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La medición de las personas con discapacidad en México
El conteo de las personas con discapacidad es un asunto no resuelto en México, pues se ha hecho con diferentes metodologías y no siempre incluyéndolos.
Por Pablo Álvarez Icaza Longoria
18 de febrero, 2021
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Uno de los temas más controvertidos es la medición del número de personas con discapacidad, por las diferencias conceptuales y metodológicas que han surgido a lo largo del tiempo. El asunto había generado fuerte controversia en un pasado reciente, al punto que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tomó la decisión de no considerar a este grupo históricamente discriminado en la Encuesta Intercensal (EIC) del 2015, ante los cuestionamientos que se hicieron a las cifras divulgadas en el Censo de Población y Vivienda (CPV) de 2010.

El INEGI dio respuesta a las críticas al señalar que esas cifras las captaría con otros instrumentos como la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014 y la Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2014, en las que incluiría la metodología propuesta por el Grupo de Washington sobre estadísticas de discapacidad (WG por sus siglas en inglés). El organismo publicó en 2014 el documento La discapacidad en México, datos al 2014, actualizándolo con la versión 2017.(1)

Cabe recordar que, en octubre del 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD, por sus siglas en inglés)(2) había hecho una recomendación muy específica sobre las estadísticas mexicanas:

  1. El Comité recomienda al estado que asegure la participación efectiva de las organizaciones de personas con discapacidad en el Comité Técnico Especializado en Información sobre Discapacidad. El Comité insta al Estado parte a sistematizar con urgencia la recopilación, el análisis y la difusión de datos estadísticos sobre las personas con discapacidad, desglosados por zonas urbanas y rurales, estados y comunidades indígenas, tomando en consideración la situación de todos los grupos marginados y las recomendaciones hechas por el Comité en los párrafos 14 y 34 y las preocupaciones expuestas en los párrafos 43 y 47, supra.

Los trabajos de la EIC 2015 en ese entonces estaban muy avanzados y ya no era posible incorporar las observaciones anteriores.  En 2019, el INEGI dio a conocer la ENADID 2018(3). De hecho, a finales de ese año en su comunicado “Estadísticas a propósito del Día Internacional de las personas con discapacidad (3 de diciembre)” (Núm. 638/19) aprovechó la oportunidad para plantear el marco conceptual y presentar los principales resultados de la ENADID 2018. En el boletín se precisaba que el WP(4) recomienda que en el contexto del censo de población o encuestas en hogares se obtengan datos de la población de 5 años o más edad, debido a la dificultad derivada de los procesos de desarrollo en los primeros años de vida.

La ENADID 2018 encontró que el 6.7% de las personas de 5 años y más que habitaban en el país(5) vivía con una discapacidad, es decir, con dificultad o imposibilidad para hacer alguna de las actividades como caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer y hablar o comunicarse. Los estados con mayor prevalencia de población con discapacidad eran Zacatecas (10.4%), Tabasco (9.8%) y Guerrero (9.4 por ciento), y con más bajas Chiapas (4.7%), Nuevo León y Quintana Roo (4.6% cada uno).

El INEGI se había negado a incorporar las cifras de personas con discapacidad, alegando no solo que serían captadas con otras encuestas, principalmente la ENADID, sino que se recurriría a registros administrativos para captar la información. Sobre el primer punto, es claro que la cobertura de dichas encuestas no podría llegar al nivel municipal, ni tampoco nos podría desglosar las estadísticas por zonas urbanas o rurales. Respecto al segundo, en la medida en que el país está muy lejos de alcanzar un sistema universal de salud, los registros administrativos resultan ampliamente insuficientes para abarcar la información sobre el conjunto de las personas con discapacidad.

Lo anterior llevo a incorporar en el cuestionario básico (38 preguntas) del Censo de Población y Vivienda 2020 (CPV) preguntas para calcular a la población con discapacidad, con limitación en la actividad cotidiana o con algún problema o condición mental. Es importante hacer hincapié en que estas cifras no son comparables con las del CPV 2010, ni con las de la ENADID 2018 porque el marco conceptual es diferente. En ese sentido, el INEGI considera como temática nueva el grado de limitación o discapacidad al presentar los principales resultados el pasado 25 de enero.

Se informa que, en 2020, en el país hay 20 millones 838 mil 108 personas con alguna limitación, discapacidad o problema o condición mental, mismas que representan 16.5% de la población total. De estas, 13 millones 934 mil 448 (11.1%) son personas con alguna limitación, 6 millones 179 mil 890 (4.9%) son personas con discapacidad y 1 millón 590 mil 583 (1.3%) tiene algún problema o condición mental.

Cuando el INEGI distribuye a las personas con discapacidad (4.9%) -véase las tablas del Panorama Sociodemográfico de México del Censo-, se observa que hay una relación creciente con los grupos de edad: 0 a 17 años (2.0%), 8 a 29 años (1.9%), 30 a 59 años (3.9%) y 60 años y más (20.4%).

Por estados, los datos son muy contrastantes. En Oaxaca, 6.6% son personas con discapacidad y por grupos de edad: 0 a 17 años (2.3%), 8 a 29 años (2.5%), 30 a 59 años (5.3%) y 60 años y más (26.7%). Es seguido por Guerrero con 6.0% y por grupos de edad: 0 a 17 años (2.2%), 8 a 29 años (2.2%), 30 a 59 años (5.0%) y 60 años y más (25.3%). Para Tabasco, el 6.0% y por grupos de edad: 0 a 17 años (2.5%), 8 a 29 años (2.2%), 30 a 59 años (5.2%) y 60 años y más (26.4%).

