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Personas migrantes y refugiadas ante COVID-19
Ante una condición de desigualdad y desventaja histórica de las personas migrantes, en este contexto su principal preocupación no es precisamente el riesgo de contagio, sino la precarización y la urgencia de resolver necesidades inmediatas y acceder a servicios de salud u oportunidades de trabajo.
Por COPRED
18 de junio, 2020
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Personas que vieron frenadas sus intenciones de iniciar un negocio ante la suspensión de actividades económicas, retraso en trámites y procesos administrativos para obtener documentos migratorios, deportaciones que no son atendidas de manera integral y coordinada, así como precarización, riesgo de perder la vivienda y falta de acceso al empleo, servicios y medios de supervivencia son algunas de las dificultades que hoy enfrentan las personas migrantes y refugiadas ante la pandemia por COVID-19.

Ante una condición de desigualdad y desventaja histórica, en este contexto su principal preocupación no es precisamente el riesgo de contagio, sino la precarización y la urgencia de resolver necesidades inmediatas y acceder a servicios de salud u oportunidades de trabajo. Además, los mecanismos de apoyo con los que generalmente cuentan pueden verse ahora limitados ante las medidas de prevención, distanciamiento y aislamiento para evitar la transmisión del coronavirus.

En ello coincidieron Ana Mercedes Saiz, directora de Sin Fronteras IAP, y Laura Trejo, directora de Asistencia y Orientación para la Movilidad Humana Asmovilidad, durante una conversación con COPRED sobre los impactos diferenciados de la COVID-19 en personas migrantes y refugiadas, como parte de los esfuerzos que hemos emprendido para visibilizar las consecuencias de la pandemia en diversos grupos en situación de vulnerabilidad.

En su artículo 11, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a las personas migrantes, sujetas de protección internacional y en otro contexto de movilidad humana como un grupo de atención prioritaria, y establece que tendrán la protección de la ley y no serán criminalizadas por su condición. Además, mandata que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para la protección efectiva de sus derechos, bajo criterios de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad e inclusión.

Aunque no hay datos específicos que indiquen que estas poblaciones tienen un mayor riesgo de contagio sanitario por su estado físico o por condiciones de salud preexistentes, sí hay un índice importante de embarazos, además de que están expuestas a condiciones parecidas a los centros de reclusión, como el hacinamiento, en las 53 estaciones migratorias que existen en nuestro país. A ello se suma que los albergues que gestiona la sociedad civil están admitiendo nuevos ingresos de manera limitada para prevenir el contagio.

En suma, las personas migrantes y refugiadas se enfrentan a impactos diferenciados en dos ámbitos: el externo, que se refleja en su estatus económico, social y jurídico-administrativo, y el interno, que está relacionado con la satisfacción de sus necesidades básicas y de salud mental. El primero necesariamente incide en el segundo. La situación mundial ha desdibujado la presencia y las necesidades específicas de las personas migrantes y refugiadas, lo cual se agrava por la percepción generalizada de rechazo a la migración. Aún hay mucho camino por andar en cuanto a la empatía y la sensibilización sobre la realidad de estas poblaciones.

Por ello, a los impactos diferenciados en el acceso a medios de supervivencia alimentaria, de vivienda, de salud –sobre todo en el caso de las personas embarazadas y de las que requieren seguimiento a tratamientos–, así como en la precarización y deterioro, se suma el miedo que podría impedirles acercarse a servicios de apoyo, y las expresiones de xenofobia y discriminación que se han agudizado ante la pandemia.

Al igual que otros grupos de atención prioritaria, las personas migrantes y refugiadas han vivido tradicionalmente excluidas, por lo que las medidas ante la pandemia hacen aún más difícil su acceso a derechos. La desigualdad no les era ajena, pero sus condiciones de privación y carencia se han acentuado, específicamente en la falta de acceso a oportunidades.

En particular, las mujeres, que son la mitad de las personas migrantes, enfrentan condiciones que es urgente visibilizar, pues el 80% de ellas han sido obligadas a dejar sus países por violencia de género. Las mujeres y niñas migrantes y refugiadas pueden sufrir discriminación y son más vulnerables a la violencia, explotación y abusos. También viven en mayor medida la exclusión social, la falta de empleos, de oportunidades y la limitación de acceso a servicios básicos, específicamente a la salud sexual y reproductiva.

Es especialmente relevante señalar los impactos diferenciados que enfrentan estas poblaciones ante la próxima conmemoración del Día Mundial de los Refugiados este 20 de junio. Este año, con el escenario de la pandemia y las protestas contra el racismo, las Naciones Unidas hacen énfasis en recordar al mundo que todas las personas, incluidas las refugiadas, pueden hacer una contribución a la sociedad y cada acción cuenta para crear sociedades más justas, incluyentes e igualitarias, ante una realidad preocupante: cada minuto, 24 personas en el mundo dejan todo para huir de la guerra, la persecución o el terror.

En el contexto actual, es indispensable retomar el tema de la migración en la agenda nacional, así como generar acciones interinstitucionales coordinadas para brindar atención integral y acceso a todos los derechos, sin hacer diferencia entre migrantes regulares e irregulares o personas refugiadas. Todo ello sin olvidar que las personas migrantes y refugiadas pueden ser autosuficientes, son completamente resilientes, y tienen derecho a buscar y a tener oportunidades en igualdad de circunstancias que el resto de las personas.

@COPRED_CDMX

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