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Violencia contra las trabajadoras sexuales: su origen e invisibilización
Hoy no es un día para debatir las distintas posturas en torno al trabajo sexual; es un día para reconocer a quienes lo ejercen como personas titulares de derechos, entre ellos a una vida libre de violencia.
Por Adriana Aguilera
17 de diciembre, 2020
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“Todas las personas, excepto las que son ricas de manera independiente y las desempleadas, recibimos dinero por el uso de nuestro cuerpo. Profesores, obreros, abogados, cantantes de ópera, prostitutas, médicos, legisladores, todos hacemos cosas con partes de nuestro cuerpo y recibimos a cambio un salario. Algunas personas reciben un buen salario y otras no; algunas tienen cierto grado de control sobre sus condiciones laborales, otras tienen muy poco control; algunas tienen muchas opciones de empleo, y otras tienen muy pocas. Y unas son socialmente estigmatizadas y otras no lo son”.

Marta Nussbaum

 

Este 17 de diciembre se conmemora el Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales, tras los crímenes violentos ocurridos en Seattle entre los 80’s y 90’s, cuando un asesino serial le quitó la vida a más de 49 trabajadoras sexuales con la supuesta finalidad de “limpiar las calles”. Con el paso de los años, este día se ha convertido en un homenaje a las víctimas; sin embargo, también se ha extendido su significado para darles voz a todas las trabajadoras sexuales que sufren maltratos, abusos y violencia al ejercer su trabajo.

Y no, no es un día para debatir las distintas posturas en torno al trabajo sexual; es un día para reconocer a quienes lo ejercen como personas titulares de derechos, entre ellos a una vida libre de violencia. Por ello, resulta pertinente resaltar las distintas voces de trabajadoras sexuales frente a este derecho, así como las condiciones que obstaculizan su ejercicio digno y seguro.

Desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) se han impulsado varias acciones de acompañamiento y trabajo conjunto con organizaciones, colectivos, activistas y las propias PERTS (personas trabajadoras sexuales) para impulsar el reconocimiento y ejercicio de sus derechos sin discriminación, así como la importancia del reconocimiento legal del trabajo sexual como tal: un trabajo.

Lo anterior en congruencia con el principio de autonomía que exige entender a las personas que lo ejercen como agentes morales que pueden tomar decisiones sobre su cuerpo y acerca de cómo ganarse la vida con los servicios que ofrecen a través de éste. No hay que dejar de entender que una forma de materializar la dignidad humana es justo el ejercicio del libre desarrollo del trabajo, y que la progresividad de la libertad se ha constituido en una libre disposición del cuerpo: “Hay que dejar algo claro; vendemos servicios, nuestros cuerpos son y seguirán siendo nuestros porque en nuestros cuerpos, ¡mandamos nosotras! ¡Exigimos el respeto a nuestro derecho a decidir como personas libres y autónomas!” (Testimonio PERT).

En la conmemoración de este día internacional, destaco algunos datos sobre los distintos tipos de violencia que enfrentan las trabajadoras sexuales en el ejercicio de su labor. Estos son parte del informe de resultados de la encuesta Trabajo Sexual, Derechos y No discriminación publicada este año, así como del informe Impactos Diferenciados por Covid-19: Diálgos con organizaciones de la sociedad civil.

Sobre los datos que reflejan la vulneración del derecho a una vida de violencia en los resultados de la encuesta –realizada a 224 PERTS de 13 alcaldías–, el 39.6% ha sido violentada/o por algún cliente y el 21.6% respondió que varias veces.

Además, 30.5% de las PERTS también dijeron haber sufrido violencia por parte de personas que pasan por sus puntos de trabajo, vecinos y población en general. El 27.3% dijo que varias veces.

A la pregunta “¿Has sido violentada por alguna autoridad?”, el 36.5% indicó que sí y el 28.4% refirió que en varias ocasiones, mientras que el 35.1% indicó que no. En las respuestas en torno a su reacción en caso de enfrentar violencia, el 44.4% busca a un amigo/a, 33.2% llaman a la policía, 22% levanta una denuncia, 18.8% van a la CDHDF o a COPRED, y el 4.5% refirió que no hacían nada.

Entre las principales razones para no realizar denuncias destacan “no me hacen caso”, “no pasa nada”, “miedo”, “porque son las mismas autoridades las que nos violentan”, “porque nos tratan peor”. De entre quienes han denunciado, al 24.2% se le brindó atención, pero no se dio seguimiento, el 21.1% indicó que se le discriminó y al 17.9% no se le atendió.

