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Las instituciones de educación superior y el uso de justicia restaurativa, ¿prohibición o necesidad?
A la luz de la Ley General de Educación Superior, se deberán evitar métodos alternativos tradicionales para combatir la violencia de género en las instituciones de educación superior, como la mediación y la conciliación, y priorizar en su lugar el de justicia restaurativa, que incluye medidas de reparación del daño.
Por Armando Meneses
30 de septiembre, 2021
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Es hora de ver la Justicia Restaurativa como algo más que mediación penal y otras herramientas; esta justicia es una brújula que nos guía para encontrar el camino restaurativo más adecuado en cada caso.

Virginia Domingo

 

En abril de este año el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Educación Superior, con lo que abrogó la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Dicha ley es reglamentaria del artículo tercero Constitucional en materia de Educación Superior, por lo que sus disposiciones son de observancia general para toda la República.

Dentro de sus nuevas disposiciones se reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en particular en los espacios escolares, y se establece la necesidad de que las instituciones de educación superior sean espacios libres de violencia por razón de género. Asimismo, pone de relieve la necesidad de implementar mecanismos efectivos para prevenir, investigar, sancionar, reparar y erradicar dicha violencia, la cual genera consecuencias graves principalmente en niñas y mujeres.

Si bien la problemática de la violencia por razón de género es histórica y generalizada, de manera reciente fenómenos como el movimiento #MeToo, las marchas emblemáticas del 8 de marzo y 25 de noviembre y otro tipo de manifestaciones han puesto esta problemática en la palestra, tanto en el espacio público como privado.

Según datos de Naciones Unidas, a nivel mundial el 35% de las mujeres ha experimentado alguna violencia física o sexual (ONU Mujeres, 2021). En nuestro país, la ENDIREH (2016) consigna que más del 25% de las mujeres enfrentan violencia de compañeros, compañeras y maestros durante su vida de estudiantes, entre las principales, violencia física y sexual. Por otra parte, el Observatorio Violencia de género y social en la Ciudad de México señala que 61 de cada 100 mujeres han sido violentadas de forma emocional en el ámbito escolar.

En las últimas décadas se ha ido construyendo un corpus juris de protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que da cuenta del fenómeno y establece diversos compromisos, acciones, medidas y mecanismos que deben adoptar los Estados para abatir dicha violencia. La realidad es que, a pesar de que internamente ha habido un avance en lo normativo, en la práctica los esfuerzos siguen siendo ineficaces.

En las instituciones de educación superior hay muchos factores que propician, generan y reproducen violencia institucional, y se normalizan muchas prácticas discriminatorias en razón de género hacia las mujeres. Las instituciones de educación tienen una gran responsabilidad de generar cambios sociales, pues son generadoras de conocimiento y propagación de la cultura.

En agosto de 2016, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió su “Acuerdo por el que se Establecen Políticas Institucionales para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Casos de Violencia de Género en la UNAM”, y su respectivo protocolo para la atención de casos de violencia de género, que crea políticas de atención para casos de violencia de género en la Universidad.

Si bien antes de 2016 algunas otras instituciones de educación superior ya contaban con normativa para la atención de casos de violencia de género, después de esta iniciativa, otras, tanto públicas como privadas, se fueron sumando para crear sus propios instrumentos de atención a los casos de violencia de género.

A partir de ello, surgieron diversos espacios de discusión en torno a la forma en que se proponía afrontar el tema, que cuestionaban particularmente la incorporación de procedimientos distintos a los formales, es decir, la utilización de mecanismos alternos basados en la justicia restaurativa, los cuales se han incorporado como medida alterna o complementaria con miras a contribuir a la transformación de la cultura de violencia en razón de género en espacios escolares.

Esto cobra particular relevancia a la luz de la Ley General de Educación Superior, que establece que en el ámbito institucional “en el caso de la violencia contra las mujeres, se excluirán las medidas de conciliación o equivalentes como medio de solución de controversias” (Art. 43/Ley General de Educación Superior).

De esta redacción, la primera preocupación para aquellas instituciones de educación superior que han incorporado mecanismos alternativos de solución de conflictos para atender casos de violencia de género es si a partir de abril quedan prohibidos estos métodos alternativos, y si podrán seguir haciendo uso de ellos.

Quizás una primera interpretación podría ser que, en efecto, queda prohibido el uso de cualquier procedimiento distinto a los llamados formales, entendidos como aquellos por los que se imponen sanciones disciplinarias, administrativas o laborales; es decir, procedimientos con un objetivo punitivo. De tal manera que no se podrá hacer uso de los llamados mecanismos alternativos de solución de conflictos, incluidos los creados con enfoque en la justicia restaurativa.

Quisiera proponer, sin embargo, una segunda interpretación sobre esta normativa, que va en el sentido de evitar métodos alternativos de solución de conflictos tradicionales, que, en efecto, podrían ser mecanismos perjudiciales para el combate a la violencia de género, ampliamente desarrollados tanto en el ámbito del Sistema Universal como del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

Con lo anterior quiero decir que existen por un lado métodos alternativos de solución de conflictos –llamémoslos “tradicionales”–, como la mediación y la conciliación, y por otro lado, procedimientos basados en la justicia restaurativa que distan mucho de su concepción, naturaleza y objetivos, pero que tienen en común que se trata de procedimientos con objetivos no punitivos.

Desde el enfoque de la justicia restaurativa, un procedimiento puede coadyuvar a disminuir de forma sustancial la desigualdad por razón de género, que afecta principalmente a las mujeres. Esto incluye medidas de reparación del daño para las personas en situación de víctimas que buscan modificar los patrones culturales necesarios para hablar en un futuro de una igualdad sustantiva, a diferencia de  procesos judiciales largos, tortuosos y normalmente revictimizantes y enmarcados en un contexto general de impunidad.

Lo anterior resulta particularmente importante cuando se trata de situaciones que se dan en las instituciones de educación superior como lugar propicio para implementar estos mecanismos, además de que se dejan a salvo los derechos de las víctimas para acudir a otras instancias, como el ámbito penal cuando se trata de un hecho de naturaleza delictiva.

Desde COPRED abogamos por el uso de métodos de justicia restaurativa, los cuales son llevados a cabo por el área de Atención del Consejo al momento de implementar sus procesos no jurisdiccionales.

En conclusión, independientemente de la interpretación que se pueda dar a la nueva disposición, es indispensable que desde las instituciones de educación superior continuemos fomentando el análisis, debate y generación de buenas prácticas para una adecuada atención de los casos de violencia por razón de género para lograr, en un futuro no muy lejano, erradicarla.

* Armando Meneses es secretario Técnico del @COPRED_CDMX.

 

 

1 Hechos y cifras | Qué hacemos: Poner fin a la violencia contra las mujeres | ONU Mujeres – Sede (unwomen.org). Consultado el 27 de septiembre de 2021 aquí.

2 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016. ENDIREH Principales resultados página 11. Consultado aquí.

3 Diagnóstico sobre la violencia de género y social en la ciudad de México. Un acercamiento para la intervención en el ámbito Educativo. INMUJERES. Observatorio Violencia de género y social en la Ciudad de México, Instituto Nacional de Desarrollo Social y Centro de Investigaciones para la Equidad Política Pública y Desarrollo S.C. Pág. 20. Consultado aquí.

4 Ley General de Educación Superior. Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 2021.

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