Para recordar el 24 de abril
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Capital Plural
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Para recordar el 24 de abril
Hoy, en Ciudad de México, las mujeres podemos acceder al aborto seguro y gratuito gracias a su despenalización aprobada un 24 de abril de 2007.
Por Marcela Nochebuena
22 de abril, 2021
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Dos entidades en el país han dado pasos importantes para evitar la penalización, en ciertas condiciones, de las mujeres que abortan: Ciudad de México (24 de abril, 2007) y Oaxaca (25 de septiembre, 2019). Estas reformas legislativas, que no derivan de la concesión de persona o administración alguna sino de la voluntad de garantizar un derecho, dejan atrás una larga lista de pendientes: la despenalización en el resto de los estados, la necesaria discusión respecto a que el aborto deje de ser un delito y salga de los códigos penales para pertenecer a la legislación de salud, la criminalización social, la garantía del aborto para todas como un procedimiento más de salud seguro y gratuito, y sobre todo, la desestigmatización del aborto como un proceso oscuro, difícil, negativo, indeseable, asociado al sufrimiento y a la muerte.    

Habría que decirlo claramente: aborto no es igual a muerte, ni siquiera cuando se realiza con medicamentos en casa. Redes de acompañantes que se extienden por todos los estados del país le han garantizado a muchas mujeres el aborto seguro que en muchos lugares aún no es una realidad, mediante experiencia, acompañamiento e información fortalecida con capacitación y otras herramientas como el manual Aborto sin riesgos de la OMS.

Hoy en Ciudad de México las mujeres podemos acceder a este procedimiento médico de manera gratuita, libre y segura. Sin embargo, de acuerdo con datos de GIRE, entre 2007 y 2016 fue una de las entidades donde más denuncias se registraron por el delito de aborto, mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública consigna 669 averiguaciones previas por este delito en la capital entre enero de 2015 y marzo de 2021. Algunas pueden corresponder a hombres denunciados por ejercer violencia hacia las mujeres en este sentido, pues las cifras no están desagregadas por sexo; otras a incumplir las condicionantes que establece la ley (en estos casos, un solo día o una semana más al plazo legal para abortar –hasta las 12 semanas– pueden hacer la diferencia). 

Una hipótesis es que esto podría estar relacionado con el estigma social que ha cargado a la Interrupción Legal del Embarazo de una connotación positiva, mientras el aborto sigue arrastrando la negatividad de estar al margen de la ley o asociarse siempre con el riesgo de morir. Dejar a un lado el temor a nombrar es uno de los primeros pasos hacia la desestigmatización del aborto y de las mujeres que abortan. El aborto sucede todo el tiempo en todos los rincones del país: en clínicas y unidades médicas, pero también en colectivos, casas, organizaciones, en soledad y en compañía. 

La diferencia son las condiciones en las que ocurre. La desigualdad y las diferentes vulnerabilidades que viven las mujeres, relacionadas muchas veces con su situación socioeconómica y lugar de residencia, pueden ser determinantes para su acceso a todos los derechos reproductivos, incluido el aborto. Su acceso a la información y a servicios de salud en general, también. Claro ejemplo de ello es la aplicación de la NOM 046, que permite abortar en caso de violación y está vigente en todo el país, pero frecuentemente se ve obstaculizada por desconocimiento, falta de información o falta de asesoría y acompañamiento ante una posible negativa del personal de salud u otras autoridades, originada muchas veces en la discrepancia con leyes locales. 

Por eso hablar de aborto es hablar también de desigualdades estructurales, y de la necesidad de modificar las legislaciones tanto como las condiciones de vida de las mujeres para garantizar su acceso a todos los derechos. La aceptación de estas realidades y la necesidad de reconocer ampliamente –no sólo en términos legales– nuestros derechos reproductivos, incluido a decidir sobre nuestros cuerpos, no depende, por supuesto, de una aceptación o de una consulta social, pero hablar de aborto, y sobre todo hablar de aborto sin la carga estigmatizante de negatividad y muerte, es un principio fundamental para contrarrestar la criminalización social, que puede jugar un papel muy importante en la decisión de algunas mujeres. 

La organización Balance, que administra el Fondo María y que ha hecho posible que mujeres de distintos estados aborten en Ciudad de México, señala esta importante distinción entre el aborto clandestino y el aborto inseguro: el primero es aquel que ocurre en secreto, “de forma oculta por temor al castigo de la ley o la sociedad”, mientras que el segundo es aquel que ocurre en condiciones insalubres y “pone en riesgo la salud de la persona embarazada”. Así, mientras que los abortos acompañados en casa pueden ser clandestinos pero seguros, los inseguros están relacionados con la desinformación y las limitaciones que generan los prejuicios sociales para acceder a servicios seguros, sin dejar de tomar en cuenta otras limitaciones relacionadas con las desigualdades estructurales ya mencionadas. 

De ahí que hayan comenzado a usar junto con otras organizaciones, en lugar del lema “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, la versión modificada “educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar, aborto legal para decidir”, que elimina la relación directa entre el aborto y la muerte, y de paso destierra la idea de que el uso de anticonceptivos es una garantía absoluta para evitar un posible aborto. Además, Balance elaboró una Guía para hablar orgullosamente del aborto.  

Hasta diciembre de 2020, 231 mil 901 mujeres han abortado en unidades médicas de la Ciudad de México, 181 mil 363 de ellas exclusivamente con medicamento, mismo procedimiento que describe la OMS en su manual Aborto sin riesgos. Se estima que en todo el país, ocurren entre 750 mil y 1 millón de abortos al año. Este 24 de abril recordemos que hablar de aborto es hablar también de muchos otros temas: obstáculos en el acceso a derechos, carga moral a la sexualidad, violencias, machismo, misoginia, desigualdades, educación sexual, autonomía y negociación, abortos no elegidos y salud pública. 

Recordemos también la lista de pendientes, más allá de la legislación, para garantizar de manera integral el acceso de las mujeres a todos sus derechos reproductivos, y la necesidad de trabajar para garantizar al mismo tiempo que sus condiciones de vida les permitan acceder a la información sobre su derecho a elegir dónde y cómo abortar, y a hacerlo de una manera segura dentro de una sociedad libre de los prejuicios y estigmas que perpetúan la idea de que el ejercicio de su derecho es, de cualquier forma, una elección riesgosa, indeseable o mortal.

* Marcela Nochebuena es encargada del área de Comunicación del @COPRED_CDMX.

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