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El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) es una organizac... El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) es una organización regional, de la sociedad civil, sin fines de lucro, fundada en 2010. Nuestra misión es fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos, interseccional y de género. En este blog compartiremos ideas sobre cómo desde la ciudadanía, las comunidades y OSC podemos presionar a los gobiernos y actores empresariales para que exista una rendición de cuentas real y se corrijan los desequilibrios de poder. (Leer más)
A 7 años de impunidad, ¿cuándo se hará responsable Grupo México por los daños ocasionados en el Río Sonora?
El 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, lo que afectó en ese momento y de forma directa a 22 mil personas en siete municipios. Hasta hoy los daños acumulados son difíciles de calcular debido a que el impacto en la salud de las personas y del ecosistema se deben medir a gran escala y con pespectiva de mediano y largo plazo.
Por Miguel Soto Treviño
20 de agosto, 2021
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Este mes se cumplieron 7 años desde que la empresa Grupo México provocó el peor desastre ambiental minero en la historia de nuestro país. Siete años desde que la corporación de uno de los hombres más acaudalados, Germán Larrea, cometió graves abusos a los derechos humanos de las comunidades e indignación en la sociedad mexicana. Son siete años en los que esta empresa con un largo historial de desastres en el mundo i, continúa impune y sin rendir cuentas por lo sucedido.

Aquel 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, lo que afectó en ese momento y de forma directa a 22 mil personas en siete municipios. Hasta hoy los daños acumulados son difíciles de calcular debido a que el impacto en la salud de las personas y del ecosistema, sobre todo cuando hablamos de metales pesados que entran en la cadena alimenticia, se deben medir a gran escala y con pespectiva de mediano y largo plazo. Las consecuencias en el cuerpo generadas por el consumo de productos o agua contaminada con metales pesados como plomo y arsénico, detectados y reconocidos por la COFEPRIS ii, suelen aparecer en lapsos de 15 a 20 años y se manifiestan a través de enfermedades como cáncer e insuficiencia renal iii.

Pasa el tiempo y la lista de demandas de las comunidades afectadas, organizadas mediante los Comités de Cuenca Río Sonora iv, sigue aumentando y al día de hoy ellas mismas han expresado v que urge el acceso a agua limpia para uso y consumo en los municipios afectados, la atención a la salud de la población, la reubicación de pozos que contienen metales pesados, la reapertura y participación en el fondo irregular vi creado para la remediación (llamado Fideicomiso Río Sonora vii), la construcción de plantas potabilizadoras y de una clínica especializada prometida por el gobierno de aquel entonces y Grupo México, una de las demandas clave y cuyo resultado final es una obra negra abandonada e infestada por animales y estiércol en el municipio de Ures.

A los pendientes aún sin resolver para la reparación integral del daño también se le suman las deudas con la verdad y la justicia ante actos de funcionarios públicos y empresarios que definieron en 2017, sin participación de las y los afectados, que el tema estaba resuelto y cerrado. Incluso subejercieron 40 por ciento del presupuesto destinado a atender la tragedia. Alguno de esos funcionarios continuaron en cargos de alto nivel como es el caso de Rodolfo Lacy Tamayo, quien encabezó desde el gobierno federal el comité creado para administrar el fondo para la reparación y hoy es director de medio ambiente en la OCDE viii.

De igual manera la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) de la anterior Administración dio por remediada la situación, sin consultar a las víctimas. Es fundamental conocer la verdad sobre lo que ocurrió y que las autoridades actuales den explicaciones y justifiquen con minutas, documentos, estudios y análisis oficiales cómo es que se puede llegar a la conclusión de que no se necesitaron plantas potabilizadoras (¡prometieron 36!) para la región afectada ni la reubicación de pozos, cómo se llegó a definir que no se necesitaba una clínica de atención especializada para la atención y monitoreo a la salud de miles de personas expuestas a sustancias altamente tóxicas y cancerígenas. ¿Cómo se argumentaron y justificaron jurídica y técnicamente estas decisiones y quiénes fueron los responsables en el sector público y privado de las mismas? Y, ¿por qué no? ¿Cómo es que nunca hubo rendición de cuentas ni castigo ejemplar para la empresa?

