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Personas con discapacidad ante COVID-19
La pandemia de COVID-19 atrae el foco a todas las fallas que ya existían antes, como un sistema de salud que discrimina a las personas con discapacidad.
Por COPRED
4 de junio, 2020
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El 17 de marzo, en respuesta a un amparo promovido por la Coalición de Personas Sordas de la Ciudad de México (CoPeSor), el Tribunal Décimo Tercero de Distrito en materia administrativa de la capital ordenó a las autoridades tomar las medidas necesarias para hacer accesible la información sobre COVID-19 a toda la población de manera inmediata, mediante la incorporación de interpretación a Lengua de Señas Mexicana.

Esto es parte de los impactos diferenciados que las personas con discapacidad (PcD) han tenido que enfrentar ante las medidas derivadas de la pandemia por COVID-19, en un contexto de desventaja histórica que se ha perpetuado mediante la reproducción de diversos mitos: que las PcD son un sector aparte, que la discapacidad es una enfermedad, que hay que mirarla desde una perspectiva asistencialista o que debe corregirse porque la norma es ser productivo al máximo o “perfectamente” capaz (capacitismo). 

Como en el caso de otros grupos de atención prioritaria, la pandemia de COVID-19 atrae el foco a todas las fallas que ya existían antes, como un sistema de salud que discrimina. Por ello, nos obliga a pensar en los conceptos de diversidad e inclusión, para que cuando retomemos nuestras actividades ordinarias o volvamos a la “nueva normalidad”, trabajemos en construir una realidad distinta. Una realidad que se refleje en presupuestos adecuados, más allá de las buenas intenciones. Una realidad que mire a la discapacidad desde una perspectiva social, humanista y de derechos.

En ello coincidieron Laura Bermejo, presidenta de Libre Acceso AC, y Cecilia Guillén, directora de En Primera Persona AC, ambas asambleístas del COPRED que se sumaron al ciclo de conversatorios que impulsamos para visibilizar los impactos diferenciados de COVID-19 en grupos en situación de vulnerabilidad. Ahí analizaron las dificultades que las PcD enfrentan y que pueden colocarles en mayor riesgo de contagio, no porque su condición equivalga a una enfermedad, sino porque en muchas ocasiones, se enfrentan a condiciones y entornos en los que no cuentan con las medidas de prevención, atención y cuidados adaptadas a su tipo de discapacidad.

La Constitución de la Ciudad de México reconoce en su artículo 11 los derechos de las personas con discapacidad y establece la necesidad de implementar un sistema de salvaguardias y apoyos en la toma de decisiones, que respete su voluntad y capacidad jurídica. De la misma forma, obliga a promover la asistencia personal, humana o animal para su desarrollo en comunidad, así como a adoptar las medidas necesarias para el ejercicio integral de sus derechos, garantizando los principios de inclusión y accesibilidad, y considerando el diseño universal y los ajustes razonables.

Sin embargo, la constante discriminación a la que están expuestas las PcD comienza desde el acceso a la información, pues la mayoría de los medios de comunicación no cuenta con ajustes accesibles para ellas. El amparo de CoPeSor reafirma que la información es un derecho, no una exigencia que rebase lo razonable. Hoy, algunas PcD no cuentan tampoco con medidas de inclusión en las plataformas de educación a distancia, por ejemplo. En tanto, las PcD visual no siempre pueden tener acceso a cualquier página web.

Además, la reproducción de mitos y estereotipos impide pensar en los cuerpos de las PcD o conduce a asumir que siempre cuentan con una red de apoyo, o que viven y se trasladan acompañadas. Como lo hemos señalado antes, es indispensable repensar nuestro privilegio, pues no todas las personas tenemos las mismas condiciones o beneficios para quedarnos en casa o acceder a las medidas de prevención ante la pandemia.  

En el caso de las personas con discapacidad, los ajustes no solo se limitan a su entorno. Es necesario también tomar en cuenta la transversalidad de otros factores, así como la necesidad que muchas de ellas tienen de darle continuidad a rehabilitaciones, terapias o sesiones de apoyo psicológico, y las dificultades que podrían enfrentar por la falta de recursos económicos suficientes.

La pandemia puede afectarles más gravemente por las medidas de aislamiento y el acceso a servicios médicos, con las que se rompe la cotidianidad en un momento en el que, especialmente, debería haber un seguimiento a su salud. Su acceso a este derecho pasa, además, por un tema de capacitación al personal médico. 

En el caso de las personas con discapacidad psicosocial esto puede agravarse por otras variantes como la falta de vivienda digna, las comorbilidades o la debilidad inmunológica y otros problemas de salud asociados a la ingesta vitalicia de tratamientos farmacológicos. Algunas de ellas incluso llegan a rechazar la opción de la atención médica porque han vivido experiencias de violencia psiquiátrica.

En tanto, las personas que se encuentran institucionalizadas están doblemente expuestas a violencias sexuales, así como a la falta de vigilancia en nutrición y alimentación. En los albergues informales, este riesgo es todavía mayor.

A todo ello se suma la perspectiva que tiende a infantilizar a las PcD, en lugar de considerarlas personas plenas de derechos, lo cual incluye también contemplar su participación y consulta para saber cuáles son las medidas que a ellas les funcionan, y les son útiles y accesibles. Los apoyos económicos por sí solos no resuelven sus necesidades; la posibilidad de un ejercicio integral de sus derechos, sí. 

Es indispensable pensar la discapacidad desde una perspectiva de equidad en el acceso a los derechos, accesibilidad y diseño universal. Además, a las mujeres que viven con esta condición es necesario respetarlas en las decisiones sobre su sexualidad, su cuerpo y su maternidad.

Frente a COVID-19 resulta entonces imprescindible considerar medidas que atiendan los impactos diferenciados que enfrentan las PcD mediante la reducción del número de personas institucionalizadas; la eliminación de la discriminación en el acceso a la información pública, pruebas y atención médica de calidad y oportuna; el apoyo comunitario: ayuda entre pares, servicios de comunidad y desmedicalización; la garantía del acceso a la información y servicios de protección para personas en situación de violencia doméstica, de calle, usuarios de drogas u otra de desprotección social, y la participación e inclusión de las PcD y sus organizaciones en los mecanismos de respuesta estatal, así como en el monitoreo de entornos institucionales.

 @COPRED_CDMX

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