron con una finalidad distinta a la estrictamente institucional. Esto, ya que justamente la denuncia señalaba que las personas encargadas de la ejecución de diversos programas sociales lo hacían portando vestimenta con el nombre del presidente y utilizando diferentes expresiones que lo enaltecían, lo cual podía dar la impresión que los programas sociales se ejecutan bajo su instrucción, lo que podría generar gratitud o vinculación hacia su figura.

Tras analizar el caso, la SRE concluyó que los «servidores de la nación» efectivamente promovían la imagen del presidente de la República, lo cual viola el artículo 134 constitucional. Para arribar a dicha resolución, las magistradas y el magistrado consideraron:

  1. Que se utilizaba propaganda gubernamental en la que se identificaba el nombre y la figura del presidente;
  2. Que se utlizaba una retórica o discurso tendente a indicar que gracias a él se accede a los beneficios de los programas sociales;
  • La proximidad de los procesos electorales en Hidalgo y Coahuila, así como el posible efecto que las conductas denunciadas pudieron haber tenido en las elecciones extraordinarias de Puebla.

A pesar de lo anterior, la SRE consideró que los responsables de esta conducta eran los «servidores de la nación», así como los delegados estatales y subdelegados; pero que ni la titular de la Secretaría del Bienestar, ni el responsable de los programas sociales, ni el presidente de la República tuvieron responsabilidad alguna. Esta conclusión da lugar a cuestionamientos sobre cómo se determina la autoría intelectual −y por lo tanto parte de la responsabilidad− de esta conducta. Es decir, esta sentencia no aborda si quienes incurrieron en estas violaciones al artículo 134 constitucional actuaron por iniciativa propia o si hubo alguna instrucción de funcionarios públicos de mayor jerarquía. También queda la interrogante de ¿qué hubiera pasado si los hechos hubieran ocurrido en un momento en el que no se estuviera desarrollando un proceso electoral?

Aunque esta resolución de la SRE todavía puede ser recurrida ante la Sala Superior del propio TEPJF, el caso es significativo por dos cuestiones: la primera es que vuelve a poner de manifiesto la falta de una legislación clara que reglamente los alcances del artículo 134 constitucional (situación frecuentemente denunciada por diferentes especialistas en estos temas desde hace al menos una década), y la segunda, es que si bien la preocupación sobre la utilización de los programas sociales con fines electorales ha sido una constante desde hace varios años, actualmente esta conducta es un delito que está previsto en el artículo 19 de la Constitución, lo que podría implicar que una resolución de este caso puede tener consecuencias mucho más graves de las que se han visto en el pasado.

@Eleccionesymas

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