En el extremo opuesto, Quintana Roo, con 3.6% son personas con discapacidad y por grupos de edad: 0 a 17 años (2.2%), 8 a 29 años (1.7%), 30 a 59 años (3.1%) y 60 años y más (18.8%). En Nuevo León el porcentaje es 3.8% y por grupos de edad: 0 a 17 años (1.9%), 8 a 29 años (1.5%), 30 a 59 años (2.8%) y 60 años y más (16.3%).

Estos datos nos hacen pensar que no solo la estructura poblacional por edades influye en la condición de discapacidad, sino también los niveles de pobreza de las entidades federativas.

En contrapartida, hace unos días el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer el Informe de Evaluación de la Política del Desarrollo Social 2020 (IEPDS 2020), donde incluyó un análisis de las condiciones socioeconómicas de seis grupos históricamente discriminados, entre ellos las personas con discapacidad.(6) Para ello consideró tres dimensiones: pobreza, salud y trabajo.

En 2018, el 48.6% de las personas con discapacidad se encontraba en situación de pobreza, 38.8% en pobreza moderada y 9.8% en pobreza extrema. Si se hace el comparativo de las carencias sociales de las personas con discapacidad y sin discapacidad, en todas, menos la de acceso a la seguridad social, el porcentaje es menor (58.6% vs. 41.6%). Coneval destaca que las principales carencias sociales en la población con discapacidad son rezago educativo (46.9%), acceso a la seguridad social (41.2%) y acceso a la alimentación (27.8%).

También llamó la atención que 25.5% de las personas con discapacidad padecía diabetes en 2018; 8.7% de la población sin discapacidad tenía esta enfermedad. Situación similar ocurría con la hipertensión (42.2% vs. 15.5%) y las enfermedades cardiovasculares (8.6% vs. 2.3%). En el terreno de la salud preocupa que, en 2018, el 17.1% realizó gasto de bolsillo y que 8.4% tardara más de 2 horas en llegar a un hospital en casos de emergencia.

En el ámbito del trabajo, las brechas entre personas con y sin discapacidad también son alarmantes: 38.6% de aquellos que presentaban alguna discapacidad se encontraban ocupados, mientras que la proporción entre quienes no tienen discapacidad fue de 66.2% por ciento. La situación de dependencia es mayor, si consideramos que 31.8% de las personas sin discapacidad forman parte de la población no económicamente activa; en contraste, para las personas con discapacidad el porcentaje se eleva a 60.3%.

Regresando al CVP 2020, es oportuno comentar que todavía faltan los resultados del cuestionario ampliado, donde se utiliza una encuesta con preguntas a profundidad y en el que también se incluyó a las personas con discapacidad. También está pendiente la presentación por áreas temáticas; sin embargo, hago aquí algunos comentarios finales:

  • Considero acertado que se haya incluido a las personas con discapacidad y que se haya ampliado el universo en el cuestionario básico porque eso permitirá tener marcos muestrales robustos.
  • La ENADID tiene el propósito de explicar la dinámica demográfica, la migración interna e internacional y temas de movilidad, por lo que no era el mejor instrumento para captar la información de las personas con discapacidad y en este sentido nos congratulamos de que su temática haya sido una de las novedades del CPV 2020.
  • El CRDP tendría que valorar si con la información presentada, se han cumplido las recomendaciones. Creo que el informe de observaciones del 2014 fue positivo al respecto.
  • Al presentarse la información, debe aclararse si es para población total o de 5 años o más, porque en el primer caso los porcentajes son menores.
  • Las cifras entre la ENADID y el CPV 2020 son diferentes, por el uso de diferentes metodologías. Queda la interrogante de si el INEGI podría reconstruir series históricas comparables también con el CPV 2010.
  • La seguridad social es una de las necesidades más urgentes de las personas con discapacidad. En ese sentido, la pérdida de empleo por la pandemia por -19 las coloca en una situación más desventajosa, porque como bien señala Coneval, “no sólo significará la disminución de los ingresos en los hogares de las personas con discapacidad, sino también la imposibilidad de hacer uso de las prestaciones laborales a las que se tiene acceso mediante éste, como la seguridad social”.
  • El derecho a la salud para las personas con discapacidad, y en general para todos los grupos prioritarios o en situación de discriminación, no se podrá lograr mientras el sistema de salud no tenga un carácter universal.
  • Es indispensable garantizar el derecho a la autonomía de las personas con discapacidad, mediante el acceso al trabajo.

Finalmente, no quiero dejar de comentar que hubo resistencia para incorporar la temática de personas con discapacidad en el CPV 2020, con base en razones presupuestales y el argumento de que la información ya estaba disponible en otras fuentes. Las consultas públicas que se llevaron a cabo previamente contribuyeron a que el INEGI considerara indispensable para el diseño de políticas publicas contar con información de calidad y confiable al respecto.

* Pablo Álvarez Icaza Longoria es Maestro en Economía. Coordinador de Políticas Públicas y Legislativas del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).

 

(1)                https://www.inegi.org.mx/contenido/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825094409.pdf

(2)                https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/G1419180.pdf

(3)                https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/

(4)                Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses Revisión 3 de Naciones Unidas (ONU, 2017).

(5)                La aclaración es pertinente, porque en los tabulados predefinidos que proporciona Inegi se considera a toda la población, por ende, el porcentaje a nivel nacional es de 6.3%.

(6)                El IEPDS 2020 nos recuerda que en ENADIS 2017, se encontró que el 25.1 por ciento de las personas con discapacidad declararon haber sido discriminadas en al menos un ámbito social,54 siendo los servicios médicos, la calle o transporte público y la familia los espacios donde perciben mayor discriminación.

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