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Una perspectiva garantista de los derechos humanos vs. una punitiva
Si bien la existencia de buenas leyes es condición necesaria para que todas las autoridades cumplan con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, no es suficiente si no se aplican y si no cambia la cultura en favor de los derechos humanos, más allá de un plano retórico.
Por Pablo Álvarez Icaza Longoria
10 de diciembre, 2020
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Este 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque ese día de 1948 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), que desde entonces es el marco normativo para todos los Estados Parte. No está de más reiterar, como lo establece el organismo en su portal, que:

La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Está disponible en más de 500 lenguas y es el documento que más se ha traducido en todo el mundo.

La ONU decidió que este año el tema de la conmemoración esté relacionado con la pandemia por COVID-19 y se centre en la necesidad de reconstruir para mejorar, asegurando que los derechos humanos sean la base para los esfuerzos de recuperación. En particular, el organismo ha llamado a impulsar la campaña “Defendamos los Derechos Humanos. Reconstruir para mejorar”. En el caso de México es más que pertinente, porque es uno de los países más afectados por la pandemia.

Hasta el 8 de diciembre de 2020, de acuerdo con cifras de la Central Europea para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), agencia oficial de la Unión Europea, en el registro de casos covid-19, México ocupa la posición 12 con 1 millón 182 mil 249, mientras que por cifra de personas fallecidas se ubica en el cuarto puesto con 110 mil 074, sólo por debajo de Estado Unidos, Brasil e India. Por gravedad de la enfermedad, medida de casos acumulados en los últimos 14 días por cada 100 mil habitantes, se ubica en el lugar 78 con un registro de 104.2, dentro del rango 60.0-119.9, el tercero menos peligroso. Esto, sin embargo, puede generar un exceso de confianza, preocupación expresada por Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de Salud (OMS), cuando el pasado 30 de noviembre señaló que México no tomaba muy en serio la pandemia.

Por otra parte, datos de la Universidad de Oxford, actualizados hasta el 7 de diciembre, indican que México ocupa el lugar 14 en el indicador de fallecimientos por millón de habitantes con 853.732, debajo de Estados Unidos, en el lugar 13 con 857.102. Si bien se considera que este indicador es más adecuado que el de muertes en números absolutos, no debe olvidarse el señalamiento en torno al subregistro de fallecimientos por covid. Algunos investigadores han insistido en que debería hacerse el análisis con el cálculo de muertes excedentes; sin embargo, es prácticamente imposible hacerlo en todos los países, por lo que con imperfecciones y reservas, éste es el que se usa para los comparativos mundiales.

El impacto económico de la pandemia también es grave, si consideramos la caída del producto interno bruto (PIB) de -8.9% en 2020, estimada por el Banco de México en su último informe trimestral, pero sobre todo si se toman en cuenta las evidencias de caída de los ingresos e incremento de la pobreza que reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el 20 de noviembre: “Entre el primer y tercer trimestre de 2020, el ingreso laboral real tuvo una disminución de 12.3%, y un aumento de la pobreza laboral de 35.7% a 44.5%”.

Los efectos del incremento de la pobreza en el país son diferenciados por sexo, como resalta Coneval en su comunicado: “En el tercer trimestre de 2020, la pobreza laboral de los hombres ocupados presentó un aumento de 2.0 puntos porcentuales respecto al primer trimestre de 2020, mientras que la pobreza laboral de las mujeres ocupadas se mantuvo en 15.6%, en el mismo periodo”.

Por ello, nos parece pertinente atender de manera urgente los llamados que hace la ONU en torno a la emergencia sanitaria mundial:

  • Erradicación de cualquier tipo de discriminación: la crisis del covid-19 se ha visto alimentada por la discriminación estructural y el racismo. La igualdad y la no discriminación son requisitos básicos para el mundo pospandemia.
  • Actuación frente a las desigualdades: para recuperarnos de la crisis, también debemos afrontar las desigualdades socioeconómicas. Para ello, necesitamos fomentar y proteger los derechos económicos, sociales y culturales. Necesitamos un nuevo compromiso social para una nueva era.
  • Impulsar la participación y solidaridad: todos estamos juntos en esto, desde las personas hasta los gobiernos, la sociedad civil, las comunidades y el sector privado. Todos los sectores tienen un papel relevante en la construcción de un mundo pospandemia mejorado para generaciones presentes y futuras.

La pandemia por covid-19 también ha generado conductas discriminatorias hacia personal del sector salud: médicos, enfermeras, camilleros, a quienes se les impide abordar el transporte público, ingresar a un establecimiento, o bien, se les agrede físicamente de diversas formas, con cloro o café caliente. No solo en notas de prensa, sino en denuncias por presuntos actos de discriminación presentados ante organismos de derechos humanos o de prevención y eliminación de la discriminación nacionales y locales. En el caso de la Ciudad de México, incluso legisladores han presentado iniciativas para reformar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación con el fin de tipificar como acto discriminatorio las expresiones de hostilidad hacia el personal de salud por el estigma de covid-19.

Pero no solo el personal de salud ha sido objeto de conductas discriminatorias que llegan a manifestarse en forma de violencia. COPRED ha recibido casos de vecinos agredidos por estar contagiados de covid-19.

