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Personas que viven con VIH ante COVID-19
Entre la pandemia por VIH y por COVID-19 hay similitudes: en ambos casos se trata de un virus nuevo sobre el cual no hay información suficiente y existen a su alrededor muchos prejuicios y discriminación.
Por COPRED
9 de julio, 2020
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Ante la COVID-19, en América Latina y el Caribe cinco de cada 10 personas que viven con VIH enfrentan dificultades para obtener su tratamiento. Sólo tres de cada 10 cuenta con éste para más de dos meses, y el 49% sólo tiene para un mes. Actualmente, dos de cada 10 personas no tienen tratamiento suficiente ni siquiera para terminar el mes.

Estos datos de ONUSIDA confirman que las personas con VIH son uno de los grupos que enfrentan graves impactos diferenciados derivados de la COVID-19 y de las medidas que se han tomado ante ella. Se calcula que 230 mil personas viven con VIH en nuestro país.

De ellas, unas 30 mil habitan en la Ciudad de México. Actualmente, existe un nivel de diagnosticación del 60% y un 17% de las personas que viven con VIH no se incorpora a tratamiento de manera inmediata. En 2019, se registraron 12 mil 64 nuevos casos en tratamiento antirretroviral; el 45% de ellos en personas de entre 15 y 29 años de edad.

El panorama cotidiano que enfrentan las personas con VIH, marcado por la estigmatización y la discriminación, se agrava ante la COVID-19, lo cual puede representar un serio obstáculo para alcanzar el objetivo 90/90/90 establecido por ONUSIDA: que para 2020, el 90 por ciento de las personas que viven con VIH conozca su estado serológico; que el 90% de las personas diagnosticadas reciba terapia antirretrovírica, y que el 90% de quienes la reciben presente supresión viral.

¿Cómo ha afectado la pandemia a esta meta? Ricardo Baruch, especialista en salud pública y derechos humanos; Francisco López, presidente de Karuna Salud y Desarrollo AC, y Alain Pinzón, activista y presidente de Vive Libre, conversaron con el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) acerca de las posibles respuestas a esta interrogante, como parte del esfuerzo que hemos emprendido para visibilizar los impactos diferenciados de la COVID-19 en distintos grupos de atención prioritaria.

Una primera observación son las similitudes que existen entre la pandemia por VIH y por COVID-19: en ambos casos se trata de un virus nuevo, sobre el cual no hay información suficiente y existen a su alrededor muchos prejuicios y discriminación. Después de casi cuatro décadas de epidemia, aún no se ha dejado atrás el estigma hacia las poblaciones que viven con VIH y, principalmente, a grupos clave en los que se ha registrado un alto índice de contagio: hombres gay, mujeres trans, trabajadoras sexuales y usuarios de drogas inyectables.

Ante la COVID-19, actividades de prevención que de por sí ya habían sufrido un decremento en los últimos meses, han disminuido aún más, pues muchos recursos humanos y económicos se han redirigido hacia la atención de la nueva pandemia. En tanto, organizaciones a donde las personas con VIH acudían por protocolos o tratamientos preventivos, no están trabajando en este momento.

Lo mismo ocurre en el caso de la detección: hoy hay menos espacios a donde acudir para hacerse una prueba confidencial y gratuita. A esto se suman las barreras para acceder a tratamientos antirretrovirales y la atención a la salud mental de las personas que viven con VIH, quienes deberían tener acceso permanente a apoyo telefónico o virtual. Por otro lado, la necesidad de seguir acudiendo a recoger sus medicamentos puede complicar el cumplimiento de la medida #QuédateEnCasa.

La salud emocional y mental son especialmente importantes. Las organizaciones de la sociedad civil trabajan para allegar información confiable y científica, pero no hay que olvidar que el acompañamiento psicológico es indispensable para fortalecer la autoestima de las personas que viven con VIH. Sobre todo en este momento, pues ante la COVID-19 pueden enfrentarse a una doble estigmatización: que se les vea como transmisoras en potencia y por otro lado, como víctimas que hay que cuidar en extremo.

De acuerdo con datos recientes de ONUSIDA, en América Latina y el Caribe casi siete de cada 10 personas manifiestan que para no interrumpir su tratamiento antirretroviral, deben contar con una forma segura y confidencial de obtenerlo. Sólo tres de cada 10 han accedido a una opción de telemedicina. En tanto, menos de dos de cada 10 personas, alrededor del 17% cuenta con la entrega de antirretrovirales a domicilio, mientras que cuatro de cada 10 personas aseguran requerir apoyo psicológico para abordar la ansiedad generada por la COVID-19.

A todo ello se suma la violencia física, psicológica o verbal a la que podrían enfrentarse, pues el 56% aseguró a ONUSIDA que podrían sufrir cualquiera de estos tres tipos en medio de la pandemia debido a que viven con VIH; 40% no sabe a dónde acudir en caso de ser víctima de violencia o discriminación. En tanto, tres de cada 10 personas se han abstenido de usar servicios por miedo a ser discriminadas.

El panorama laboral no es más favorable, pues incluso antes de la pandemia, este grupo se enfrentaba a una constante violación a sus derechos laborales. Hoy, ante la pérdida de empleos o la reducción de ingresos, existen más dificultades en el acceso a medicamentos y mayores posibilidades de perder servicios de seguridad social. Esto es especialmente grave en el caso del VIH, pues la efectividad de los tratamientos antirretrovirales depende en gran medida de recibir todos los medicamentos que los componen, así como de su continuidad y adherencia.

Frente a este panorama, es indispensable garantizar a las personas que viven con VIH acceso a los servicios de salud y a la continuidad de su tratamiento, sin problemas de desabasto, más amigables y que pongan en el centro su dignidad. También es imprescindible retomar y reforzar las estrategias de prevención, detección y eliminación de los estigmas y discriminación, sobre todo entre el personal de salud.

Además, es necesario involucrar a las poblaciones de personas que viven con VIH para generar confianza, y garantizar medidas adecuadas y eficientes. Ante la COVID-19, son particularmente necesarios programas sociales que den respuesta a los impactos al empleo y la vivienda de estas poblaciones. Igual relevancia tiene el acompañamiento a estos grupos para asegurar que accedan a todos sus derechos y que una vez terminado el confinamiento, tengan información clara y relevante sobre la atención a su salud física y mental.

Generar mecanismos para que las organizaciones de la sociedad civil, centros comunitarios y clínicas especializadas cuenten con recursos para prevención, canalización, atención y acompañamiento, así como garantizar el acceso a servicios de seguridad social o seguros de gastos médicos, son también medidas indispensables para atender los impactos diferenciados de la pandemia por COVID-19 en las personas que viven con VIH, en un contexto estructural que históricamente ha perpetuado la estigmatización y discriminación hacia ellas.

@COPRED_CDMX

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