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Ciudad Posible
Por Onésimo Flores
Fundador de Jetty, la plataforma de transporte colectivo privado en la CDMX. Maestro en Política... Fundador de Jetty, la plataforma de transporte colectivo privado en la CDMX. Maestro en Políticas Públicas y Doctor en Planificación y Estudios Urbanos. (Leer más)
Allende no es Ayotzinapa
Tuvo que explotar Ayotzinapa para que cambiaran un poco las cosas en Coahuila, tras la presunta desaparición de 300 personas en Allende en marzo de 2011. El Moreirismo encontró de pronto una razón urgente para resolver este crimen impune. A ningún miembro del grupo político-familiar que gobierna Coahuila le conviene la comparación con Guerrero: allá hay un alcalde preso, un gobernador renunciado, y una autoridad federal gobernando de facto.
Por Onésimo Flores
18 de diciembre, 2014
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En Febrero de este año la Revista Vice publicó un reportaje de Diego Enrique Osorno sobre la masacre en Allende, Coahuila. En este texto encuentro una de las primeras referencias a la cifra de “los 300” ciudadanos desaparecidos en ese pequeño pueblo fronterizo en Marzo 2011. El número nunca pretendió ser exacto. Según la fuente que ayudó a Osorno a dimensionar el tamaño de la impunidad en Coahuila, “a cualquiera que le preguntes de aquí te va a decir que tiene un familiar o amigo desaparecido desde aquel entonces. Este es un pueblo chiquillo. ¿Cuántas personas fueron desaparecidas? Se habla de 300, pero yo creo que son más”.

Ese reportaje -y un puñado de notas más- lograron sacar a nuestras autoridades del marasmo. Bueno, casi. Habían pasado casi tres años del trágico suceso y las autoridades locales apenas comenzaban a reconocer que el tema era importante. Según ellos, llevaban meses recopilando evidencias. Según ellos, no tardaríamos mucho en conocer la verdad. Por un brevísimo instante los ciudadanos de Allende estuvieron a salvo de un nuevo crimen: el olvido. Sin embargo el interés oficial terminó en cuanto la atención pública comenzó a distraerse. Ninguna autoridad negó la leyenda urbana -pero nunca precisaron los hechos, nunca deslindaron responsabilidades. Todos coinciden en que un par de narcos traicionó a sus jefes y que estos cobraron la cuenta con intereses. Todos saben que los amigos, familiares y trabajadores de Héctor Moreno y Luis Garza -prácticamente el pueblo entero- quedaron marcados. No hay nadie en Coahuila que dude que los sicarios secuestraron a quien quisieron, y nadie olvida que ninguna autoridad local dijo nada.

Foto: Vanguardia.

Foto: Vanguardia.

El mejor ejemplo de la falta de interés en la investigación es que las mismas autoridades adoptaron la imprecisa cifra de “los 300.” El 13 de Abril de este año, Leopoldo Ramos, corresponsal de La Jornada, registró el dato en boca del alcalde del pueblo, Reynaldo Tapia. Ese día, las autoridades estatales comenzaron a demoler las cuarenta y nueve casas que saquearon los narcos. Según explicó el edil, “esas viviendas pertenecían a las familias Garza y Moreno; eran familias muy grandes, ahí vivían unas 300 personas que desaparecieron”. La cifra -siempre aproximada- apareció hasta en declaraciones del Secretario de Gobierno. El punto era resaltar que fueron muchas, muchísimas las víctimas. Una tragedia enorme, pero siempre en abstracto, sin deudos, sin rostros. Quizá alguien concluyó que sería más fácil que el crimen se olvide si las víctimas carecían de nombre. O quizá disputar la cifra era materialmente imposible, pues la investigación apenas comenzaba. Como bien sintetizó un reportaje publicado en El País el 5 de Julio, “a estas alturas no hay una lista oficial de desaparecidos ni de muertos, no hay detenidos, ni siquiera se ha ofrecido un relato oficial pormenorizado de la tragedia”.

A ninguna autoridad en Coahuila le interesa escupir para arriba. ¿A quién van a responsabilizar de las omisiones gubernamentales ocurridas desde Marzo 2011? ¿Al exgobernador interino Jorge Torres, que asumió el cargo apenas dos meses antes de los hechos, o a Humberto Moreira, bajo cuyo mandato los Zetas hicieron de Coahuila una madriguera? ¿Al entonces secretario de Gobierno, David Aguillón, quien hoy despacha como presidente estatal del PRI, o al expresidente de la Comisión de Derechos Humanos que hoy es Procurador? El actual gobernador puede seguir pidiendo disculpas a las víctimas e intentando cerrar las heridas con retórica. Será difícil creerle pues tanto su futuro político personal como el legado de su administración dependen de mantener el pasado enterrado.

Tuvo que explotar Ayotzinapa para que cambiaran un poco las cosas. Con el país convulsionado con la noticia de los 43 estudiantes asesinados en Guerrero, un distinguido académico local puso el dedo en la llaga“Coahuila tiene su propio Ayotzinapa, peor incluso, pues acá desaparecieron a 300 personas y los coahuilenses no dijeron nada”. El Moreirismo encontró de pronto una razón urgente para resolver este crimen impune. A ningún miembro del grupo político-familiar que gobierna Coahuila le conviene la comparación con Guerrero: allá hay un alcalde preso, un gobernador renunciado, y una autoridad federal gobernando de facto.

45 meses después de la masacre, hace una semana, el Procurador de Coahuila presentó por fin los primeros avances de su tortuosa investigación. Bastaron minutos para dar por resueltos 272 de los 300 secuestros/homicidios de Allende: “La verdad jurídica a la que hemos llegado está basada en los testimonios, pruebas periciales y confesiones que hemos recabado a lo largo de esta investigación, y apuntan lamentablemente al secuestro de 28 personas; de 11 tenemos la certeza de que fueron privadas de la vida y en el caso de 17 su paradero aún se desconoce”. 28 víctimas y no 300. El número es tan preciso que el gobernador puede respirar tranquilo. Allende no es Ayotzinapa, aunque tengamos que desaparecer a los desaparecidos para diferenciarlos.

 

@oneflores

 

 

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