Algunas claves del comportamiento que tienen personas mayores de 17 años que residen en la Ciudad de México las podemos encontrar en la Encuesta Sobre Discriminación de la Ciudad de México (EDIS-CDMX) 2017. En el módulo sobre derechos humanos, 86.3% reconoce que ha oído hablar sobre el término. De manera espontánea, 12.9% lo asocia con la idea de que “todos tenemos derechos”, 10.3% con que “defienden a la gente”, 9.3% con que “ayudan a la gente”, 8.6% con que “protegen a la gente”. Es decir, las primeras cuatro menciones son positivas, el 41.1%; sin embargo, la quinta mención más importante (4.9%) lo asocia negativamente: “defienden delincuentes”. En 2013 ésa fue la tercera respuesta más importante (9.8%).

Al preguntar “Cuando escucha el término Derechos Humanos, ¿con qué lo asocia principalmente?” en el total de respuestas espontáneas vuelven a manifestarse perspectivas favorables: igualdad (12.0%), derechos de los ciudadanos (10.0%), defensa de los ciudadanos (9.8%), respeto (9.4%) y justicia (9.2%), por mencionar las más destacadas, pero las siguientes mantienen también una vinculación positiva.

Sin embargo, cuando se le pregunta con que lo asocia mucho, en pregunta cerrada, la primera opción que aparece es defensa de los delincuentes (38.9%), seguido de discriminación (34.6%), igualdad (32.3%), justicia (30.9%) y defensa de los ciudadanos (30.7%) por mencionar las cinco más importantes. Esta situación contrasta con 2013, cuando los primeros cinco lugares fueron defensa de los ciudadanos (43.8%), discriminación (42.5%), justicia (39.9%), igualdad (39.7%) y dignidad (39.5%), mientras que la defensa a los delincuentes se situaba en una séptima posición (35.3%).

Esta perspectiva negativa no extraña a la luz de la percepción desfavorable en torno al respeto a los derechos humanos en la Ciudad de México. En 2013, 77% respondió que se respetaban poco o no se respetaban, y ese porcentaje fue muy similar en 2017 (76.2%). Esta percepción fue muy parecida a la que tenían los residentes de la Ciudad de México respecto al resto del país, pero la proporción de quienes piensan que no se respetan paso de 32.9% a 36.7%.

Por otra parte, cuando se les pidió a las personas que señalaran cuál de los 15 derechos humanos que contemplaba el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (2009) era el más importante, los cinco primeros que mencionaron en 2017 fueron derecho a la salud (40.8%), derecho a la educación (40.7%, derecho a la vivienda (31.9%), derecho a la libertad de expresión (30.7%) y derecho al trabajo (28.5%). En comparación, en 2013 el derecho a la igualdad y a la no discriminación aparecía en cuarto sitio (27.7%) y el derecho a la libertad de expresión en séptima posición (22.4%).

Hago hincapié en que las encuestas arrojan hallazgos, pero no nos explican el porqué de los resultados. Por ello, resulta preocupante la asociación negativa del término derechos humanos (defensa de delincuentes) y la percepción negativa sobre el respeto a los derechos humanos en la Ciudad de México. Sobre el primer aspecto, como hipótesis quisiera destacar el incremento de la inseguridad y de la violencia, especialmente hacia las mujeres, que se registró entre 2013 y 2017. Incluso, poco antes del levantamiento de la encuesta (1 al 9 de junio de 2017) se registraron casos muy mediáticos como el feminicidio de Lesvy Berlín Osorio (3 de mayo de 2017) en Ciudad Universitaria, que conmocionó a la opinión pública. Es de destacar también que mientras las mujeres no aparecían entre los 10 grupos más discriminados en la EDIS-CDMX en 2013, en 2017 ocuparon la séptima posición. Sobre el segundo, pensaría que se trata más de necesidades no satisfechas entre la población, así como del revuelo que ocasionó la censura a periodistas entre 2013 y 2017.

En 2021 se levantará de nueva cuenta la EDIS-CDMX. Será muy interesante saber si la perspectiva y percepción de los derechos humanos ha cambiado favorablemente. Pensaríamos que sí, considerando que el gobierno local sale bien evaluado en las encuestas y especialmente en el manejo de la pandemia. Sin embargo, no deja de preocuparnos que la percepción negativa que se tiene sobre ellos aliente los enfoques punitivos, que consideran que aumentando las penas en las leyes va haber una mejoría de los derechos humanos.

Termino esta colaboración resaltando aspectos que COPRED ya ha destacado en sus pronunciamientos, conversatorios y estudios de este año:

  • La pandemia por covid-19 ha tenido impactos diferenciados desfavorables en los grupos de atención prioritaria o situación de vulnerabilidad, ya consignados en el informe Impactos diferenciados por covid-19: diálogos con organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, es urgente que las autoridades tomen medidas positivas para apoyarlos.
  • La Ciudad de México cuenta con marco normativo garantista muy amplio: la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM), una Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, y una Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, que fue objeto de una profunda reforma para armonizarse con la CPCM. Si bien la existencia de buenas leyes es condición necesaria para que todas las autoridades cumplan con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, no es suficiente si no se aplican y si no cambia la cultura en favor de los derechos humanos, más allá de un plano retórico.

A 72 años de la DUDH compartimos el optimismo de las Naciones Unidas en torno a que el esfuerzo conjunto de los gobiernos y las sociedades contribuirá a la recuperación y al fomento de sociedades más resilientes y justas, en un entorno de crisis sanitaria que podría superarse con la cooperación de todos los sectores sociales.

* Pablo Álvarez Icaza Longoria es Coordinador de Políticas Públicas y Legislativas del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).

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