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El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) es una organizac... El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) es una organización regional, de la sociedad civil, sin fines de lucro, fundada en 2010. Nuestra misión es fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos, interseccional y de género. En este blog compartiremos ideas sobre cómo desde la ciudadanía, las comunidades y OSC podemos presionar a los gobiernos y actores empresariales para que exista una rendición de cuentas real y se corrijan los desequilibrios de poder. (Leer más)
Los próximos diez años, fundamentales para la agenda de empresas y derechos humanos
A una década de la adopción e implementación de los PRNU, hay un importante camino recorrido. Sin embargo las afectaciones a los derechos humanos de las comunidades más vulnerables en el contexto de la actividad empresarial siguen siendo moneda corriente, las desigualdades se han profundizado por la pandemia de Covid 19 y su crisis asociada, y las acciones para abordar la crisis climática son realmente insuficientes, como se observa de los resultados de la COP26 que acaba de terminar.
Por Fernanda Hopenhaym
17 de noviembre, 2021
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Los primeros diez años de los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU) 1 han sido fundacionales. De ser un tema que prácticamente no se encontraba en la agenda de los Estados, el sector privado, la academia y la sociedad civil, se ha convertido en parte del discurso público y la comunidad de práctica se va ampliando cada vez más.

El Foro de Empresas y Derechos Humanos de la ONU realizado anualmente ya va hacia su décima edición, y la participación en el mismo ha ido en aumento. La última vez que se realizara en persona, en noviembre de 2019, alcanzó a casi 2500 participantes, y si bien la dinámica ha cambiado dada la virtualidad provocada por la pandemia, sigue generando un alto interés como espacio de diálogo e intercambio.

Asimismo, la región de América Latina ha tenido sus foros regionales, llegando a la sexta edición en octubre de 2021. En ese marco, se llevaron a cabo casi 50 conversaciones virtuales entre personas de todos los sectores.

Por otra parte, vemos avances en la implementación de los PRNU en forma de Planes Nacionales de Acción (NAP, por sus siglas en inglés) con 30 países a nivel global que han implementado este tipo de política pública 2. Asimismo, 14 otros países se encuentran en fase de desarrollo de un NAP y al menos 13 más tienen algún tipo de iniciativa, no necesariamente estatal. En América Latina, Colombia, Chile y Perú cuentan con NAPs, mientras que Argentina y México se encuentran en fase de desarrollo. Estos planes son políticas desarrolladas por los gobiernos, generalmente mediante procesos que cuentan con la participación de todos los sectores, en mayor o menor medida.

Además, bajo los PRNU, las empresas tienen la obligación de llevar a cabo procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos, con el fin de identificar potenciales afectaciones e implementar medidas de prevención y mitigación. En este sentido, hay distintas directrices de carácter voluntario para las empresas, como la Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable, que contiene elementos muy relevantes en la materia, y al mismo tiempo hay una tendencia hacia el desarrollo de leyes de debida diligencia obligatoria, como la de Francia de 2017 (la única en vigor actualmente en Europa), la alemana y la noruega, aprobadas pero aún por entrar en vigor, y las propuestas de Holanda, Austria y Bélgica 3. Asimismo, la Unión Europea, en el seno de su parlamento, está discutiendo una propuesta de ley, la cual aplicaría a los 27 estados integrantes, sentando un precedente importante.

En América Latina estas discusiones son más bien incipientes y todavía se encuentran en el espacio de lo voluntario, si bien en México se presentó una propuesta de ley pero sin discusiones con todos los sectores ni bajo la premisa de construir un apoyo amplio al asunto. Es muy probable que esta iniciativa no avance en las condiciones actuales.

Otra iniciativa de carácter vinculante dentro de la agenda de empresas y derechos humanos es la elaboración de un instrumento en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Tratado Vinculante 4. Estas negociaciones continúan, habiendo tenido lugar recientemente la séptima sesión de trabajo entre los Estados. Si bien hay retos importantes, el proceso se sostiene y se van viendo avances.

Entonces, a una década de la adopción e implementación de los PRNU, hay un importante camino recorrido. Sin embargo las afectaciones a los derechos humanos de las comunidades más vulnerables en el contexto de la actividad empresarial siguen siendo moneda corriente, las desigualdades se han profundizado por la pandemia de Covid 19 y su crisis asociada y las acciones para abordar la crisis climática son realmente insuficientes, como se observa de los resultados de la COP26 que acaba de terminar.

Los próximos diez de la agenda de empresas y derechos humanos serán años clave para profundizar en soluciones a los problemas estructurales que enfrentamos como sociedades: la captura del estado, las violaciones a los derechos humanos, las profundas desigualdades e injusticias. No hay una única fórmula y por lo tanto, se deberá impulsar un enfoque sistémico que combine políticas, prácticas y regulaciones basadas en los PRNU, y caminar cada vez más hacia la obligatoriedad.

La prevención es fundamental. Es urgente avanzar los procesos de debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos y medio ambiente a nivel global. Las propuestas europeas deberán prosperar, y otros países deberán subirse abordo si tienen verdaderamente un compromiso con esta agenda. Asimismo, hay mucha oportunidad para desarrollar NAPs que contengan herramientas de protección a los derechos humanos y acceso a justicia y reparación. Será clave apostar a la complementariedad de los procesos, incluyendo la creación del instrumento jurídicamente vinculante que está en negociación.

Otro elemento clave para los años venideros será el trabajo con todos los sectores y actores, en espacios cada vez más diversos e inclusivos, con participación de gobiernos, empresas, instituciones de inversión, sociedad civil, academia, comunidades, movimientos sociales, otros actores estatales y de la comunidad internacional. Siempre con la perspectiva de los grupos más vulnerados en el centro.

La inclusión de la perspectiva de género e interseccionalidad en cada acción y estrategia es ineludible, así como identificar y corregir los enormes desbalances de poder entre las partes interesadas participando de esta agenda.

Se vienen años desafiantes y debemos enfrentar con las mejores herramientas las crisis vitales que atravesamos globalmente, trabajar de forma concertada para asegurar un presente digno y un futuro mejor para todas las personas y el planeta.

Ya hemos tenido diez años fundacionales; los próximos diez serán los años fundamentales para dar un salto cuántico y lograr cambios sustantivos sobre la base de lo ya construido. Las apuestas deberán ser fuertes, sobretodo desde los Estados y las empresas, para cambiar de manera estructural la forma de concebir los negocios a nivel global, con estricto apego a las obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos y protección del ambiente.

* Fernanda Hopenhaym (@fernanda_ho) es Codirectora Ejecutiva de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) e integrante del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.

 

 

 

1 Disponible aquí.

2 Disponible aquí.

3 Disponible aquí.

4 Para más información sobre este proceso del Tratado, aquí.

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