¿Cuánto le pagamos a los medios? - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Ciudad Posible
Por Onésimo Flores
Fundador de Jetty, la plataforma de transporte colectivo privado en la CDMX. Maestro en Política... Fundador de Jetty, la plataforma de transporte colectivo privado en la CDMX. Maestro en Políticas Públicas y Doctor en Planificación y Estudios Urbanos. (Leer más)
¿Cuánto le pagamos a los medios?
Por Onésimo Flores
7 de marzo, 2012
Comparte

El Gobierno de Oaxaca gastó el año pasado $164 millones de pesos en publicidad oficial. $71 millones fueron pagados a 27 periódicos, incluidos $10 mdp para el “Noticias”, principal diario de su ciudad capital. Los oaxaqueños pagaron $47 millones a 8 canales de televisión, incluidos $26 mdp a Televisa y $12 mdp a TV Azteca. $40.5 millones de pesos fueron repartidos entre 26 estaciones de radio, y el resto alcanzó para cubrir los servicios de 30 portales de Internet y 6 empresas de publicidad exterior. La noticia circuló a nivel nacional. ¡Qué irresponsable administración! ¡Qué egocéntrico gobernador!

Los adjetivos podrán ser merecidos, pero repetirlos no es el punto de este artículo. El hecho es que un ciudadano presentó vía Internet una solicitud de información y semanas después el Gobierno del Estado la entregó. Aquí pueden consultar la respuesta completa (en pdf). A pesar de lo mucho que han legislado los estados en materia de acceso a la información, lo cierto es que pocos gobiernos locales habrían hecho lo mismo.  Hoy los oaxaqueños pueden debatir informadamente si su gobierno gasta mucho o poco, bien o mal en este rubro, y comenzar a entender por qué algunos medios ignoran o minimizan algunos sucesos mientras aplauden o sobredimensionan otros.

Cuando leí la nota pensé en mi estado. ¿Cuánto habrá gastado el Gobierno de Coahuila durante el sexenio anterior para asegurarse un trato condescendiente en las salas de redacción y en las juntas editoriales? ¿Cuántas veces habrá utilizado su calidad de gran anunciante para presionar, amenazar, “sugerir” y reclamar por el trabajo de reporteros, editorialistas y editores? Si bien el gobierno y los medios comparten interés en evitar discusiones sobre este tema, las señales del uso político del presupuesto oficial en estados como Coahuila abundan. Valgan algunos ejemplos:

Grupo Reforma cerró en 2008 el Periódico Palabra, su filial en Coahuila,  argumentando entre las causas presiones que “garantizaban éxito económico a cambio de una línea editorial más cómoda”. Otros medios resistieron sin duda embates similares, buscando equilibrios que permitieran navegar esta época de contracción económica y transformación tecnológica sin sucumbir al canto de las sirenas. Supongo sin embargo que muchos otros lo encontraron imposible, y simplemente se adaptaron a las nuevas reglas del juego: Si quieren que aplauda aplaudo, si quieren que golpee golpeo.

Sin palabras

Allá por el 2009, cuando el ex Secretario de Finanzas Javier Villarreal comenzaba a cucharear las cuentas públicas y a endeudar al estado sin mediar autorización del Congreso, un diario de Saltillo cabeceaba a ocho columnas: “Los Moreira son Otro Rollo”. En 2010, cuando el hoy prófugo hermano del ex Fiscal Torres Charles controlaba las policías del Estado, una televisora insistía que Humberto Moreira era el mejor gobernador de la historia, y otro periódico censuraba columnas críticas de editorialistas nacionales. Si bien tuvimos un Gobernador que nos bailó a todos, no olvidemos que alguien ponía la música, amenizando la fiesta en lugar de sonar las alarmas.

El reportero dejó de hacer preguntas incómodas, el editor dejó de buscar ángulos críticos y el empresario comenzó a competir por ser el vocero consentido. La fórmula era tan clara como tentadora: Me pegas y te cierro la llave. Me ayudas y no te faltará nada.

