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El acoso a la prensa en América Latina
¿Cómo es la relación de la prensa con los gobiernos de América Latina? Aquí un recuento breve de algunas de las diferencias que se han suscitado en la región.
Por Strategia Electoral
3 de junio, 2019
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La relación de la prensa con el gobierno por lo general es complicada, en ocasiones incluso tensa. En América Latina algunos paises han tenido diferencias notables entre los medios de comunicación y el gobierno en turno.

Por los tiempos que se viven en la región, en donde el ambiente político se ha complicado en algunos países, decidimos hacer un recuento breve de algunas de las diferencias que se han suscitado recientemente entre medios y gobiernos.

Argentina

Durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se suscitó un conflicto con los medios de comunicación derivado de lo que la pareja presidencial consideraba una cobertura parcial y sesgada, particularmente del Grupo Clarín, dominante en los medios de aquel país. La cobertura que irritó a los Kirchner se centraba en temas como un posible enriquecimiento ilícito de esta familia y su influencia sobre legisladores y jueces.

Lo anterior derivó en acciones como la inspección fiscal extraordinaria realizada a Grupo Clarín el 10 de septiembre de 2009, en la que participaron 200 funcionarios fiscales, el intento de quitar el control de la empresa Papel Prensa al mismo grupo, y la promulgación en 2009 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, mejor conocida como la Ley de Medios K, que tenía como fin lograr una desconcentración forzada de los medios en el país.

Al culminar el mandato de Cristina Fernández el conflicto perdió fuerza; sin embargo, dejó la legislación sobre límites a libertad de expresión, así como la Ley 26.736 (1) que declara de interés público el control y distribución de pasta celulosa y papel para diarios, así como el control del mismo por parte del gobierno. También hubo una conversión en los medios, al punto de que para 2013 Grupo Clarín afirmaba que el 80% de los medios audiovisuales respondían directa o indirectamente al oficialismo (2).

Ecuador

Durante el gobierno de Rafael Correa, la mayoría legislativa favorable a su gobierno aprobó la Ley Orgánica de Comunicación en 2013 (3). Esta fue tildada como ley mordaza por el control que imponía a los medios de comunicación privados.

Uno de sus artículos más controvertidos es el 26, el cual crea el delito de linchamiento mediático, que se definió como la «difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública».

La sanción prevista por incurrir en esta conducta era pedir disculpas «en el medio de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, programas, secciones, tantas veces como fue publicada la información lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas afectadas». De igual forma, preveía la creación de una Superintendencia de la Información y Comunicación, encargada de hacer cumplir la normativa de regulación de la información y comunicación.

Finalmente, tras varios meses de debate y de que la Comisión permanente de los Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional indicó que la nueva normatividad contravenía las expresiones de la Constitución ecuatoriana, los tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, esta fue reformada casi en su totalidad (4).

Con esta reforma se estableció el derecho que toda persona tiene a la libertad de pensamiento y expresión, se eliminó la Superintendencia de Comunicación y también la figura de linchamiento mediático.

Bolivia

Desde la llegada de Evo Morales a la presidencia en 2006, se han dado una serie de tensiones entre su gobierno y los medios de comunicación. El presidente se ha mostrado intolerante a la información presentada en otros medios de comunicación que no pertenecen al gobierno (5) y aunque no se ha podido verificar ejemplos claros de restricción a la labor periodística, se han emitido advertencias contra ciertos medios de comunicación.

De acuerdo con reportes periodísticos, organizaciones de periodistas consideran que existe un clima de intimidación a la prensa independiente. Esto ha derivado en actos de autocensura por parte de los medios de información bolivianos, ya que son las empresas estatales las que más espacios publicitarios adquieren. Incluso, periodistas críticos del gobierno como Juan Pablo Guzmán, Edwin Valda, Jhon Arandia y Galo Hubner se han tenido que retirar de sus espacios (6).

En 2018 se propuso una ley que permite ampliar la duración de todas las licencias de radiodifusión para canales de televisión y radio (7), pero que establece como contraprestación, entre otras, que los medios beneficiados deberán transmitir minutos de comunicación de la actividad gubernamental en noticieros, independientemente del pago que ya reciben por la publicidad estatal.

Nicaragua

El régimen encabezado por Daniel Ortega ha recibido severas críticas debido a la monopolización mediática por parte de su familia, el incumplimiento de la ley de acceso a la información de aquel país, los ataques a la prensa independiente y los largos períodos −uno de ellos de 2007 a 2016−, sin realizar conferencias de prensa, entre otros señalamientos (8).

Las tensiones se agudizaron a partir de las protestas que amplios sectores de la población han realizado por las reformas a la seguridad social nicaragüense en abril de 2018 (9).

