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Por la defensa del trabajo sexual
Analizar el trabajo sexual desde presupuestos morales o exclusivamente teóricos hace que caigamos en presunciones falsas y ajenas a la realidad.
Por COPRED
27 de febrero, 2020
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Como en cualquier debate, diálogo o intercambio, donde cada parte involucrada tiene una definición y enfoque distinto, para hablar sobre trabajo sexual resulta prioritario distinguirlo de la trata de personas en su modalidad de explotación sexual, que es un delito y una grave violación a los derechos humanos de niños, niñas, mujeres y hombres.

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos la define como toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación.

En el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) tenemos el compromiso y la obligación de combatir cualquier práctica de explotación. El uso de los cuerpos de las personas sin su consentimiento, bajo presión o amenaza, es una manifestación violenta de la discriminación.

Por otro lado, en el COPRED reconocemos y tenemos la misión de respetar y proteger la autonomía de quienes deciden sobre su propio cuerpo y que, de manera libre y voluntaria, optan por el trabajo sexual: un oficio que ejercen mujeres y hombres, cis y trans, mayores de edad, que intercambian dinero o bienes a cambio de servicios sexuales eróticos o como acompañantes, de forma regular u ocasional.

El trabajo sexual contempla diversas variantes y tipos de actividades, que se pueden ejercer en la vía pública, en algún establecimiento mercantil o inclusive vía internet. La diferencia entre el trabajo sexual y el delito de trata radica en la autonomía con la cual las personas deciden ejercer y ofrecer servicios sexuales y/o eróticos para obtener algún tipo de ingreso.

Varias corrientes feministas abolicionistas cuestionan y rechazan la existencia de la autonomía en el trabajo sexual: sostienen que su libre ejercicio se debe a que el patriarcado somete a las mujeres y las objetiviza ante los hombres, que están en una situación de dominio y recurren a estos servicios para complacer su sexualidad.

Lo anterior no contempla a los hombres trabajadores sexuales, rechaza la existencia de mujeres clientas e inclusive, la posibilidad de que alguien lo haga porque le gusta, y no precisamente por que necesite el sustento -sobre todo en lugares distintos a la vía pública-. Además, pone en tela de juicio y hasta le quita valor a las razones de quienes optan por ejercerlo.

Esta visión sostiene que el trabajo sexual es producto del capitalismo rampante que, basado en un sistema patriarcal, sostiene ocupaciones indignas que deben abolirse. Sin embargo, asombra que ante muchos empleos que podríamos llamar indignos para las mujeres, esta crítica se centre cuasi exclusivamente en el trabajo sexual. Parece una postura moral, más que una realidad que apele a la dignidad de las personas.

En conversaciones con trabajadoras sexuales que han colaborado con el COPRED, se ha valorado que las posturas abolicionistas suelen expresarse desde el privilegio y la superioridad de quienes no se han encontrado en la necesidad de ejercer ciertos oficios. Olvidan los derechos humanos al trabajo, la expresión, la autodeterminación, la libertad sexual y la libre asociación sexual.

Por otro lado, al hablar de trabajadoras sexuales mujeres, argumentan que debería criminalizarse a los clientes, con el objetivo de protegerlas. Pierden de vista que eso trasladaría el centro de la negociación a ellos, por lo que sobre todo las mujeres quedarían absolutamente desprotegidas y sin herramientas de acompañamiento y negociación.

¿Cuándo podemos hablar de autonomía en las decisiones? Para ello, es útil una reflexión de Kwame Appiahm, filósofo de la moral: “Estamos confinados a las opciones que tenemos a nuestro alcance, las cuales, a su vez, se caracterizan por su inmovilidad sustancial: constituyen un nexo de instituciones y prácticas que nosotros no creamos. Con ello, podemos ver que todas las personas estamos inmersas en una serie de contextos y realidades que inevitablemente, conforman factores importantes para la elección de nuestras decisiones”.

Es difícil sostener que todas las personas en todas las circunstancias tomamos decisiones verdaderamente autónomas, pues todos y todas vivimos nuestra propia circunstancia. El patriarcado es un sistema que establece roles de acuerdo con el género, subordina a las mujeres y dicta las reglas para el ejercicio de derechos. En este sentido, instituciones como la familia tradicional también son producto del patriarcado.

En el COPRED entendemos que estamos obligados a una lucha constante para derribar estas reglas de género que jerarquizan a los seres humanos según su género o clase o raza y, por lo tanto, propician tratos discriminatorios.

No obstante, también entendemos que el trabajo sexual, como lo hemos definido, es una realidad. Los y las trabajadoras sexuales son personas autónomas, dignas y con derechos, y es obligación de las autoridades de esta Ciudad promoverlos y garantizar su ejercicio en igualdad de condiciones.

Para abolir el trabajo sexual sería necesario partir de sus causas para eliminarlas y prevenirlas de raíz. Eso no significa castigar, criminalizar ni revictimizar a quienes lo ejercen, sino entender las profundas brechas de desigualdad a las que se enfrentan. Sus historias revelan condiciones estructurales y sistemáticas de violencia familiar, abuso sexual, pobreza, hacinamiento, homofobia, transfobia y otras expresiones de violencia y discriminación que convierten al trabajo sexual en su mejor opción.

Centrar el debate en quienes ejercen el trabajo sexual es volver a castigarles y revictimizarles, porque mientras las brechas de desigualdad y las causas estructurales no se eliminen, el trabajo sexual seguirá siendo opción para quienes no tienen ninguna otra.

Analizar el trabajo sexual desde presupuestos morales o exclusivamente teóricos hace que caigamos en presunciones falsas y ajenas a la realidad. Cualquier determinación en torno al estatus o el ejercicio de derechos debe partir de la escucha activa de las personas titulares de los derechos en cuestión. En este caso, las personas trabajadoras sexuales, que son quienes realmente pueden acercarnos a conocer sus necesidades, aspiraciones y opiniones.

Desde el COPRED hacemos un exhorto a que cualquier discusión sobre los derechos de los y las trabajadoras sexuales se realice con ellas. Nada de ellas, sin ellas.

* Este texto fue elaborado por Adriana Aguilera Marquina, Secretaria Técnica del COPRED. Representa la postura institucional del Consejo.

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