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#JusticiaParaNatalia
Hacemos un llamado enérgico a acabar con los discursos transodiantes que no reconocen como mujeres a las mujeres trans y que aseguran que ellas no tienen cabida en los feminismos, así como con los discursos abolicionistas que no reconocen la autonomía de las personas –particularmente de las mujeres– que se dedican al trabajo sexual, confunden el ejercicio de la libertad con la trata de personas y buscan prohibir un modo de subsistencia tan legítimo como muchos otros  dentro de sociedades desiguales.
Por Geraldina González de la Vega
20 de enero, 2022
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Desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) hemos condenado de la manera más enérgica la agresión sufrida por nuestra asambleísta, compañera y amiga, Natalia Lane, el pasado domingo 16 de enero. Hemos insistido en que debe investigarse como transfeminicidio en grado de tentativa debido a que, si bien el tipo penal como tal no existe, sí existe la obligación de que los feminicidios cometidos en contra de mujeres trans sean investigados con perspectiva de género y por medio de un enfoque diferenciado y contextual que permita tomar en consideración la especial situación de vulnerabilidad que viven. La obligación de adoptar esta perspectiva proviene de la recomendación 2/2019 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), derivada del transfeminicidio de Paola Buenrrostro y las afectaciones a Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes, así como de la sentencia del caso relacionado con la muerte de Vicky Hernández, mujer trans y defensora de derechos humanos, vs. Honduras, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH).

Además, hemos insistido en que la ocupación de Natalia sea también tomada en consideración para el seguimiento de la investigación, ya que las trabajadoras sexuales viven violencia y discriminación alimentada por prejuicios y estigmas que perviven en nuestra sociedad. Tal ha sido el caso de los transfeminicidios de Diana Sacayán, en Argentina, y de la propia Vicky Hernández.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) ha comunicado que así será la perspectiva de la investigación. La fiscal de feminicidios, Sayuri Herrera, una mujer comprometida con la erradicación de este tipo de violencias, tiene una célula dentro de la fiscalía que trabaja esta línea de investigación; hemos colaborado con ellas y continuaremos haciéndolo en todo momento.

Del mismo modo, hemos hecho notar que el caso de nuestra compañera es una muestra de las violencias que día a día viven mujeres trans que se dedican al trabajo sexual y que, a diferencia de Natalia, no han logrado visibilizar sus denuncias o no han sobrevivido para hacerlo. En este sentido, destacamos los siguientes puntos sobre los que debe avanzar la agenda pública:

  • Es prioritario el avance en el protocolo de investigación para casos de transfeminicidio en los términos establecidos por la CDHCM en 2019 para el caso de Paola Buenrostro, trabajadora sexual víctima de transfeminicidio por la falta de debida diligencia y de perspectiva de género en la investigación del delito. En su recomendación la CDHCM establece, entre las medidas de no repetición, que la FGJ deberá trabajar un documento que permita al personal ministerial realizar, con apego a los estándares de derechos humanos y de perspectiva de género, las investigaciones de muertes violentas de mujeres trans tomando en consideración sus entornos, el contexto tanto de la víctima directa como de las indirectas, todo ello a través de un enfoque diferenciado que contemple las condiciones de extrema vulnerabilidad en que viven la mayoría, sobre todo quienes se dedican al trabajo sexual.
  • Es fundamental avanzar en el reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo. En 2019 e inicios de 2020, colectivas de trabajadoras sexuales trabajaron y entregaron observaciones al Congreso de la Ciudad de México para ser tomadas en cuenta en el cumplimiento de la obligación constitucional de reglamentar el trabajo no asalariado en espacio público. Sin embargo, no hay avance al respecto, y si bien el trabajo sexual en la Ciudad de México ya no es sancionado por la Ley de Cultura Cívica, no tiene un reconocimiento legal que posibilite, por un lado, la eliminación de prejuicios y estereotipos en el acceso a derechos; y por otro, la protección y derechos que gozan otros trabajos así reconocidos.
  • También desde el COPRED se ha hecho un atento llamado a los medios de comunicación y a la comunidad en general a no revictimizar a Natalia ni a ninguna otra víctima de crímenes de odio al compartir videos y fotografías que reproducen los impactos que los hechos violentos tuvieron en ella. Si bien Natalia compartió un video en donde muestra y narra la violencia vivida, esto no implica que medios y personas en redes sociales deban reproducir estas imágenes para informar sobre ello, pues reproducen visualmente la violencia cada vez que se comparten, cada vez que se muestran. Natalia y sus seres queridos y cercanos reviven la violencia vivida el domingo cada vez que esas imágenes se reproducen. Ella denunció mediante un video, pero así como las denuncias de hechos victimizantes presentadas ante la autoridad no se comparten por respeto a la confidencialidad y privacidad de las víctimas, tampoco deben reproducirse las denuncias hechas por estas vías. No agregan datos relevantes a la información que pretende compartirse o hacerse pública, ya que basta con mencionar que Natalia fue agredida con un cuchillo y lastimada en cara, cuello y mano. Esto es un estándar para las redes y, por supuesto, para los medios no solo en el caso de Natalia, sino para todos. La llamada “Ley Ingrid” sanciona precisamente la difusión de imágenes, videos, documentos o información de víctimas porque a veces los likes o la nota roja pueden más que la razón.
  • Por último, hacemos énfasis en la corresponsabilidad social sobre las violencias que viven las personas de la diversidad sexual y de género, en específico las mujeres trans y quienes se dedican al trabajo sexual. Un sistema democrático no se refiere solo a la regla de la mayoría, sino que se funda en los derechos humanos, universales en su acceso y reconocimiento. Así, las democracias descansan sobre valores como la dignidad, la igualdad y la libertad. Cuando en uso de la libertad de expresión se violentan estos principios democráticos, una sociedad que se asume democrática no puede tolerarlos, pues implica destruir las bases mismas sobre las que descansa esta democracia.