Entiendo que los medios de comunicación son negocios privados que deben producir retornos a sus inversionistas, como entiendo que todo gobierno necesita influir en el ciclo noticioso para ser efectivo. Me queda claro que los periodistas son ciudadanos libres que tienen intereses y agendas personales, como comprendo que el ciudadano es libre de buscar alternativas para informarse. Sin embargo los lectores, radioescuchas, internautas y televidentes merecemos respeto. El dinero es público, por lo que no sería necesario ningún otro argumento. Pero además, los medios forman opinión pública, ingrediente esencial en la democracia. ¿Cómo podemos contextualizar lo que publican, si no sabemos si responden a un interés comercial o periodístico? ¿Y como podemos evaluar al gobierno, si no sabemos siquiera como y donde gasta nuestros impuestos?

¿Qué compra el gobierno, un espacio para anunciar sus programas o un trato editorial a modo para proteger y catapultar a sus líderes?

Una y otra vez los gobiernos locales burlan con tecnicismos las Leyes de Acceso a la Información que supuestamente habrían de obligarlos a transparentar información como esta. Solamente en Coahuila, entre 2008 y 2012, encontré siete casos en los que diversos ciudadanos solicitaron a la Secretaría de Finanzas o a la Coordinación General de Comunicación Social el listado de empresas que brindaron servicios de publicidad, el contenido de los convenios suscritos con ellas y el monto que han cobrado. Las respuestas rayan en lo ridículo, se contradicen unas a otras y revelan un esfuerzo sistemático por ocultar esta información a la ciudadanía. Juzguen ustedes mismos (los pdfs con los documentos originales están en los hipervínculos):

Los funcionarios coahuilenses responden que la información no existe (lean aquí), que no se encuentra en sus archivos (lean acá), que “no está sistematizada” (es en serio, lean aquí), o que “está en la cuenta pública” (como acá). Otras veces ni siquiera se tomaron la molestia de responder (como aquí o acá). En una ocasión, la Coordinación General de Comunicación Social contestó a un ciudadano que no podía responderle porque la información solicitada compete a la Secretaría de Finanzas. Sorprendentemente, la Secretaría de Finanzas había respondido previamente en una solicitud idéntica que esa información competía a la Coordinación General de Comunicación Social. Mía, tuya, te la presto. Goooooool!  Ahogado entre tanta incompetencia, el ciudadano queda, como siempre, sin información (si, ya se, Kafkiano. Lean el pdf).

Traducción: Se les cruzaron los cables...

Un último caso, más reciente, que vale la pena detallar. Las organizaciones Fundar y Artículo 19 solicitaron la siguiente información a cada entidad federativa:

“los documentos que contienen el gasto total ejercido por el Gobierno del Estado XX, en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 en Comunicación Social y Publicidad Gubernamental, con el desglose del gasto por medio de comunicación al que fueron destinados los recursos, incluyendo medios de comunicación electrónicos y escritos así como la campaña y el mensaje difundido”

Los resultados de este estudio están disponibles en www.publicidadoficial.com.mx, y Coahuila aparece reprobado, junto con otras 17 entidades que no aportaron ningún dato relevante en sus respuestas. A riesgo de saturarlos, creo que el viacrucis seguido por Fundar y Artículo 19 en Coahuila ejemplifica fielmente como los gobiernos justifican de diversas maneras lo que aparentemente deciden de inmediato: No transparentar nada.

En su respuesta original a esta solicitud, el 6 de septiembre de 2011, el Gobierno de Coahuila contestó que la información no existe en “la manera que fue solicitada”, y refirió a los interesados a la cuenta pública, donde no es posible encontrar más de un par de renglones generales sobre el tema. Los especialistas de Fundar y Artículo 19 interpusieron un recurso de inconformidad ante el ICAI, obligando al gobierno coahuilense a defender su respuesta (lo que ocurrió el 10 de noviembre). Ahí, entre líneas, concretamente en la página 6 de este documento, el Gobierno modificó su argumento, señalando que la información solicitada “está considerada como confidencial”, porque “al permitir el acceso a dicha información se vulneraría el derecho a la intimidad de las personas”.

