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Capital Plural
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Atención prioritaria en tiempos de pandemia
Si bien todas las personas estamos expuestas a contraer el virus, existe una situación de especial vulnerabilidad entre aquellas privadas de la libertad, en centros de asistencia social, en situación de calle y migrantes o refugiadas, quienes requieren garantías para el acceso a los servicios de salud de manera eficaz.
Por COPRED
19 de marzo, 2020
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Orientar las políticas públicas hacia el reconocimiento, promoción y protección del derecho a la igualdad y a la no discriminación, así como prevenir y eliminar los actos discriminatorios, es una obligación legal en la Ciudad de México. La pandemia de COVID-19 y las medidas de prevención ante esta nos obligan a pensar en las implicaciones específicas, en este contexto, para los grupos de población que, históricamente, han sido sujetos de condiciones desiguales.

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce distintos grupos de atención prioritaria: mujeres, personas menores de 18 años, jóvenes, personas mayores, personas migrantes y refugiadas, personas con discapacidad, personas en instituciones de asistencia social, personas privadas de la libertad, personas indígenas, poblaciones callejeras, entre otras.

Tanto la Constitución de la capital como la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (LPRED) obligan a las autoridades a implementar medidas positivas que garanticen sus derechos mediante la nivelación, inclusión o acciones afirmativas. Esto pasa por reconocer, tanto por parte de las autoridades como de la sociedad, las brechas de desigualdad entre poblaciones y grupos de atención prioritaria.

De ahí que en este momento sea fundamental adoptar una perspectiva antidiscriminatoria en la implementación de medidas ante la pandemia de COVID-19. Para ello, es indispensable identificar sus impactos diferenciados en los grupos de atención prioritaria, tanto en el acceso a servicios de salud como en la aplicación de medidas de prevención.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes (hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes) desarrollan casos más graves de la enfermedad con más frecuencia que otras. Por lo tanto, autoridades sanitarias locales y federales, empleadores de los ámbitos privado y público, así como la sociedad en general, somos corresponsables de considerar su particular vulnerabilidad, darles prioridad, evitar exponerlas a multitudes y garantizar que reciban la atención y los cuidados que requieren de manera inmediata.

En tanto, las personas de la diversidad lingüística, sordas e indígenas monolingües requieren traducción e interpretación en los servicios de salud para ser atendidas de manera adecuada y sin discriminación. Y no sólo eso: el acceso a la información en general debe estar garantizado para todas las poblaciones, en especial para las que no tienen acceso a medios de comunicación o no hablan castellano.

La traducción a lenguas indígenas y a Lengua de Señas Mexicana (LSM) debe ser una práctica cotidiana, pero se vuelve imprescindible ante la emergencia por COVID-19, tal como lo determinó este martes el Tribunal Décimo Tercero de Distrito en materia administrativa de la capital, al emitir una orden provisional que obliga a las autoridades a tomar medidas para informar a toda la población de manera inmediata, en respuesta a un amparo promovido por la Coalición de Personas sordas de la Ciudad de México (CoPeSor).

Por otro lado, las personas de la diversidad de género y trabajadoras sexuales requieren ser respetadas en su identidad, expresión de género y libertad sexual al momento de recibir atención, sin que esas características se conviertan nunca en un obstáculo. Aquellas que viven con enfermedades crónicas y discapacidad deben poder acceder a las medidas de prevención ante el contagio, sin ponerles en riesgo y sin que ello signifique la pérdida de sus terapias y tratamientos.

Si bien todas las personas estamos expuestas a contraer el virus, existe una situación de especial vulnerabilidad entre aquellas privadas de la libertad, en centros de asistencia social, en situación de calle y migrantes o refugiadas, quienes requieren garantías para el acceso a los servicios de salud de manera eficaz. Por ello, es de destacarse el esfuerzo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, que este miércoles anunció una serie de medidas específicas para las poblaciones en centros de reclusión de la Ciudad.

Otra perspectiva fundamental al aplicar las medidas de prevención anunciadas es la de género: es necesario que las personas empleadoras permitan que trabajadoras mujeres y hombres que estén a cargo del cuidado de hijos, hijas, personas con discapacidad o personas adultas que así lo requieran, puedan llevar a cabo estas tareas con la facilidad del teletrabajo o la reprogramación de horarios.

Además, el confinamiento en los hogares también tiene un impacto en el aumento de los índices de violencia doméstica (en China hay datos que muestran un incremento del 90%). Por ello, hay que redoblar esfuerzos para informar alternativas, números de contacto y de seguridad ciudadana para proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Son en este momento especialmente pertinentes campañas como la del Consejo Ciudadano, que incluso proporciona información para casos en los que los vecinos pueden apoyar a una mujer víctima de violencias en su domicilio.

Bajo esa misma perspectiva, también tendrían que reforzarse los programas de atención a distancia para personas con depresión y en riesgo de suicidio, así como el tratamiento de adicciones. La salud mental de las personas es un tema prioritario ante una situación de emergencia.

En cuanto a la población económicamente activa que labora en el sector informal, que asciende a más del 55% y dentro de la que hay una sobrerrepresentación de mujeres, es indispensable adoptar medidas públicas y privadas para que los impactos en las economías de cada familia no sean graves. La falta de ingresos y la necesidad de cuidados son fundamentales en este grupo poblacional.

Entre las mujeres que laboran en el sector informal se encuentran también las trabajadoras del hogar, cuidadoras y enfermeras cuyo espacio laboral son los hogares. Las decisiones sobre su permanencia en los hogares deben ser tomadas junto con ellas, con respeto a sus derechos laborales y sin dejarles sin ingresos en ningún caso por no poder trasladarse a sus trabajos.

No podemos olvidar a las personas en situación de pobreza, quienes, según datos de 2019 del EVALUA, llegan al 50% en la Ciudad. Reconsideremos el acaparamiento de productos, pues impide que ellas puedan acceder a estos de acuerdo con el ritmo de sus ingresos.

En suma, generemos conciencia sobre nuestros privilegios ante las medidas implementadas para resguardar la salud pública. Y conservemos espacios de reflexión en torno a la necesidad de medidas positivas que garanticen el derecho a la salud y a la vida de las personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria y sus intersecciones.

@COPRED_CDMX

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