Desde entonces, se han denunciado diversos hechos realizados por el gobierno contra los medios destacando el allanamiento con violencia por parte de la Policía Nacional, en diciembre de 2018, a las instalaciones del medio digital El Confidencial, así como de los programas televisivos Esta Noche y Esta Semana, todos reconocidos como críticos al presidente Ortega. Ese mismo mes, tras las denuncias de amenazas y hostigamiento de parte de las autoridades nicaragüenses, hechas por el canal noticioso independiente 100% Noticias, dos de sus periodistas fueron arrestados y acusados ​​de «incitar y conspirar para cometer actos de terrorismo e incitar a los delitos de odio» (10).

Asimismo, se conocieron reportes de acoso constante contra periodistas y directivos de medios como La Prensa, Radio Darío, Radio Mi Voz, Canal 12, los cuales han merecido pronunciamientos condenatorios por parte de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (11).

Venezuela

El conflicto entre el gobierno de Hugo Chávez y los medios de comunicación privados escaló tras el fallido golpe de Estado de 2002 en contra del autodenominado gobierno bolivariano (12). En ese periodo los principales medios de comunicación asumieron un papel abiertamente opositor contra el gobierno, lo que generó medidas de retaliación por parte de las autoridades.

En consecuencia, se negó la renovación de la conseción de la frecuencia radioeléctrica a la cadena Radio Caracas Televisión (RCTV), la cual dejó de transmitir su señal el 28 de mayo de 2007, poniendo fin a 53 años de transmisión (13). Minutos después, la frecuencia fue utilizada por cadena Teves, creada por el gobierno del presidente Chávez. La cadena RCTV no logró reactivar su señal abierta, pero continuó operando a través de sistemas de televisión por suscripción desde julio de 2007.

En 2009, la Fiscalía venezolana presentó una propuesta de Ley especial sobre delitos mediáticos (14). la cual contempla penas de hasta 4 años de cárcel para los dueños de empresas de comunicación, directores, periodistas o artistas. Esta propuesta generó fuerte polémica y alarma a nivel internacional, así como el rechazo de la Asamblea Nacional Venezolana, desatando una mayor tensión e incertidumbre en torno a la relación entre el gobierno y los medios privados venezolanos.

Actualmente, Nicolás Maduro, se ha visto envuelto en diversos conflictos con los medios, nacionales y extranjeros, como la detención y posterior expulsión del país del periodista de Univisión, Jorge Ramos en febrero de este año (15).

Uno de los actos de censura más recientes del gobierno, ocurrió el 23 de enero cuando Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclamó presidente encargado de Venezuela y convocó a nuevas elecciones. De acuerdo con Prensa y Sociedad de Venezuela (16), el gobierno de Maduro puso en marcha la transmisión de mensajes simultáneos, cooptando 11 en emisoras en este país, los cuáles sacaron del aire su programación normal por presiones directas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

México

La organización Artículo 19 ha señalado que desde el inicio de la transición del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador sus declaraciones han sido estigmatizantes contra la prensa, tildando a algunos medios como prensa fifí y periodistas chayoteros por sus críticas en contra del gobierno que encabeza (17).

A pesar de que el presidente ha señalado que no habrá censura contra los medios de comunicación y que se implementarán medidas de protección para periodistas, el Ejecutivo ha realizado acciones como exigir que la prensa revele sus fuentes, bajo el argumento de que al ser información de interés público están obligados a transparentarla (18).

El 24 de mayo, el periódico Reforma dio a conocer una lista de 36 periodistas que recibieron contratos de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ante este hecho, el INAI declaró que esta lista contiene información parcial, al excluir lo relacionado con diarios impresos, radio y televisión, así como el monto total del gasto en publicidad del sexenio anterior (19).

Al final de cuentas, en cualquier país que se considere democrático, la libertad de prensa y la libertad de expresión deben ser derechos preponderantes en la vida diaria. Una prensa fuerte e independiente garantiza una diversidad de análisis y opiniones sobre la realidad, lo que termina por fortalecer las democracias. Para Lavitsky y Ziblatt (20). el nivel de autoritarismo de un gobierno se puede medir a partir de la tolerancia que este tenga a las libertades civiles de sus críticos y opositores, incluyendo la prensa.

La libertad prensa y de expresión conforman la base sobre la que está cimentada una sociedad democrática, por ello es que también a la ciudadanía nos corresponde protegerlas.

 

(1) Disponible aquí.

(2) Disponible aquí.

(3) Disponible aquí.

(4) Disponible aquí.

(5) Disponible aquí.

(6) Disponible aquí.

(7) Disponible aquí.

(8) Disponible aquí.

(9) Disponible aquí.

(10) Disponible aquí.

(11) Disponible aquí.

(12) Disponible aquí.

(13) Disponible aquí.

(14) Disponible aquí.

(15) Disponible aquí.

(16) Disponible aquí.

(17) Disponible aquí.

(18) Disponible aquí.

(19) Disponible aquí.

(20) Levitsky y Ziblatt. (2018) ¿Cómo mueren las democracias? Editorial Planeta.

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