Resolver bajo presión, el nuevo reto para la justicia electoral
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Resolver bajo presión, el nuevo reto para la justicia electoral
Las motivaciones para presentar impugnaciones se han vuelto más políticas que jurídicas y, por lo tanto, la obtención y presentación de pruebas suficientes para acreditar los hechos que se pretende demostrar queda en un segundo plano, lo que resulta en un alto índice de denuncias frívolas, poco técnicas, mal elaboradas.
Por Strategia Electoral
12 de octubre, 2022
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Como ya hemos visto, los procesos electorales no terminan el día de la jornada electoral. Es cada vez más común que pasada la votación inicie la batalla por ganar en la mesa lo que no se pudo ganar en las urnas. Y es que la manera en la que nuestro sistema electoral está construido ha propiciado, en gran medida, que esto suceda. Contamos con un amplio catálogo de medios de impugnación que permite a los actores políticos buscar que las decisiones tomadas por la mayoría sean revertidas o, por lo menos, revisadas.

Si bien el objetivo de contar con este sistema es garantizar la constitucionalidad de los actos y resoluciones de las autoridades competentes para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, la realidad es que muchas veces son utilizados a la ligera. Las motivaciones para presentar impugnaciones se han vuelto más políticas que jurídicas y, por lo tanto, la obtención y presentación de pruebas suficientes para acreditar los hechos que se pretende demostrar queda en un segundo plano, lo que resulta en un alto índice de denuncias frívolas, poco técnicas, mal elaboradas, que solo contribuyen a la saturación en la impartición de justicia y al desgaste de los órganos electorales y sus integrantes.

Si a esto le sumamos las cada vez más recurrentes presiones políticas y mediáticas que surgen, incluso, desde el púlpito presidencial, lo que obtenemos es un producto que se asemeja más a la revancha que a la justicia.

De acuerdo con datos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), durante el proceso electoral local 2021-2022 en el que en seis entidades se eligieron cargos, se presentaron al menos 442 demandas en la etapa de preparación. Entre el 8 y el 15 de junio se resolvieron 13 impugnaciones quedando 17 asuntos en instrucción (es decir, en espera de resolución) y entre agosto y septiembre se resolvieron las dos principales impugnaciones relacionadas con la elección de gobernador en los estados de Hidalgo y Tamaulipas, que fueron las más polémicas y mediáticas.

¿Qué pasó en Hidalgo?

El PAN impugnó el triunfo del candidato de la coalición “Juntos Hacemos Historia en Hidalgo”, integrada por Morena y otros, argumentando la violación a los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad en la contienda debido a la injerencia del presidente de la República -al emitir expresiones contra la candidata del PAN durante su mañanera-; y a la participación de la Jefa de Gobierno de la CDMX en eventos proselitistas para solicitar el voto por Morena.

La presión para resolver incrementó cuando el día de la fecha prevista para la sesión de resolución, diversos medios de comunicación dieron a conocer fotografías y videos en los que se podía ver al magistrado presidente del TEPJF saliendo de un restaurante acompañado de la candidata del PAN. Esta situación fue calificada por ella como una persecución en su contra “al puro estilo de una dictadura”.

Morena solicitó que el magistrado se abstuviera de participar en la votación del proyecto pero el TEPJF optó por diferir la sesión. Tres días después, con la presencia y el voto de todas las magistraturas, se confirmó la validez de la elección, luego de considerar, entre otras cosas, que si bien se acreditó la vulneración de los principios de equidad, neutralidad e imparcialidad, los hechos ocurrieron de manera aislada y no afectaron el resultado de la elección.

¿Qué pasó en Tamaulipas?

Se trató de una elección en la que la injerencia del crimen organizado y su vínculo con el candidato de Morena que resultó ganador fue denunciada por el PAN a lo largo de todo el proceso.

La tardanza en la deliberación del asunto ocasionó que los magistrados nuevamente fueran objeto de presiones provenientes tanto del presidente de la República como de Morena. En una de sus mañaneras, el presidente acusó que los magistrados eran una “mafia”, “capaces de todo” y que estaban orquestando anular la elección. Incluso mencionó que el presidente del TEPJF había sido asesor del exsenador del PAN, Roberto Gil.

Finalmente magistrados y magistradas determinaron que la gravedad de las conductas no fue suficiente para que se anulara la elección.

Al final parece que la violencia generalizada, la injerencia del crimen organizado, la intervención de servidores públicos y las presiones políticas y mediáticas fueron las situaciones que predominaron en este proceso electoral, aunque para las autoridades electorales no fueron suficientes para viciar las elecciones.

En el balance, nuevamente las malas prácticas se hicieron presentes en las elecciones de este año sumadas a la presión constante ejercida sobre juzgadores y juzgadoras. Bajo este complejo escenario nos dirigimos al 2024, por lo que si no queremos seguir este peligroso camino requerimos un verdadero compromiso democrático por parte de actores políticos, ciudadanía y autoridades electorales. El ataque a la independencia judicial debe parar.

@Eleccionesymas

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