Ya no puede haber más pretextos. La autodenominada Cuarta Transformación llega a la mitad de su término y por primera vez hay un gobierno presuntamente progresista a nivel federal, y en las próximas semanas también a nivel estatal, por lo tanto, es urgente ponerle un alto a todos estos años de simulación y de falta de articulación de competencias de las autoridades. Es inaceptable que entre los tres niveles de gobierno sigan diciendo “a mí no me toca”, mientras que Grupo México y Germán Larrea siguen lucrando en medio de la tragedia.

Urge que el llamado del representante adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en México, Jesús Peña, y de las comunidades, sea escuchado por todas las partes interesadas incluyendo a las entidades inversionistas, a las reguladoras, calificadoras, analistas, a Pacto Global, a los índices de bolsas sustentables en los que aparece esta empresa.

“Tal como lo establecen los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos no depende de la capacidad o la voluntad del Estado y que ellas también están obligadas a observar una debida diligencia en sus procesos y remediar sus errores”ix.

A siete años de la tragedia no es un asunto de “apoyo” o de buena voluntad de la empresa como lo aseveró antier el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina x. Es un tema de justicia social y una deuda con las comunidades de Sonora y la sociedad mexicana. Es la oportunidad de ponerle un alto al poder corporativo que durante muchos años ha capturado las instituciones y también es la oportunidad de sentar un precedente relevante en materia de justicia ambiental y que puede abonar a procesos de defensa y resistencia similares en el país donde corporaciones han destruido ríos y comunidades como en Jalisco.

Este gobierno y concretamente la PROFEPA y su titular, Blanca Mendoza, deben conceder ya, y sin más retraso, la solicitud de medidas cautelares presentadas por la comunidad. No hay forma de entender la lentitud de la respuesta ante una cuestión tan urgente, en tanto la dependencia resuelve el tema de fondo sobre la reapertura del fondo para la reparación xi.

A siete años de recordar esta urgente necesidad de justicia y de alto a la impunidad corporativa, también aprovechamos para reconocer y visibilizar que esta lucha sólo es posible por la valentía, paciencia, fuerza, energía y trabajo de mujeres, de niñas, de niños y de hombres que no se rinden y que junto con organizaciones de la sociedad civil seguirán defendiendo sus derechos. Son siete años ya de una tragedia ambiental pero también del nacimiento de un movimiento que llegó a cambiar las reglas del juego corporativo.

* Miguel Soto Treviño (@Miguel_STrev) es director de vinculación estratégica, campañas de incidencia y relaciones públicas en Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).

 

 

 

i PODER, 2019. El listado de desastres de Grupo México. Disponible aquí.

ii PODER, 2020, Reconoce Cofepris contaminación masiva en agua de consumo humano en Río Sonora. Disponible aquí.

iii Organización Mundial de la Salud, 2009. Hoja de datos del Arsénico. Disponible aquí.

iv Comites de Cuenca Río Sonora, 2014. Disponible aquí.

v  CCRS, 2021, Basta de Impunidad, disponible aquí.

vi  PODER, 2018, Análisis del Fideicomiso Río Sonora. Disponible aquí.

vii PODER, 2021, Segundo Día de Reunión Pública Informativa. Disponible aquí.

viii OECD, 2018, perfil Rodolfo Lacy Tamayo, disponible aquí.

ix  OACNUDH, 2021,  Comentario de Jesús Peña Palacios,  Representante adjunto de la ONU-DH México, con ocasión del 7moaniversario del derrame ocurrido en los ríos Sonora y Bacanuch. Disponible aquí.

x PRESIDENCIA, 2021, Versión estenográfica de conferencia de prensa del 16 de agosto, disponible aquí.

xi PODER, 2021, Segundo día de reunión pública informativa. Disponible en aquí.

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