Si algo nos ha demostrado la historia es que las democracias son tales gracias al respeto de sus principios y valores. Los discursos de odio no tienen cabida en una sociedad democrática y no se encuentran amparados por el orden constitucional. Al contrario, los discursos de odio abonan a la discriminación y la violencia. La discriminación es la puesta en acción de los prejuicios; los crímenes de odio son la más violenta manifestación de la discriminación, y los prejuicios se alimentan de estos discursos de odio. La discriminación se mueve en un continuo que va desde los prejuicios que tenemos, aunque no los pongamos en acción, hasta las formas más graves de violencia como los homi-trans-feminicidios o los genocidios. De tal forma que como sociedad debemos ser intolerantes con estos discursos, pues validan y contribuyen a los crímenes de odio y a la discriminación.

Los sucesos de los últimos días son prueba de que, si bien las autoridades –y en particular los consejos contra la discriminación como el COPRED– tenemos tareas pendientes, como sociedad debemos cuestionarnos cuál es nuestro papel en la erradicación de discursos que abonan al maltrato de poblaciones en situación de vulnerabilidad. El cambio cultural solo se logrará cuando como sociedad nos corresponsabilicemos de la discriminación que grupos de personas históricamente excluidas viven día con día en el ejercicio de su trabajo, al verificar su auto, en un parque de diversiones, al ganar un premio de actuación o al darse una muestra de afecto mientras se disfruta un helado.

Hacemos un llamado enérgico a acabar con los discursos transodiantes que no reconocen como mujeres a las mujeres trans y que aseguran que ellas no tienen cabida en los feminismos, así como con los discursos abolicionistas que no reconocen la autonomía de las personas –particularmente de las mujeres– que se dedican al trabajo sexual, confunden el ejercicio de la libertad con la trata de personas y buscan prohibir un modo de subsistencia tan legítimo como muchos otros  dentro de sociedades desiguales.

Desde el COPRED reprobamos la justificación de los discursos de odio y de la discriminación mediante la libertad de expresión o con el argumento de que existe una supuesta verdad con mayúsculas. En una democracia, en una Ciudad de Derechos, todas las personas tenemos cabida, todas merecemos respeto, reconocimiento y dignidad. No es cuestión de tolerancia. Es cuestión de tomarnos en serio los valores de una ciudad democrática y de derechos. Nadie debe pasar por lo que Natalia Lane pasó el domingo; Natalia no debió pasar por eso. Toca cuestionarnos ¿qué clase de sociedad queremos ser?

* Geraldina González de la Vega (@Geraldina_GV) es presidenta del @COPRED_CDMX.

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