En cuanto a quienes requirieron servicios médicos después de la violencia, el 47.7% prefiere ir a una institución de salud privada, el 23.8% indicó que les habían atendido sin problema, y el 22.3% dijo que les habían discriminado, seguido de “me atendieron, pero de mala manera” con un 20.2%.

Por otro lado, en los diálogos que COPRED mantuvo con las organizaciones de la sociedad civil en distintos conversatorios para cada grupo de atención prioritaria, durante el que abordó los impactos diferenciados en personas trabajadoras sexuales derivados de la pandemia por covid-19 se exhibieron distintos obstáculos y efectos que las medidas por la contingencia sanitaria han acentuado en el ejercicio y acceso de las PERTS a una vida libre de violencia.

Entre estos destaca la discriminación derivada de la estigmatización al considerarlas “foco de contagio”; el hostigamiento, extorsión a clientes y cobro de piso por parte de agentes policiales; la violencia que enfrentan por el estigma social hacia el trabajo sexual por parte de personas servidoras públicas, vecinos, clientes y sociedad en general; la necesidad de tener que trabajar de manera clandestina y en condiciones inseguras tras el cierre de hoteles al inicio de la pandemia; así como la violencia económica que viven en entornos familiares y en algunos casos la necesidad de regresar a sus comunidades de origen, de las que inicialmente huyeron por violencia, precarización y discriminación, lo cual las coloca nuevamente en una situación de peligro.

Por supuesto que la vulneración a este derecho, bajo el principio de interdependencia de los derechos humanos, desencadena otras violaciones a distintos derechos, por lo que es imprescindible resaltar lo siguiente como una explicación que quizá narra el origen de toda violencia –fundamentada en la cuestión del género– ejercida en contra de las trabajadoras sexuales.

Es un hecho que el derecho al trabajo es indispensable para el ejercicio de otros derechos, y absolutamente todas las personas requerimos de ingresos para sustentar nuestra vida y la de las personas que dependen de nosotras. La elección de qué oficio ejercemos depende de nuestro contexto, oportunidades, alcance, intereses, necesidades y luchas.

Dicho lo anterior, se ejercen también toda una serie de oficios informales: desde personas barrenderas, recolectores de basura, de limpieza de calles, taxistas, maquinistas, jornaleras, vendedoras ambulantes y otros que no están en el foco social pero que definitivamente deben ser revisadas las condiciones de trabajo para que sean dignas.

¿Por qué la condena social se enfoca en el trabajo sexual y perpetúa la violencia que las personas –sobre todo mujeres– enfrentan por el mero ejercicio de éste? La respuesta está ligada a la construcción social del género y su vínculo con la forma de pensar la sexualidad.

Si realmente quisiéramos redefinir lo que entendemos por género y los supuestos roles que deben cumplirse, daríamos un paso más hacia la libertad sexual y comenzaríamos a eliminar los prejuicios y estigmas alrededor de cómo, cuándo y con quién(es) ejercemos nuestra sexualidad.

No hay que seguir estigmatizando. La abolición de la construcción patriarcal del género es lucha del feminismo en general. Lo que debemos entender es que en esa deconstrucción, el género y la sexualidad pueden tomar nuevas formas de expresión. También que la identidad del feminismo y de lo que significa ser mujer no está caracterizada bajo un solo precepto, o una sola serie de factores, ideas, luchas, necesidades o exigencias, sino que es multifactorial. Entre más apertura haya hacia el tema de la sexualidad y su liberación, habrá menos acciones para el sometimiento y fomento a la violencia, lo cual se convertiría en un proceso de empoderamiento.

Entendido lo anterior, ¿no es un ideal opresivo el cuestionar la decisión de aquellas mujeres que decidieron ejercer el trabajo sexual, y victimizarlas siempre? ¿No busca el feminismo derrocar las distintas formas de opresión y la idea de que los hombres son quienes saben lo que  conviene a las mujeres? Decir que no tienen autonomía y cuestionar sus decisiones deviene en otra forma de opresión, mediante la cual no se les reconoce pensamiento, voz y capacidad de agencia propios. Y este pensamiento desencadena todo una serie de maltratos, discriminación y violencia en contra de las trabajadoras sexuales.

Vayamos más allá de la teoría, escuchemos la voz de quienes ejercen el trabajo sexual de manera autónoma y reconozcámoslas como titulares de derechos para dar un paso hacia la eliminación de toda discriminación y violencias ejercidas contra ellas.

* Adriana Aguilera es secretaria técnica del @COPRED_CDMX.

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