La pandemia sigue poniendo de manifiesto las desigualdades que ya existían desde antes y se han acentuado por efectos de la pandemia por covid-19. Los diversos grupos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, personas mayores, migrantes, población LGBTI+, poblaciones callejeras, trabajadoras del hogar, trabajadoras sexuales, personas indígenas, entre otras, han enfrentado impactos diferenciados que obstaculizan aún más el pleno acceso o goce de varios derechos, entre ellos a la salud.

Desde el principio de interdependencia, que explica la correlación entre los derechos humanos, puede decirse que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás.

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados miembro –entre ellos México– reconocen “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. Esta referencia no se limita al derecho a la atención de la salud, sino que reconoce que dentro del contenido esencial del derecho se abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones pertinentes para que las personas puedan llevar una vida sana, lo cual extiende el derecho a los factores determinantes básicos para su acceso y disfrute: la alimentación, nutrición, vivienda, acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano.

También es preciso entenderlo como un derecho al disfrute de bienes, servicios y condiciones necesarias para poder decir que realmente se está ejerciendo de manera plena.

Lo anterior ha sido un objetivo aún en camino de cumplirse, lo que se ha agudizado más con la llegada de la actual contingencia sanitaria, debido a la falta de acceso a seguridad social, el hecho de que no todas las personas pueden quedarse en casa durante las distintas etapas del semáforo rojo, el hecho de que los hogares tampoco fueran seguros para todas las personas, la poca accesibilidad al agua en ciertos contextos y zonas, así como las dificultades de acceso para muchas personas al sanitizante, cubrebocas, jabón y alimentación.

Por ello, la conmemoración del Día Mundial de la Salud la semana pasada es una ocasión ideal para subrayar y reiterar las siguientes necesidades:

• Existen muchos prejuicios y estigmas alrededor de varios grupos prioritarios que limitan u obstaculizan una atención integral en los distintos servicios de salud.
• Hay personas como las trabajadoras sexuales, población callejera, en situación de movilidad humana y personas trans que no cuentan con documentación identitaria, lo cual restringe su acceso a servicios de salud al no poder registrarse al INSABI.
• Quienes ya tenían una enfermedad o condición de salud previa y necesitan acceder a servicios de salud y tratamientos, lo han encontrado difícil por la prioridad que se le ha tenido a pacientes con COVID-19.
• Sigue habiendo un gran desabasto de bienes básicos como la vivienda y alimentación, impactada también por la falta de empleo, despidos motivados por la pandemia y el aumento de empleo informal.
• La emergencia sanitaria ha aumentado el número de personas que han tenido que salir a vivir en las calles, entre ellas, las personas mayores y jóvenes de la población LGBTI.
• Es necesario reforzar la promoción y atención de la salud sexual.
• Es indispensable tener apoyo y contención emocional durante el confinamiento. El incremento de estrés, ansiedad y depresión se ha presentado y ha puesto en reflexión la gran invisibilización y desvaloración que se tiene a la salud mental.
• Desabasto de medicamentos y tratamientos, así como la suspensión de la atención psicológica/psiquiátrica. Para quienes la atención ha transitado a medios electrónicos, sigue la obstaculización de poder realizar sus consultas debido a la falta de equipos de computo o una red de internet.
• Se ha presentado una mayor estigmatización y rechazo a las personas que se sitúan en los grupos de alto riesgo de contagio, y que además también están dentro de algún grupo de atención prioritaria (como las personas mayores migrantes, mayores trabajadoras sexuales y mayores pertenecientes a población callejera, por situarlas como un foco de infección). Lo anterior deriva en negativas para el acceso a cuidados y a la atención médica.
• Debido al confinamiento y a que la salud mental se ha puesto en segundo plano, las adicciones a ciertas sustancias se han agravado.
• El impacto específico que se ha dado en las mujeres trabajadoras, y sobre todo en las mujeres madres trabajadoras, ha repercutido también en su derecho a una salud integral por temas de la falta de conciliación laboral y corresponsabilidad en los hogares y cuidados.
• Las personas trabajadoras del hogar han sido despedidas o suspendidas sus labores sin goce de sueldo. Esto también ha impactado su inscripción al seguro social y a las condiciones de seguridad, en los casos en los que se les solicitó seguir acudiendo durante las etapas de semáforo rojo.

Por todo ello es indispensable visibilizar las necesidades diferenciadas, sobre todo de grupos de atención prioritaria, a partir de la escucha y consulta previa, para después ubicar competencias e incentivar la articulación de los diferentes sectores de gobiernos y sociedades, y así abonar a la protección del acceso y disfrute de todos los derechos de todas las personas, sin discriminación y de manera igualitaria.

* Adriana Aguilera es secretaria técnica del @COPRED_CDMX.