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Ciudad Posible
Por Onésimo Flores
Fundador de Jetty, la plataforma de transporte colectivo privado en la CDMX. Maestro en Política... Fundador de Jetty, la plataforma de transporte colectivo privado en la CDMX. Maestro en Políticas Públicas y Doctor en Planificación y Estudios Urbanos. (Leer más)
Continuidad, continuidad, continuidad
Parte de la dificultad de reformar un sistema de transporte público es que los beneficios son inciertos y en todo caso dispersos entre multitudes, mientras que los costos son inmediatamente evidentes y concentrados en un grupo de interés dispuesto a dar la batalla.
Por Onésimo Flores
4 de julio, 2013
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Existe una profunda hipocresía en la política de transporte público de buena parte de nuestras ciudades. En teoría, el estado debe garantizar todos los aspectos del servicio: un sistema amigable con el medio ambiente, seguro, eficiente, rápido, que demande un subsidio razonable, pague salarios justos, permita cobrar al usuario una tarifa accesible y sea capaz de disuadir el uso del automóvil. Sin embargo, al no ser todo inmediatamente posible, los gobernantes fijan prioridades. Típicamente privilegian el hoy sobre el mañana y lo tangible sobre lo intangible. Con tal de prevenir aumentos impopulares a la tarifa y disuadir demandas de subsidios, el estado promueve y sostiene políticamente a un sistema privado de transporte público que contamina, congestiona, explota a los choferes y mata.

La hipocresía consiste en que cíclicamente, el estado que procreó este sistema señala al transportista como el terrible victimario. Anuncia que revocará las concesiones, licitará el servicio, municipalizará los sistemas, etc. El estado salvador incrementa temporalmente su nivel de control sobre la planeación, regulación y proveeduría del servicio. Sin embargo, al poco tiempo, los agentes del estado descubren que el nuevo sistema que han propuesto requiere de una constante inversión de capital financiero y político, y en lugar de hacer estas inversiones nuevamente relajan las reglas. Esta hipocresía se magnifica frecuentemente durante los cambios de gobierno. Un alcalde inicia una reforma y el que sigue la tira por la borda. Sin continuidad ni consistencia, regresamos irremediablemente a la época de las pequeñas transacciones con los transportistas: el estado no te exige altos estándares, tú no nos reclames cambios a las tarifas ni subsidios.

Escribo esto tras el debate que sostuvieron los candidatos a la alcaldía de Saltillo. Al menos en lo que concierne al transporte urbano, ni un solo candidato ofreció una visión inspiradora para el futuro. Tomaron turnos criticando el proyecto del actual presidente municipal, sin ofrecer ni un diagnóstico, ni una alternativa. Pareciera que les fue suficiente observar que el árbol recién plantado no ha dado frutos para decretar que sería mejor mantener la tierra yerma. De acuerdo con el candidato del PAN, el sistema propuesto “no tiene contentos ni a los saltillenses ni a los concesionarios” y “los concesionarios trabajan a disgusto por las imposiciones del Gobierno.” De acuerdo con el candidato del PRI, “hay una gran molestia con el Saltibús, la gente siente que le roban su dinero con la tarjeta, la cual debe desaparecer, y las rutas deben ser revisadas y si está mal diseñado, debe irse para atrás.” Hace bien el político que muestra sensibilidad ante la queja y disposición a los ajustes. Sin embargo, en este caso la búsqueda de votos fáciles socava los esfuerzos en marcha. ¿Qué transportista tomará en serio al alcalde saliente durante sus últimos seis meses de mandato, cuando los dos posibles sucesores ya decretaron que todo es negociable?

Parte de la dificultad de reformar un sistema de transporte público es que los beneficios son inciertos y en todo caso dispersos entre multitudes, mientras que los costos son inmediatamente evidentes y concentrados en un grupo de interés dispuesto a dar la batalla. Desde hace meses, los grupos de transportistas en Saltillo han maniobrado para descarrilar las reformas propuestas por el actual alcalde, y aparentemente han triunfado. Ni constituyeron una empresa, ni hubo una licitación, ni compraron los nuevos autobuses en los plazos acordados. Sin duda existieron errores de diseño y estrategia que explican parte de este resultado. Lamentablemente, el desenlace que ya se avecina también tiene que ver con una clase política incapaz de articular y consensuar un proyecto de ciudad que trascienda partidos políticos y administraciones. Ante esa circunstancia, lo sorprendente no es que los proyectos fracasen, sino que aún haya alcaldes que los intenten.

Es sintomático que en un país pujante como México, el transporte urbano de tantas ciudades siga sumido en el subdesarrollo. Los políticos inauguran pasos elevados y autopistas urbanas, mientras que los sistemas de autobuses públicos de-regulados, privatizados y con administración artesanal, siguen ofreciendo a la ciudadanía un servicio de segunda, reservada sólo para quien no puede pagar un automóvil. No tiene por que ser así. Ahí están Curitiba, Medellín, Santiago, Bogotá, León y la Ciudad de México, donde a pesar de múltiples problemas y limitaciones los sistemas de transporte público muestran una clara mejoría.

Va un tip: en ningún caso exitoso estuvo la transformación exenta de críticas y en todos hubo un segundo alcalde dispuesto a dar continuidad al proyecto inicial.

 

 

 

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