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Registro de personas sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género
Una política tan relevante como la que supone la creación de un registro nacional de personas sancionadas por VPMG, sobre todo si entre sus objetivos está el de restringir derechos, requiere robustecerse de certeza sobre sus alcances, para evitar aplicaciones manipulativas o ambiguas.
Por Strategia Electoral
22 de septiembre, 2020
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Desde abril de este año, el marco jurídico mexicano tipifica las conductas que constituyen violencia política contra las mujeres por razón de género (VPMG). Las consecuencias se pueden dar por la vía penal, electoral y/o administrativa. En lo electoral, incluso puede llegar a negarse la candidatura para quienes cometan estas conductas, pues se incluyó como requisito de elegibilidad el no haber incurrido en las mismas. Esto tiene su origen en lo resuelto por la Sala Superior del TEPJF en 2018, cuando en una sentenciai se interpretó que quienes incurrían en alguna conducta que se considere como VPMG no tienen un «modo honesto de vivir» y por tanto no cumplen los requisitos para obtener una candidatura.

Derivado de esta sentencia y a partir del nuevo marco jurídico —que establece como consecuencia de incurrir en estas conductas el impedir que se obtenga o se pierda el registro de la candidatura—, la Sala Superior ha instruido al Instituto Nacional Electoral la generación de un registro nacional de personas sancionadas por estas conductas.ii Entre las finalidades de este registro se encuentra el poder conocer quiénes cumplen los requisitos para obtener una candidatura, y quiénes no. Este registro lo alimentarán las autoridades electorales locales e incluirá a las personas sancionadas en esta materia, ya sea por la vía administrativa, electoral o penal.

En días pasados, y en contraposición a lo determinado por la Sala Superior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver las acciones de inconstitucionalidad 140/2020 y su acumulada 145/2020iii, estimó que una disposición de la ley electoral de Tamaulipas que limita la elegibilidad de las personas por haber sido condenadas por VPMG debe interpretarse de conformidad con la Constitución, en el sentido de que sólo se debe tener por perdida la elegibilidad en los casos de la comisión de un delito y frente a una sentencia condenatoria que imponga la privación de la libertad o la suspensión de los derechos políticos como pena.

De esta manera, nos encontramos frente a una situación compleja, en la que por un lado el TEPJF ha construido un criterio según el cual, cualquier sanción —ya sea administrativa, electoral o penal— por incurrir en una conducta de VPMG resulta en la imposibilidad de participar en una contienda electoral como candidato o candidata, y por el otro, parece que tanto el legislador como la SCJN se han mantenido en la lectura de que el registro sólo se pierde ante sentencia condenatoria firme por la comisión de un delito de esta naturaleza.

Una política tan relevante como la que supone la creación de un registro nacional de personas sancionadas por VPMG, sobre todo si entre sus objetivos está el de restringir derechos, requiere robustecerse de certeza sobre sus alcances, para evitar aplicaciones manipulativas o ambiguas. Al respecto vale la pena recordar que la Constitución faculta al Pleno de la SCJN para resolver las discrepancias que pudieran existir entre sus criterios y los del TEPJF. Sería interesante hacer de su conocimiento esta diferencia de criterios y ver en qué forma reaccionarán las magistradas y magistrados de la Sala Superior, en especial considerando que ya ha iniciado el Proceso Electoral Federal 2020-2021, así como varios procesos electorales locales.

@Eleccionesymas

 

 

i Ver SUP-REC-531/2018, disponible aquí.

ii Ver SUP-REC-91/2020 Y ACUMULADO, disponible aquí.

iii Ver versión taquigráfica de la sesión del Pleno de fecha 03/09/2020, disponible aquí.

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