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Elecciones sin discriminación: por una verdadera representatividad
Lo importante es que las candidaturas se traduzcan en un trabajo legítimo e integral por la inclusión y el ejercicio de los derechos de todas las personas.
Por COPRED
27 de mayo, 2021
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Ante las próximas elecciones para renovar cargos públicos en México, son notorias las medidas positivas para alcanzar condiciones de inclusión entre los distintos grupos poblacionales.

Lo importante, sin embargo, no es solo incluir en el papel candidaturas que aparentemente representan a todos los grupos de la sociedad, sino que éstas se traduzcan en un trabajo legítimo e integral por la inclusión y el ejercicio de los derechos de todas las personas.

La representación de los grupos de atención prioritaria tendría que contribuir en los hechos al acceso efectivo e igualitario a todos los derechos y prerrogativas ciudadanas, no sólo el de votar y ser votadas, que de por sí es un derecho y no un privilegio.

Tales determinaciones dan cumplimiento al principio de igualdad y no discriminación, y abonan al desarrollo de una democracia participativa e incluyente en donde también los grupos de atención prioritaria gocen del reconocimiento y representación necesarios para garantizar su inclusión y el ejercicio efectivo de sus derechos.

Durante el actual proceso electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó acciones positivas para la inclusión de personas con discapacidad, así como que se garantizara el derecho a la participación de mujeres y personas indígenas, históricamente en condición de desventaja, para las elecciones federales enfocadas en el Poder Legislativo.

Como respuesta a otro criterio del Tribunal, el INE determinó establecer un “piso mínimo” que permita expandir los derechos de otros grupos de atención prioritaria, e incluyó a personas afrodescendientes y personas trans en las medidas positivas para la participación política.

Además, debían incluirse candidaturas migrantes para diputaciones federales de representación proporcional, con el fin de incentivar una representación de este sector en el Congreso.

En el caso de las personas afromexicanas, el INE determinó que al menos 3 de las 300 fórmulas que contienden en los distritos electorales serían para afrodescendientes, así como una fórmula por el principio de representación proporcional, la cual podría postularse en los primeros 10 lugares de la lista.

De esa forma, en este proceso electoral el INE cuenta con estadísticas de candidaturas indígenas, candidaturas de discapacidad, candidaturas afromexicanas y candidaturas de la diversidad sexual.

Es un avance contemplar a estos grupos poblacionales con la intención de tener una representatividad más apegada a la realidad. Las cifras, sin embargo, no necesariamente reflejan lo que ocurre en los hechos.

En algunos casos, por ejemplo, se incumplió el requerimiento del número de candidaturas para personas afromexicanas, y sólo después de un nuevo llamado y una ampliación del plazo, hubo una respuesta a la determinación del INE.

Además, uno de los problemas consignados por diversos medios de comunicación es que las candidaturas designadas a personas afromexicanas con frecuencia pertenecían a demarcaciones donde no tenían posibilidades de triunfo.

En el caso de las candidaturas migrantes, organizaciones mexicanas que trabajan en el extranjero advirtieron sobre lo engañosa que podría ser la medida en algunos casos, por el alto riesgo de que se registraran falsos perfiles.

A principios de abril, en una revisión preliminar, el INE detectó que los partidos políticos inscribieron en 132 candidaturas designadas para personas indígenas a personas que no pudieron comprobar esa identidad. Diversas comunidades de Chiapas y Guerrero han entrado en conflicto por estas razones.

Comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero demandaron incluso que los requisitos para determinar si una persona es indígena no se ciñan a la autoadscripción, y establecieron otros requisitos como hablar la lengua de esa nación y contar con un aval de esa comunidad.

De ahí que valga la pena recordar los elementos, aún cuestionados, que se han utilizado para definir lo indígena, que van de la autoadscripción y el autorreconocimiento, a la condición lingüística y las prácticas culturales. El factor lingüístico resulta insuficiente, pues hay un sector de indígenas que ha abandonado la comunicación en su lengua materna, pero la sola autoadscripción, en el asunto electoral, puede tener diversos matices.

La garantía del ejercicio público de la representación popular mediante la participación de todas las personas, y mediante candidaturas, es un requisito fundamental para hablar de una democracia incluyente. Esto independientemente de su género, orientación sexual, pertenencia étnico-racial, identidad de género, discapacidad, entre otras.

Desde el inicio del proceso electoral el llamado de diversos actores sociales hacia los partidos políticos fue a que en la determinación de sus candidaturas y listas de participación tuvieran una perspectiva de género e interseccional, y antepusieran los principios de una democracia incluyente.

En algunos casos, sin embargo, se ha actuado al margen de la normatividad o, en el mejor de los casos, se cumple con el requisito legal sin una legítima intención de postular a candidatos que contribuyan a que la distribución de los cargos populares realmente refleje las características de una sociedad diversa e incluyente.

El camino hacia una verdadera representatividad política aún es largo. La no discriminación, un paso fundamental.

@COPRED_CDMX

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