Legislación para una menstruación digna
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Legislación para una menstruación digna
Hasta el momento, solo 21 países en el mundo han reconocido el impacto negativo de gravar los productos de gestión menstrual.
Por Adriana García Jiménez
26 de febrero, 2021
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Todas las niñas, adolescentes, mujeres y otras personas menstruantes1 a lo largo de la historia han vivido discriminación por un hecho biológico. Según datos de la OMS, la edad promedio en la que se menstrúa es de los 15 a los 49 años de edad2. Por su parte, datos del INEGI3 refieren que poco más de 64.5 millones de mujeres, niñas y adolescentes menstrúan, menstruarán o menstruaron.

La menstruación ha sido abordada desde un modelo biomédico, que omite aspectos psicoemocionales, socioculturales, económicos y ambientales en torno a ella. Por eso, los estigmas y prejuicios alrededor del género y la menstruación han influido en la vivencia menstrual y en el ejercicio de derechos. En la actualidad, la legislación en la materia aún es un tema pendiente.

Las personas que menstrúan enfrentan diversos desafíos y dificultades4 asociados a este proceso fisiológico que no se elige. Algunos de estos son:

  • Situaciones de burla, humillación y discriminación en la escuela, el trabajo y la familia.
  • Alteraciones en el ciclo menstrual, que se agravan con la falta de atención médica especializada.
  • Falta de control sobre los productos de gestión menstrual (precios en el mercado y su calidad, repercusiones de su uso a nivel corporal y ambiental).
  • Pobreza menstrual (falta de acceso a productos sanitarios, educación menstrual, baños, instalaciones de lavado de manos o gestión de los desechos).
  • Falta de estudios sobre las necesidades de las mujeres y otras personas menstruantes para el diseño, implementación y evaluación de la política pública.
  • Desigualdad económica reflejada en la percepción de salarios, capacidad adquisitiva y distribución de trabajo del hogar y de cuidados no remunerados.
  • Impacto diferenciado de las políticas fiscales (en particular las tributarias) en la vida de las mujeres y otras personas menstruantes.

Lo anterior vulnera los derechos al disfrute del más alto nivel posible de salud, al mínimo vital, a la educación, al trabajo, al deporte, al libre desarrollo de la personalidad, a la participación, los derechos sexuales y reproductivos, a la igualdad y no discriminación, entre otros.

La atención de la menstruación no puede ser exclusiva del ámbito privado e individual. Diversas organizaciones sociales, activistas y personas aliadas en órganos de gobierno han posicionado el tema en la agenda pública para incidir en la mejora de condiciones estructurales que permitan a todas las mujeres, y a otras personas menstruantes, vivir la menstruación con dignidad.

Desde el ámbito legislativo, a nivel nacional e internacional, se han presentado diversos proyectos que comprenden la complejidad de la menstruación y buscan eliminar la generación de desigualdades.

Las iniciativas de Ley se han focalizado en garantizar la provisión gratuita de elementos de gestión menstrual a niñas, adolescentes, mujeres y otras personas menstruantes en ámbitos educativos, de salud pública, de reclusión y espacios de alojamiento para personas en situación de calle. Algunos proyectos han referido que en la distribución de productos de gestión menstrual, se debe considerar el menor daño posible al medio ambiente y promover alternativas sustentables.

En Argentina se han aprobado ordenanzas municipales para el acceso a información relativa a la gestión menstrual y la provisión gratuita de productos de gestión menstrual5. El año pasado, Escocia fue el primer país del mundo en aprobar, por unanimidad, la Ley que establece el acceso gratuito y universal a los productos de gestión menstrual, incluidos tampones y toallas sanitarias, en instalaciones públicas.6

Otras propuestas legislativas se han enfocado en eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o reducir las tasas a productos de gestión menstrual. En la mayoría de países, incluidos de América Latina y el Caribe, la tarifa aplicada a las toallas higiénicas, tampones y copas menstruales es la máxima existente7. Esta política fiscal denota que dichos productos no son considerados como bienes de primera necesidad; sin embargo, son indispensables para el ejercicio de derechos fundamentales.

Hasta el momento, solo 21 países en el mundo han reconocido el impacto negativo de gravar los productos de gestión menstrual8. En América Latina, Colombia fue el primer país en eliminar el IVA a toallas higiénicas y tampones mediante un fallo emitido por la Corte Constitucional9; y ahora  busca la exención a la copa menstrual10.

También se han presentado propuestas de Ley encaminadas a implementar licencias menstruales en el ámbito laboral y educativo. Algunos países, mayoritariamente asiáticos, han efectuado licencias menstruales remuneradas por motivos de alteraciones en el ciclo menstrual, como la dismenorrea11. En Argentina, hace poco se presentó una iniciativa de Ley para otorgar licencias en el ámbito educativo con el fin de garantizar la oportunidad de recuperar contenidos y evaluaciones realizadas durante esos periodos, así como enfocar la educación en erradicar los prejuicios y la violencia relacionada al ciclo menstrual y concientizar respecto de los trastornos de la salud menstrual12.

Finalmente, en México se han impulsado diversos proyectos para la incidencia legislativa, que se han focalizado principalmente en el otorgamiento gratuito de suministros de higiene menstrual en establecimientos educativos y a mujeres privadas de la libertad; la investigación de la evolución de precios del mercado de productos de gestión menstrual: toallas, tampones y copas menstruales, así como la aplicación de la tasa 0 a productos de gestión menstrual. También se presentó una acción de inconstitucionalidad contra la decisión del Congreso de la Unión de mantener el 16% de IVA a productos de gestión menstrual13.

Con lo anterior se puede constatar la relevancia de la igualdad formal (normativa o de jure) y sustantiva (material o de facto) en torno a la gestión menstrual y el papel fundamental del Poder Legislativo para emitir elementos normativos que hagan frente a la desigualdad estructural que viven niñas, adolescentes, mujeres y otras personas menstruantes.

* Adriana García Jiménez es asesora de la Subdirección de Planeación del COPRED.

 

1 No todas las mujeres menstrúan y no todas las personas que menstrúan se identifican como mujeres,  tal es el caso de las personas no binarias, de género fluido y hombres trans. Por esta razón se elige hablar también de personas menstruantes y no solamente de mujeres.

2 Existen variaciones entre duraciones de ciclos y días de menstruación.

3 Censo de Población y Vivienda 2020.

4 Algunos de estos obstáculos fueron mencionados en el artículo denominado “Justicia menstrual”, publicado el 15 de octubre de 2020 en Animal Político. Disponible aquí.

5 Para mayor información acerca de los proyectos de Ley, se puede consultar la página web de la organización Economía Femini(s)ta. Disponible aquí.

6 Disponible aquí.

7 Balbuena, Aris; Moreno, Natalia & Rubilar, Catalina. (2019) Impuestos sexistas en América Latina. Fundación Friedrich Ebert en América Latina.

8 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Iniciativa de reforma al Artículo 2°-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Gaceta Parlamentaria, número 5604-II, 08 de septiembre de 2020. México.

9 Para mayor información puede consultar el siguiente artículo. Disponible aquí.

10 Para mayor información puede consultar el siguiente artículo. Disponible aquí.

11 Para mayor información puede consultar el siguiente artículo. Disponible aquí.

12 Disponible aquí.

13 Para mayor información, consultar el informe de actividades de 2020 de Menstruación Digna México.

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