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Personas privadas de la libertad ante COVID-19
En México hay más de 200 mil personas en reclusión; de ellas, 45% de las mujeres y 37% de los hombres aún no tienen una sentencia, lo que significa que aunque no estén condenadas por ningún delito, enfrenten ahora la posibilidad de una condena inminente de muerte.
Por COPRED
11 de junio, 2020
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Suele decirse que una sociedad esconde en sus prisiones los problemas que no quiere ver. Quizá por eso la situación y los derechos de las personas privadas de la libertad son temas que han permanecido invisibilizados desde hace años, mucho tiempo antes de que la COVID-19 siquiera apareciera en el escenario.

Hoy, los impactos diferenciados de la pandemia implican para estas poblaciones que los obstáculos que cotidianamente enfrentan para acceder a servicios y a sus derechos se vean magnificados y multiplicados, pues muchas veces no tienen siquiera la posibilidad de implementar las medidas de prevención, como el distanciamiento, la higiene o el lavado de manos.

En México hay más de 200 mil personas en reclusión; de ellas, 45% de las mujeres y 37% de los hombres aún no tienen una sentencia, lo que significa que aunque no estén condenadas por ningún delito, enfrenten ahora la posibilidad de una condena inminente de muerte. De entre las personas privadas de su libertad, 10 mil 458 son mujeres, un 5% que, al ser minoría dentro de la invisibilidad general, permanece aún más invisibilizado.

De acuerdo con datos recuperados por Equis Justicia, cuya directora, Ana Pecova, conversó con COPRED sobre los impactos diferenciados de la pandemia en personas privadas de la libertad, cuatro de cada 10 prisiones en México tienen problemas de sobrepoblación, lo que implica que el 46% de las personas privadas de la libertad comparte celda con más de cinco personas. El caso más grave se da en el Estado de México, donde un 37% comparte la celda con más de 15 personas.

A estas condiciones de hacinamiento se suman los ya mencionados factores que incrementan el riesgo de contagio sanitario en general, es decir, personas mayores de 50 años, que en los reclusorios representan el 11%, así como un alto porcentaje que tienen enfermedades identificadas como comorbilidades en caso de Covid-19: diabetes, hipertensión y otras afecciones cardiacas y del sistema inmunológico.

Y no sólo eso, su acceso a condiciones de higiene y limpieza es muy reducido: 30% de las personas privadas de la libertad no tiene acceso a agua potable en sus celdas y 92% no recibe artículos para este propósito por parte de las autoridades. Quienes llegan a contar con ellos es gracias a sus familias, que les sostienen durante su tránsito por el sistema penitenciario.

Los impactos diferenciados para estas poblaciones sólo se suman unos sobre otros: hasta ahora, la medida más recurrente dentro de los reclusorios ha sido reducir las visitas familiares, lo cual puede ser muy grave para las personas privadas de la libertad, pues muchos de sus recursos materiales y económicos los obtienen a través de estas. Por otro lado, esto representa también un doble castigo y un aislamiento más profundo, que puede tener graves consecuencias para la salud mental. La crisis y la situación que hoy enfrentan quienes permanecen en reclusorios siguen sin ser conocidas de manera integral por toda la sociedad.

Especial mención merecen las mujeres, ese 5% aún más invisibilizado que en muchas ocasiones enfrenta más grandes dificultades para acceder a servicios básicos, educación y trabajo; la mayoría han sido víctimas de violencia, 70% son madres —la mayor parte, solteras— y en muy escasas ocasiones son ellas las protagonistas del delito. A ello se pueden añadir otras intersecciones, como ser mujeres indígenas, vivir con una discapacidad o ser parte de la comunidad LBGTI.

En los 10 centros penitenciarios de la Ciudad de México, alrededor de 460 personas se autoadscriben como LGBTI. La mayoría de ellas ya se encuentran en un estado de abandono, sin redes de soporte ni nexos familiares incluso antes de llegar a prisión. Una gran parte son trabajadoras sexuales y fueron expulsadas de sus hogares en la adolescencia o juventud. Entre ellas, la media de delito es el robo simple, lo cual habla también de su precarización económica, tal como lo ha documentado Almas Cautivas, cuya directora, Ari Vera, también participó en el esfuerzo que, desde COPRED, hemos emprendido mediante una serie de conversatorios para visibilizar los impactos diferenciados de la Covid-19 en diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Las mujeres trans permanecen aún en la periferia de los derechos y en el centro de la violencia, lo cual solo se agrava y maximiza dentro de las prisiones, donde la atención a la salud es uno de sus principales derechos vulnerados, pues ni siquiera cuentan con el acceso a sus tratamientos hormonales. A esto se suman los estigmas y la percepción social hacia las personas privadas de la libertad, así como las medidas de restricción que se toman ante la pandemia, que en ocasiones pueden al mismo tiempo restringir los derechos de las personas y condenarlas a un doble aislamiento.

En el caso de las personas privadas de la libertad, además, los impactos diferenciados de la Covid-19 no estarán limitados al interior de las prisiones, sino que se ampliarán a aquellas personas recién liberadas que busquen reinsertarse a la sociedad, mucho más durante la etapa a la que se ha llamado “nueva normalidad”. Las consecuencias laborales, económicas y sociales de la pandemia en el futuro nos obligan a preguntarnos a qué se enfrentarán las personas recién liberadas, en un país donde aún hay muchos retos en torno a las posibilidades de reinserción, cuando quienes están en esta situación ni siquiera pueden contar con el derecho más básico a la identidad, al no poder acceder al INE.

Ante este panorama, atender los impactos diferenciados por la pandemia en las personas privadas de la libertad implica hoy medidas esenciales como despresurizar las prisiones, encontrar y fomentar mecanismos de seguimiento en libertad, garantizar el acceso a todos los derechos de toda la población penitenciaria, sin medidas estigmatizantes ni discriminatorias; y, sobre todo, no caer en prácticas que terminen vulnerando los derechos de las personas privadas de la libertad más vulnerables, como las mujeres y la comunidad LGBTI, para quienes incluso se requieren protocolos especializados de atención, con Covid o sin ella.

@COPRED_CDMX

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