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Personas mayores ante COVID-19
Las personas mayores están expuestas a diversas variables que les ponen en riesgo en esta pandemia: condiciones de salud preexistentes, desgaste del organismo por envejecimiento, soledad y aislamiento.
Por COPRED
28 de mayo, 2020
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En estas semanas de confinamiento es común el relato y la queja por parte de personas mayores de 60 años a las que se les ha negado el acceso a supermercados, algunas veces aunque sólo tuvieran la intención de realizar alguna operación bancaria en sucursales que se encuentran dentro de las tiendas de autoservicio. En uno de esos casos, la “justificación” fue que únicamente podían acudir en un horario determinado del día, con un margen de apenas una hora.

Estas escenas, tristemente frecuentes, reflejan la imposibilidad de distinguir entre la aplicación de medidas preventivas que fomenten la sana distancia y las prácticas discriminatorias a un sector de la población que ya de por sí es doble, y hasta triplemente, vulnerable durante esta pandemia.

El Artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México considera a las personas mayores como un grupo de atención prioritaria y reconoce sus derechos a servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión económica. También mandata el establecimiento de un sistema integral para su atención, que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier otra situación que implique tratos que atenten contra su seguridad e integridad.

En esta capital, las personas mayores suman 1 millón 200 mil; de ellas, cerca de 600 mil no cuentan con una pensión económica ni con seguridad social para mantener una buena calidad de vida. En tanto, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores no ha sido firmada ni ratificada por México.

La pandemia de la COVID-19 ha visibilizado a las personas mayores, cuando generalmente se enfrentan a la situación opuesta. Sin embargo, el periodo de encierro genera muchas consecuencias, porque el abandono estructural en el que ya vivían se acentúa. Tanto la COVID como ese abandono pueden resultar fatales. Angelita Fuentes, del Comité de Derechos Humanos Ajusco, y Elizeth Altamirano, gerontólogo, ambos asambleístas del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), diagnosticaron esta y otras preocupaciones durante un conversatorio en torno a las personas mayores, como parte de los esfuerzos que el COPRED ha impulsado para visibilizar los impactos diferenciados de la pandemia en poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Las personas mayores, coincidieron, están expuestas a diversas variables que les ponen en riesgo: condiciones de salud preexistentes como enfermedades cardiovasculares, respiratorias y diabetes; desgaste del organismo por envejecimiento, lo que dificulta a su sistema inmunológico enfrentar la enfermedad, y además la soledad y el aislamiento como condición estructural que viven muchas de ellas y que juegan un papel importante frente a su capacidad de respuesta a la COVID-19.

Es indispensable también considerar que gran parte de las personas mayores no tiene contacto con su familia o vecinos, o vive situaciones de violencia familiar. El estado de emergencia acentúa el desproporcionado abandono y descuido en que viven, porque pueden ser vistas como foco de infección y rechazadas. Además, las instituciones están cerradas.

A ello se ha sumado que en el acceso al derecho a la salud y servicios de emergencia, pueda priorizarse a las personas jóvenes, mientras que las mayores enfrentan dificultades y obstáculos para acceder a estos. El Comité de Derechos Humanos Ajusco ha documentado casos de maltrato, y ha puesto particular énfasis en la violencia hacia las mujeres mayores, para quienes se agrava la incertidumbre moral, económica, cultural y de salud de este sector.

La cultura clientelar y de desprecio a la vejez ha obstaculizado la posibilidad de que las personas mayores encuentren un vehículo de articulación para hacer un frente común, a lo que se suma la escasez de organizaciones especializadas en los derechos humanos de este grupo. La falta de respuesta de los sistemas de salud que se ha evidenciado en todo el mundo puede agravar estas condiciones.

En este contexto, particularmente, las personas mayores pueden ser víctimas de discriminación, cuando se les niega el acceso a los cuidados necesarios o se refuerza el estigma de que representan una carga económica, así como cuando las restricciones para evitar el contagio van, al mismo tiempo, en contra de su participación de la vida en comunidad, aislándolas o expandiendo prejuicios en torno a ellas. Como ha sido el caso de los supermercados.

Ante este panorama, conviene recordar y retomar las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la atención a las personas mayores: propiciar los recursos necesarios por parte de los estados, pautas e información a los equipos de salud con especial énfasis en el combate al estigma; generar y protocolizar mecanismos de prevención que eviten acciones negligentes o prejuiciosas; generar información estadística con el propósito de saber cómo han sido afectadas por la COVID; garantizar que se cumplan plenamente sus derechos, poniendo énfasis en el derecho a la salud, la dignidad y la participación; información precisa y adecuada, así como tener en cuenta acciones necesarias para que el derecho a la salud no se imponga sobre la dignidad de las personas.

De la misma forma, resulta indispensable atender especialmente a quienes se encuentran en alguna condición particular de desigualdad estructural y discriminación, como tener una discapacidad, ser migrante, vivir en calle o ejercer el trabajo sexual; generar supervisión de los precios de productos de primera necesidad; promover medidas especiales de protección en situación de violencia, abuso y maltrato; atender situaciones de personas mayores con pérdida de autonomía y no suspender servicios indispensables, así como generar mecanismos para garantizar la seguridad económica y la sustentabilidad alimentaria.

Desde el COPRED hemos insistido en la necesidad de visibilizar y atender los impactos diferenciados que las medidas por la pandemia de la COVID-19 podrían tener en grupos de atención prioritaria, que viven particulares condiciones de vulnerabilidad y para quienes la falta de acceso a derechos y la discriminación durante la contingencia sólo agravan la desventaja y el abandono histórico que han enfrentado por años.

@COPRED_CDMX

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