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Por COPRED
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COVID-19 y discriminación laboral
En 2020, las cuatro principales causas de discriminación laboral correspondieron a condición de salud (por primera vez en varios años) con un 20%, despido por embarazo (14.54%), género (14.54%) y discapacidad (8.18%). Si a estas cifras sumamos la posibilidad de contrataciones según las características de salud, no nos espera un futuro laboral satisfactorio.
Por Paola Ortiz Chávez
6 de mayo, 2021
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Hasta hoy, al escribir estas líneas, se escucha y lee en diversos medios de comunicación que estamos más cerca que nunca de una vuelta a la “normalidad”, pero el panorama económico al que nos enfrentamos luce bastante gris y ha traído, indiscutiblemente, un aumento del desempleo que hará complicado retornar a nuestra cotidianeidad en el corto o mediano plazo. Sin dejar del lado, por supuesto, el aumento de la discriminación laboral hacia determinados grupos según sus diferentes características.

Las investigaciones científicas sobre la enfermedad y sus consecuencias están lejos de dar certeza sobre los efectos a largo plazo para quienes han superado el virus y los tiempos de inmunidad ante otros posibles contagios. Mucho se ha especulado sobre la efectividad de las vacunas contra esta enfermedad, y las posibilidades de contagio después de recibirlas.

Este desconocimiento ha traído algunas ideas, no necesariamente precisas, entre quienes han sido vacunados o están próximos a vacunarse para poder viajar, convivir, acceder a lugares como gimnasios, museos, cines, o cualquier otro recinto, como si fuese una especie de tarjeta en mano o pasaporte de inmunidad, afirmación insostenible desde el punto de vista sanitario.

Más adelante no será sorpresa encontrarse con ofertas laborales en donde se exija o se priorice a las personas candidatas que han superado la enfermedad o que están vacunadas, supuestamente inmunes, que tengan anticuerpos o se hayan realizado la prueba PCR. O, en el sentido contrario, algunas personas podrían intentar beneficiarse de haber superado la enfermedad por COVID-19 o haberse vacunado, y plasmarlo así en sus CV durante procesos de selección laborales, lo cual generaría situaciones discriminatorias, ya sea hacia esas personas o hacia quienes no han pasado por la enfermedad, aunado a las posibles peticiones para demostrar haber sido o no contagiado por la enfermedad.

Esto contradice el derecho a la intimidad, a la protección de la salud, a la no discriminación y al trabajo.

Si bien los empleadores han practicado exámenes médicos a las personas trabajadoras como medidas necesarias para la protección de su vida y salud, y como parte de los protocolos de prevención del riesgo de contagio, es importante precisar que el resultado de la prueba no debe constituir, en ningún momento, motivo alguno para afectar negativamente la relación laboral ni condicionar el acceso al empleo (Guía para no discriminar en el empleo).

Durante el año 2020, mil 215 personas presentaron denuncia por actos de discriminación, y en 100 casos se encontraron elementos para iniciar expedientes de queja o reclamación. Las cuatro principales causas de discriminación correspondieron a condición de salud (por primera vez en varios años), con un 20%, despido por embarazo (14.54%), género (14.54%) y discapacidad (8.18%).

También hubo 158 denuncias relacionadas con la pandemia, de las cuales entre los principales motivos estuvieron el hostigamiento laboral y despido. Si a estas cifras se agrega la posibilidad de contrataciones según las características de salud, no nos espera un futuro laboral satisfactorio.

La discriminación laboral siempre ha sido un tema importante que prevenir, y todo empleador éticamente responsable debe atender a los valores y las reglas que garantizan un equilibrio de seguridad social y laboral, pero en el contexto de la pandemia es aún más importante, debido a sus efectos económicos y sociales.

A unos días de la conmemoración del Día del Trabajo, es preciso señalar que esta emergencia sanitaria nos obliga a enfocarnos y velar por este derecho humano fundamental.

La legislación, políticas públicas y sistemas de gestión, así como las propias políticas y medidas en los espacios de trabajo, deben contemplar estos escenarios, dirigir acciones a prevenir y solucionar estos problemas, y promover procesos de contratación no discriminatorios y respeto a los derechos laborales de las personas independientemente de su condición de salud u otras. Así mismo, resulta indispensable generar un cambio cultural en las áreas de recursos humanos priorizando el valor primordial del derecho al trabajo, para garantizar que no se recrudezca la discriminación en el ámbito laboral con motivo de covid-19. Solo de esta manera tendremos un futuro más prometedor con oportunidades para todas las personas.

* Paola Ortiz Chávez es subdirectora de Apoyo Jurídico en el @COPRED_CDMX.

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