El 10 de abril tuvimos un ejercicio histórico en México: el titular del ejecutivo federal se sometió a un proceso de revocación de mandato. Este se convirtió en el primero de este tipo en México; solamente Venezuela y Bolivia han tenido jornadas similares para la figura presidencial.

No cabe duda que la organización de la revocatoria dejó tanto grietas como precedentes respecto de los cuales es necesario analizar y reflexionar. Nuestro balance completo de este mecanismo lo encuentras aquí.

Contrario a la naturaleza de este tipo de mecanismos, la revocación de mandato fue impulsada por personas y organizaciones afines al presidente, con lo cual se cumplía una promesa de campaña. A diferencia de lo que ocurre en los países donde se prevén figuras de revocatoria, no fue la oposición ni la ciudadanía descontenta la que impulsó la consulta.

Esta fue la primera grieta de origen, pues en realidad no se veía viable la posibilidad de que el presidente terminara de forma anticipada su cargo, ya que el objetivo real era brindarle un espaldarazo popular, no revocarle su mandato. Como efecto secundario, esto generó una importante antipatía por parte de la ciudadanía, nunca pareció un ejercicio ciudadano para canalizar un descontento.

Sin duda se juntaron una gran cantidad de firmas en apoyo a este ejercicio, 11,141,953 en total. De estas, 1.3 millones a través de la aplicación móvil y las restantes en formatos físicos. Sin embargo un número importante, más de 990 mil, del total de firmas que fueron validadas, 4,442,032, tuvo algún tipo de inconsistencia. Esto levantó sospechas por la forma en la que se obtuvieron este casi millón de firmas inválidas y la posible simulación para su obtención.

Adicionalmente, nos parece que es importante atender lo expuesto por la  Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA, pues en su informe preliminar da cuenta de diferentes resquicios que quedaron tras este novedoso ejercicio:

El ataque constante a la autoridad electoral y los recortes presupuestales a los que fue sometida

La autonomía del INE no debe ponerse en entredicho de ninguna forma, pero la asfixia presupuestal impuesta a este organismo en este 2022 es una forma de hacerlo. Esa misma asfixia dio como resultado un proceso que estuvo lejos de cumplir con los requisitos de ley -algo que fue avalado tanto por la SCJN como por el TEPJF- y que encima le acarreó críticas al INE.

La MOE expresó su preocupación “por las campañas de desprestigio y ataques institucionales contra el INE”. También advirtió con preocupación que “esta es la segunda vez en dos años consecutivos que al INE no se le garantizan los recursos solicitados para la organización de un proceso electoral”, y espera que esta tendencia “no se consolide“.

La sistemática violación a la ley y a los principios que garantizan la no intromisión del gobierno en procesos electorales

Se observó una reiterada violación a la ley federal de revocación, especialmente en lo respectivo a la propaganda gubernamental y la intervención de funcionarios públicos en la promoción del ejercicio -ambos supuestos prohibidos por la ley. Es claro que autoridades de distintos niveles de gobierno cometieron infracciones relacionadas con la prohibición de difusión de propaganda gubernamental personalizada y el uso de recursos públicos, de manera reiterada y constante.

Las deficiencias y áreas de oportunidad de la ley federal de revocación de mandato no pueden usarse para justificar la violación a la ley. Esta tampoco debe usarse como justificación para atacar la labor del INE y mucho menos para amenazar la institucionalidad del organismo con una reforma electoral.

En el propio informe se señala que “independientemente de si las condiciones legales vigentes son adecuadas o no, hasta en tanto no sean modificadas deben ser respetadas sin excepción“.

Este fue apenas el segundo proceso de democracia participativa que se lleva a cabo en nuestro país a nivel federal; el único previo fue la consulta popular de 2021, con un porcentaje de participación de 7%, 10 puntos menos que en el ejercicio de este año. Esto es importante pues si queremos transitar hacia una democracia en donde la ciudadanía tenga una actividad continua e importante en la vida pública, debemos aprender de estos dos ejercicios.

Queda mucho por trabajar para mejorar tanto el modelo de comunicación política como la forma en que se realizan los mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, estas áreas de oportunidad no pueden usarse como espacios viciados para darle gusto al partido en el gobierno ni al titular del ejecutivo, sea del partido que sea. Los cambios que se implementen en materia electoral sentarán las bases del juego de cara a las elecciones presidenciales de 2024 y estas no pueden traer consigo un retroceso democrático.

La solución no solo está en cambiar, ajustar o reforzar el marco legal, sino en respetarlo. Para que haya democracia se necesitan personas dispuestas a vivir en ella, demócratas.

@Eleccionesymas