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Por Strategia Electoral
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Quiénes organizan las elecciones en América Latina
En América Latina hay dos modelos de autoridades electorales: el mixto, en el que hay intervención de dos o más autoridades en materia electoral, y el de autoridad única, en el que una sola institución está encargada de todos los aspectos correlativos a los procesos electivos.
Por Strategia Electoral
18 de junio, 2019
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El cambio más significativo que se ha dicho que se buscará impulsar en la próxima reforma electoral es la reducción de autoridades electorales, lo cual ha causado gran polémica. Del mismo modo que en ocasiones anteriores, decidimos explorar cómo están organizadas las instituciones encargadas de la función electoral en otros países de la región.

En esta revisión encontramos que hay dos modelos principales de autoridades electorales: el primero es el modelo mixto de autoridades, en el que hay intervención de dos o más autoridades en materia electoral, y el segundo sería el modelo de autoridad única, en el que una sola institución está encargada de todos los aspectos correlativos a los procesos electivos.

Modelo Mixto

En el modelo mixto las facultades de las autoridades que intervienen son exclusivamente administrativas o judiciales; es decir, existe una autoridad encargada de llevar a cabo todas las tareas asociadas a la organización del proceso electoral como registrar electores, integrar el padrón electoral, instalar juntas o centros de votación, imprimir las papeletas para votar, por mencionar algunas, y otra autoridad facultada para la resolución de conflictos judiciales que se den como consecuencia del proceso electoral.

Panamá, Costa Rica, México, Honduras, Argentina, Chile, Ecuador y Perú son ejemplos de países que tienen este tipo de modelo. A pesar de caer en la categoría de modelo mixto, existen diferencias entre ellos. Como los casos de Argentina y de Panamá; ambos cuentan con dos autoridades –independientes una de la otra– que intervienen en el desarrollo de los procesos electorales; sin embargo, para Argentina las funciones administrativas y judiciales se concentran en la figura de la autoridad de la Cámara Nacional Electoral (1) y aún así existe una autoridad –incorporada al Ministerio del Interior– que tiene como una de sus facultades servir de apoyo durante los procesos locales (2).

En el caso de Panamá, es un ejemplo claro de este tipo de modelo basado en la separación de autoridades y de facultades. Las funciones administrativas son exclusivas del Tribunal Electoral (3) y las funciones en materia jurisdiccional se depositan en la Fiscalía General Electoral (4). De forma muy similar, en Honduras (5), las autoridades que serían un símil o equivalente de las panameñas son: el Consejo Nacional Electoral, cuyas funciones se enfocan únicamente en los actos y procedimientos administrativos, técnicos y de logística durante los procesos electorales y, el Tribunal de Justicia Electoral, cuyas facultades se limitan a los procedimientos y actos jurisdiccionales en materia electoral.

Los casos de México y Chile presentan una distinción significativa, a pesar de pertenecer a este grupo de modelo mixto. Ambos cuentan con autoridades facultadas exclusivamente para materia electoral administrativa; en México el INE es la instancia que las lleva a cabo, mientras que en Chile es el Servicio Electoral (6); así mismo, ambos cuentan con una autoridad jurisdiccional: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para México y, el Tribunal Calificador de Elecciones, en Chile. La distinción que se da entre ambos es que para Chile es la autoridad jurisdiccional la encargada de otorgar las actas de mayoría y la declaratoria de ganador durante los procesos electorales y en México es la autoridad administrativa, salvo en el caso de la elección de la presidencia de la República.

Modelo Único

A diferencia de los casos antes mencionados, en el modelo único existe una similitud entre las autoridades electorales de los países que comparten esta forma de sistema electoral: la máxima autoridad en materia electoral es en sí misma instancia jurisdiccional; es decir, un tribunal.

En Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) (7), autoridad máxima en materia electoral, forma parte de un cuarto poder del Estado: el Órgano Electoral Plurinacional (8) –quien tiene jerarquía igual al de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial–. Entre las facultades del TSE boliviano se encuentran las de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados (9) así como atribuciones jurisdiccionales (10).

El caso boliviano es particular a los demás países que presentan este tipo de modelo, ya que, aunque si se delegan ambas funciones –tanto administrativas y como jurisdiccionales en una sola autoridad– ninguno de los países la representa como un nuevo poder integrante del Estado.

Los casos de El Salvador (11), Guatemala (12), Nicaragua (13), Uruguay (14), Colombia (15) (16), y Paraguay (17), a pesar de presentar nombres diferentes para sus autoridades, las similitudes están en las facultades que tienen. Para estos seis países la autoridad máxima en materia electoral tiene tres características en común: son las encargadas de llevar a cabo el proceso electoral (facultad administrativa); resolver conflictos judiciales que se den como consecuencia del proceso (facultad jurisdiccional) y, tienen jurisdicción nacional; es decir, son responsables de cualquier tipo de elecciones que se den dentro del territorio.

Un aspecto a destacar es la estructura del modelo mexicano la cual, como se puede apreciar, es única en la región. México es el único de los países latinoamericanos que instrumenta su sistema electoral a través de 72 instancias: 1 autoridad administrativa federal con una estructura desconcentrada a nivel nacional, 32 autoridades administrativas locales, 32 autoridades jurisdiccionales locales, y 1 instancia jurisdiccional nacional con 5 salas regionales y 1 sala especializada.

El caso que puede considerarse que tiene una similitud con el mexicano es el de Bolivia. En este país sudamericano, cuando hay comicios a nivel local, el Tribunal Supremo Electoral tiene la potestad de delegar o no la organización de los comicios a los Tribunales Electorales Departamentales (que son parte de la estructura del propio TSE) (18); es decir, los ámbitos de competencia de ambas autoridades no se encuentran en una situación de duplicidad de tareas.

Esto último nos permite reconocer que, aunque existan diferentes modelos, en cuanto a la composición del sistema electoral, el contar con uno u otro no significa que el proceso electoral será mejor o peor en un país que en otro. No obstante, nos deja ver que hay características en otros sistemas que pueden complementar o mejorar un sistema

@Eleccionesymas

 

(1) Disponible aquí.

(2) Disponible aquí.

(3) Artículo 142 de la Constitución Política de la República de Panamá.

(4) Artículo 144 de la Constitución Política de la República de Panamá.

(5) Disponible aquí.

(6) Artículo 19 de la Constitución de Chile.

(7) Artículo 206 de la Constitución de Bolivia.

(8) Artículo 205 de la Constitución de Bolivia.

(9) Artículo 208 de la Constitución de Bolivia.

(10) Artículo 26 de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional.

(11) Artículo 208 de la Constitución de la República de El Salvador.

(12) Artículo 121 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos de Guatemala.

(13) Artículos del 168 al 173 de la Constitución Política de la República de Nicaragua.

(14) Artículo 322 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay.

(15) Artículos 11 y 12 del Código Electoral de Colombia.

(16) El Consejo Nacional Electoral cumplirá las funciones que otras leyes asignaban o asignen a la Corte Electoral.

(17) Artículo 273 de la Constitución de la República del Paraguay.

(18) Artículo 24 de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia.

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