Es decir, los funcionarios involucrados concedieron que lo que días antes consideraban inexistente siempre sí existe, pero aclararon que todo aquello que existe es confidencial. Como diría el sabio Gil Gamés: Aiwei. La creatividad burocrática para negar información al ciudadano no tiene límites.

Pero ahí no acaba la cosa. Los alegatos presentados no fueron convincentes (fiú), y el 28 de noviembre el Consejo del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información resolvió revocar la respuesta del gobierno, ordenando una nueva  “búsqueda exhaustiva” de la información solicitada, y otorgando un plazo de diez díaz hábiles para que el Gobierno de Coahuila presente una nueva respuesta a la solicitud de información (pdf aquí).

En esta ocasión, los funcionarios no se complicaron mucho. Entre el 16 de diciembre y el 4 de enero, la Subsecretaría de Ingresos, la Coordinación General de Administración, la Coordinación General de Entidades Paraestatales, y la Subsecretaría de Egresos realizaron la mencionada búsqueda exhaustiva en sus archivos. Llamémosle Operación Guadalupe-Reyes por la Transparencia. Y aparentemente, quizá porque andaban pensando en las posadas, o quizá porque ya habían coordinado su respuesta, no encontraron absolutamente nada.

En virtud de lo infructuoso que resultó esta gesta navideña, el 10 de enero ¡declararon inexistente la información solicitada! Aquí pueden ver un pdf con la declaratoria de inexistencia y el intercambio de oficios correspondiente. En español, esa declaratoria significa que no hay NINGUN soporte documental en TODA la Secretaría de Finanzas que respalde transferencia financiera ALGUNA entre el Gobierno y algún medio de comunicación entre 2005 y 2010. Increíble, pero lo pusieron por escrito.

Mmmm….

¿Quieres que te de un Norte? Pregúntale a Ernesto Laguardia y a todos los medios que proyectaron su imagen si trabajaron gratis.

En un lapso de seis meses hubo una solicitud, una respuesta, un recurso de inconformidad, una admisión del recurso, alegatos de ambas partes y resolución del recurso a favor del solicitante. Además hubo un nuevo requerimiento a la Secretaría que presumiblemente guarda las facturas, y “búsquedas exhaustivas” en al menos cuatro subsecretarías y coordinaciones. El solicitante cumplió con todos los requerimientos de ley, llevó el proceso con paciencia franciscana, y en todo momento le dieron la razón.  ¡Pero el Gobierno sigue encontrando maneras de no transparentar nada!

¿Qué sigue? ¿Intentar todo de nuevo, ahora preguntando a la Coordinación General de Comunicación Social? Les adelanto un paso: Hace un mes yo metí una solicitud y esto es lo que me contestaron antier:

AAAAAAAAAAARRRRRRRGGGGGGGHHHHHHHH!!!!!!!!

Si alguien gusta ayudarme a preparar el recurso de inconformidad, se aceptan voluntarios, pero no guardo muchas esperanzas.

Digamos lo evidente: Pedir información pública en estados como Coahuila es una carrera de resistencia, cuesta arriba, con el viento en contra, descalzos y con el gobierno burlándose desde la loma.

Quizá la única solución sea que los medios publiquen voluntariamente los montos que reciben del gobierno. No es su obligación, y seguramente pocos estarán dispuestos a hacerlo. Sin embargo creo que los medios que se coloquen del lado de los ciudadanos ganarán credibilidad, dignificarán el oficio, obtendrán una ventaja competitiva y elevarán significativamente el costo político del chantaje gubernamental.

Supongo que se vale soñar.

Los interesados en este tema pueden descargar el reporte completo de Fundar y Artículo 19, leer el artículo de Diego de la Mora (@diegodelam) en Animal Político, revisar la crónica de  Omar Rábago (@rabanovengador) sobre el cúmulo de esfuerzos por obtener información similar del Gobierno de Veracruz, o revisar la denuncia que presentó hace días el Diario de Ciudad Juárez ante un aparente boycott publicitario gubernamental.

También pueden seguir en twitter el hashtag #publicidadoficial.

@oneflores.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.