Sin cambiarle una coma: la simulación del Parlamento Abierto
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Sin cambiarle una coma: la simulación del Parlamento Abierto
Recientemente, el término “Parlamento Abierto” se ha utilizado en el discurso político como sinónimo de un gobierno abierto, democrático y transparente, sin que exista ya no digamos un esfuerzo disciplinado en la práctica, sino una verdadera intención de que cumpla su propósito y función.
Por Strategia Electoral
19 de julio, 2022
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Como se los platicamos aquí, el pasado 28 de abril el presidente envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma electoral. Desde entonces, diversos partidos políticos como el PAN y el PT han hecho lo propio.

Con el antecedente de lo ocurrido antes, durante y después de la discusión de la reforma eléctrica enviada también por el presidente al Congreso y frenada por la oposición —y ante la amenaza de los bloques opositores de mantenerse en moratoria constitucional—, con los votos de Morena, PVEM y PT, así como la abstención de PAN, PRI, PRD y MC, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) aprobó convocar a un Parlamento Abierto sobre la reforma electoral que, de acuerdo con declaraciones públicas de Ignacio Mier, líder de la bancada morenista, iniciaría el martes 12 de julio.

La fecha llegó pero el anunciado acto protocolario que tendría lugar para dar el banderazo de salida no se llevó a cabo. Un día después, el presidente de la Jucopo, Rubén Moreira Valdez, desmintió que se hubiera acordado una fecha para su realización. Diversos medios de comunicación dieron cuenta de que las declaraciones del legislador morenista habían sido solo un buscapié para hacer mediático el tema y presionar a la oposición para que se sumara al debate y que, en realidad, no había intención de realizarlo.

Al momento de la publicación de esta columna no sabemos si efectivamente se trató solo de una simulación o si en algún momento van a realizarse los foros como se acordó. Pero aquí la pregunta importante es, de llevarse a cabo, ¿servirían realmente de algo?

Recientemente, el término “Parlamento Abierto” se ha utilizado en el discurso político como sinónimo de un gobierno abierto, democrático y transparente, sin que exista ya no digamos un esfuerzo disciplinado en la práctica, sino una verdadera intención de que cumpla su propósito y función. El Parlamento Abierto surgió en México hace unos 10 años, como espacio de análisis y debate orientado a escuchar todas las voces que pudieran verse afectadas o beneficiadas por la modificación de una ley: desde ciudadanos y organizaciones civiles, hasta empresas o gobiernos federales, estatales o municipales. Se trata, originalmente, de un nuevo modelo de representación política que permite una mayor interacción entre los representantes y los representados, a diferencia de los debates en el Congreso donde solo hablan las y los legisladores, y donde las negociaciones que se dan son —muchas veces— en privado.

Sin embargo, fue hasta el 2019 que la Cámara de Diputados aprobó las reglas para inaugurar esta figura como un modelo que “pone a la ciudadanía en el centro de sus procesos y decisiones”. Desde ese momento se recibieron en San Lázaro un sinnúmero de propuestas y estudios tanto especializados como ciudadanos, convocados a debatir y proponer sobre diversas temáticas, pero las únicas victorias se han dado en temas donde no hay divergencias entre partidos, no son polémicos, o en donde incluso ya había acuerdos de antemano, siendo los asuntos relativos a derechos sociales los más comunes.

Una revisión de los parlamentos abiertos realizados en la 64 Legislatura —misma que inauguró esa modalidad—, y de las reformas legales, constitucionales o nuevas leyes que finalmente se aprobaron, arroja que, pese a que se oyeron muchas voces, la decisión original del bloque Morena, PT, PES y PVEM no fue modificada en temas sustanciales. Es decir, revisando lo propuesto originalmente y lo aprobado finalmente, sobre todo en iniciativas provenientes del presidente o su partido, encontraremos que el resultado tras los foros arroja que lo expuesto en los parlamentos abiertos no modificó las propuestas y mucho menos el producto final.

Las reformas más destacadas de los últimos años como la revocación de mandato, la nueva reforma educativa, el Presupuesto de Egresos de la Federación y, más recientemente la reforma eléctrica, han sido sujetas de un Parlamento Abierto; pero estos ejercicios solo han sido de reflexión, es decir, no son vinculantes, por lo tanto, lo que ahí se debate no define las votaciones que se darán en el pleno. En México, parece que el Parlamento Abierto es, entonces, una simulación.

Con estos antecedentes y los recientes resultados de la consulta popular y la revocación de mandato comprobamos que no contamos aún con lo que se necesita —ni cultural ni jurídicamente— para transitar a una democracia participativa. Pero más importante aún: no existe voluntad política para que esto suceda. Si bien existen ejercicios como el del presupuesto participativo en la Ciudad de México que han dado algunos buenos resultados, la realidad es que ni en nuestra sociedad existe una sólida cultura de mantenernos informados, participar en los asuntos públicos del país y exigir resultados, ni los legisladores se han encargado de facilitar y promover el acceso a la información para toda la ciudadanía, para después transformar las exigencias ciudadanas en leyes y políticas públicas en beneficio de sus representados (y no de sus intereses particulares o políticos).

Ante este escenario en el que parece que la representación política es cada vez más una simulación que un ejercicio de soberanía, cabe hacernos la pregunta: en caso de que haya Parlamento Abierto para la reforma electoral, ¿servirá de algo? ¿realmente escucharán y a partir de ahí estarán dispuestos a construir una nueva propuesta de reforma que fortalezca nuestra democracia electoral o será una simulación más y la reforma buscará pasar, para variar, sin cambiarle una coma?

@Eleccionesymas

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