Las élites empresariales buscan mantener sus privilegios a como dé lugar y para ello tuercen las reglas del juego, y si no les gustan procuran crean otras con el fin de hacer negocios, no importa si es a costa del interés público. Más allá del país en el que se encuentren, operan casi con las mismas estrategias porque el poder económico que tienen rebasa comúnmente cualquier límite que un Estado les pueda imponer. Cuando se trata de generar beneficios para sus accionistas, pareciera que para el sector privado no hay tratados internacionales, tampoco Constituciones ni liderazgos políticos que le haga frente de manera contundente. Sí, se tenía que decir, y se dijo…

Para que esta situación cambie el primer paso en este largo camino es reconocer e identificar el problema. Se llama captura del Estado y ha sido estudiado en los últimos años por personas de la academia, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de financiamiento, entre otras.

Este fenómeno se define como la interferencia indebida o exacerbada del sector privado en la vida pública y surge cuando entes privados y públicos hacen acuerdos institucionales para imponer su voluntad e intereses sobre las necesidades y derechos de la sociedad en su conjunto. Las y los actores detrás de estos convenios, no siempre explícitos, desde el sector privado suelen ser empresas, despachos de abogacía, de cabildeo, de relaciones públicas, de intermediarios financieros, y desde el sector público suelen ser figuras políticas y funcionarias/os públicas/os. Los arreglos entre estas partes crean un desbalance de poder en favor del interés privado, el cual termina devorando al interés público.

De acuerdo con diversos estudios, algunas de las manifestaciones de la captura del Estado son:

• La flexibilización de leyes para “suavizarlas”.
• El debilitamiento de las instituciones reguladoras.
• La interferencia indebida en procesos de elección popular.
• La utilización de la fuerza pública (Policía, Ejército, Marina, Guardia Nacional, por ejemplo) para defender proyectos privados y actuar contra las comunidades.
• La implementación de estrategias de empleo precario.
• La manipulación de comunidades mediante la siembra de discordia ante procesos de decisión popular, por ejemplo, frente a la instalación de proyectos extractivos.
• La aparición de las llamadas “puertas giratorias”, es decir, los intercambios de posiciones de los principales puestos de formulación de políticas de los poderes ejecutivo y legislativo y de las agencias reguladoras hacia el sector privado, o viceversa, dentro de un mismo sector de la economía.
• El cabildeo. Acciones de diversos grupos de interés para influir en políticas públicas o la formulación de leyes. Muchas veces esos grupos de interés están bien organizados y financiados en empresas dedicadas exclusivamente a eso y son dirigidas por ex funcionarios públicos quienes conocen los procesos regulatorios y de asignación de permisos.
• El “capitalismo de cuates”, por ejemplo, el financiamiento público a empresas por medio de subsidios directos y/o exención de impuestos, en la asignación de contratos y obra pública directos, sin procesos de licitación abiertos ni transparentes a personas u organizaciones ligadas al funcionario/a público/a, o el financiamiento ilegal de campañas políticas a cambio de favores.
• La diplomacia económica, es decir, cuando un Estado impone los intereses de sus corporaciones por encima de las necesidades y derechos de los países en los que opera.
• La privatización de los servicios públicos, origen de las fortunas millonarias en el caso de muchos magnates mexicanos.
• La manipulación de la ciencia (por ejemplo, para financiar estudios académicos que nieguen la responsabilidad de los combustibles fósiles en el cambio climático), de las narrativas y de los medios de comunicación.

Cada una de las acciones anteriormente descritas contribuye al debilitamiento de las instituciones estatales, a los procesos responsables de garantizar que se puedan respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y al mismo tiempo fortalecen y aceitan la corrupción estructural. Este fenómeno va más allá de actos ilegales como el soborno o el enriquecimiento ilícito, sino que se basa justamente en estrategias más sutiles, en su mayoría legales, definitivamente difusas y en muchas ocasiones, difíciles de documentar.

Aunque las élites empresariales afirman que les interesa el bienestar de la nación, hay ejemplos explícitos recientes de captura del Estado. Por ejemplo, el hasta hace dos semanas Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, exhibió en varias ocasiones las dificultades para sancionar a la minera Grupo México, de Germán Larrea, responsable de graves afectaciones ambientales y abusos a derechos humanos en Sonora y varias partes del mundo. El Secretario manifestó el año pasado las dificultades de suspender operaciones de la minera porque “nos enfrentamos a una enorme compañía”, y hace unas semanas se filtró un audio en el que el mismo Toledo reveló las presiones para ser más “accesibles” con dicha corporación.

La captura del Estado y el poder de la élite empresarial de los sectores minero y de las telecomunicaciones también quedó expuesta cuando sin razón alguna, y en medio de la pandemia por el brote del nuevo coronavirus, la industria minera fue declarada “actividad esencial” en el marco de la crisis sanitaria y, por otro lado, cuando el empresario y consejero del presidente Andrés Manuel López Obrador, dueño de la segunda televisora más grande del país, un banco y una cadena de tiendas de autoservicio, entre otras cosas, Ricardo Salinas Pliego, se negó públicamente a acatar la orden del gobierno federal de cerrar sus tiendas como una medida para frenar los contagios. Dos ejemplos de la élite torciendo la ley en beneficio del interés privado por encima del interés público.

Aunque existen herramientas desde el sector público para comenzar a frenar los abusos empresariales a los derechos humanos, como los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, un conjunto de reglas voluntarias que deberían seguir las compañías y los Estados en todo el mundo, hace falta ir mucho más allá para combatir la captura del Estado. Es necesario crear nuevos acuerdos y medidas obligatorias que reduzcan la brecha de poder entre el sector público y privado, que ataquen el problema de raíz y eso pasa también por explorar nuevos caminos que lleven a desmontar estructuras que blindan al sector privado y consolidan la arquitectura de la impunidad, estructuras tales como el secreto bancario, los paraísos fiscales, las abusivas y secretas cláusulas comerciales y los tribunales internacionales de arbitraje privado. Más adelante exploraremos más sobre estos temas y la responsabilidad que tienen diversas partes interesadas, no solo gobiernos, organizaciones y empresas, también las y los inversionistas que financian a las grandes corporaciones, para comenzar a desmantelar este fenómeno.

Hay mucho que decir y debatir sobre estos temas, es por eso que a partir de hoy y una vez al mes, desde el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) compartiremos en este espacio sobre la urgente necesidad de fortalecer la rendición de cuentas empresarial y el freno a la captura del Estado. No hay tiempo que perder, son momentos complicados en los que los Estados son más vulnerables y es posible que las élites traten de sacar provecho ahora con el pretexto de apoyar una eventual recuperación económica ante la crisis provocada por la contingencia sanitaria.

* Fernanda Hopenhaym es codirectora Ejecutiva de PODER. Miguel Soto Treviño es director de vinculación estratégica y campañas de incidencia.