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Por Onésimo Flores
Fundador de Jetty, la plataforma de transporte colectivo privado en la CDMX. Maestro en Política... Fundador de Jetty, la plataforma de transporte colectivo privado en la CDMX. Maestro en Políticas Públicas y Doctor en Planificación y Estudios Urbanos. (Leer más)
Dinero público en estadios privados
Por Onésimo Flores
12 de febrero, 2011
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Hay quien cree que el éxito de una administración puede medirse con cortes de listón. Así, lo que muchos gobernantes resaltan en sus informes y en sus anuncios publicitarios es el número, tamaño y precio de las obras realizadas. Hablan de 917 escuelas construidas, 43 nuevos puentes, o 83 patrullas adquiridas. Y cuando no es el número sino el tamaño lo que importa, abusan de prefijos como “macro“, “mega” y “super” para bautizar sus obras. Con ello, pretenden decir que sus intervenciones han mejorado la educación, o la movilidad, o la seguridad. El mensaje parece infalible: Inauguramos la obra o invertimos el dinero, ergo, resolvimos el problema.

Desgraciadamente, la relación causa efecto no es automática. En el ámbito de la política pública, cantidad no equivale a calidad, y las acciones tomadas no implican resultados. Utilizar el corte de listón como medida de éxito gubernamental es tan ilógico como evaluar a Barry Bonds por su número de turnos al bat, y no por el resultado de los imparables que conecta. En otras palabras, no toda obra o compra gubernamental representa un home run. De hecho, creer lo contrario implica asumir que el gobierno nunca se equivoca. Que toda “solución” planteada por nuestros ilustres funcionarios “tiene” que ser la correcta.

Lamentablemente, el aplaudir los cortes de listón representa un atajo cómodo para una ciudadanía poco exigente. Finalmente, pocos tienen el espíritu crítico o el tiempo disponible para evaluar seriamente al gobierno. Los que ven el vaso medio lleno aplauden o aceptan la tesis de que “al menos algo se esta haciendo”. Ponen la vara muy corta, como diciendo que cualquier uso de recursos públicos que no implique un fajo de billetes en el bolsillo de algún funcionario representa un avance. En cambio, muchos de quienes ven el vaso medio vacío se quedan a nivel de crítica de café. Ante inversiones que son presentadas como maravillosas pero que quedan cortas en sus resultados responden con el mismo guión: Poner mirada seria, mencionar que los gobernantes “no sirven para nada” y a otra cosa mariposa.

Dada la limitada discusión pública y la escasa rendición de cuentas, los políticos pueden darse el lujo de priorizar lo lucidor sobre lo importante. Frecuentemente llegan al extremo de voltear el mecanismo de decisión de cabeza: Primero el Gobernante y sus estrategas deciden en que invertir nuestros recursos, y solo después -y solo si hace falta- el equipo técnico busca argumentos para justificar la medida. Salvo que las obras se caigan o se destape un escándalo, pocos vuelven a visitar el tema. Los sexenios terminan, los funcionarios cambian de responsabilidad, y la atención se vuelca en otros asuntos. Rara vez hay una evaluación crítica de los resultados.

Permítanme un ejemplo, de esos que suenan a herejía. Hace más de un año el Grupo Modelo inauguró un estupendo estadio para el equipo Santos Laguna en Torreón. Además del inmueble con capacidad para 38,000 personas, el proyecto completo incluye una parroquia, un restaurante, un hotel, oficinas del club, centro comercial y una escuela de futbolistas. De no ser por un notable subsidio público a esta obra, no habría nada que añadir salvo un claro aplauso al empresario, y una felicitación a la hinchada.

Solo que SI hubo un importante subsidio público a esta obra privada. Y vaya que las autoridades cacarearon el corte de listón:

El Gobernador de Coahuila canalizó $150 millones de pesos a la obra. Para que no le robaran cámara, el Alcalde de Torreón se apuntó con $20 millones más. No se si el Gobierno Federal también le entró a la coperacha, pero no me sorprendería. Aclaro que estos apoyos no fueron vía exenciones fiscales, sino tomados del presupuesto general del estado y municipio. Fueron entregados directamente para la construcción del estadio, y no incluyen recursos adicionales invertidos para construir y mejorar los accessos, vigilar la zona, o para implementar un sistema de transporte que lleve a los fanáticos a cada juego.  Ha pasado más un año, y ni el Alcalde ni el Gobernador continúan en el cargo. Sin embargo, ya es tiempo de preguntar: ¿cuál fue el retorno que obtuvo la ciudadanía por esa inversión pública en una obra privada?

¿Se crearon empleos que no se hubiesen creado de todos modos? ¿Cuántos? ¿Se detonó actividad económica, y si así fue, cuánta? Claro que da gusto que exista una obra tan importante, pero dado que las mismas autoridades que entregaron este subsidio pedían recursos adicionales para cosas más importantes, cabe la pregunta: ¿no había mejores y más urgentes destinos para esos dineros?

El asunto no es menor, pues como nos recuerda Miguel Angel Granados, hay experiencias similares en muchos estados de la República.

En Estados Unidos, la discusión sobre la existencia o inexistencia de beneficios sociales como resultado de inversiones públicas en estadios ya es vieja. La opinión de Noll y Zimbalist, quienes analizaron más de una decena de casos en su libro “Sports, Jobs and Taxes“, es contundente:

“En todos los casos, las conclusiones son las mismas. Un nuevo estadio tiene un impacto extremadamente pequeño (quizá incluso negativo) en la actividad económica y en los niveles de empleo globales. Ninguna inversión de este tipo ha generado nada que se asemeje a un retorno razonable”.

No encuentro estudios que contradigan lo anterior. Al contrario. Los estadios habitualmente generan pocos empleos después de la etapa de la construcción (Baade y Sanderson, 1997). Incluso cuando estos proyectos generan empleo, el costo del subsidio por cada empleo creado es muy alto comparado con otras estrategias de desarrollo económico (Peirce 1996; Rosentraub, 1997). Y muchas de las inversiones realizadas con apoyo del gobierno, son o pueden ser tan rentables que sería razonable que se hicieran sin recursos públicos (Eisenger, 2000).

Y en todo caso, como dice Eisinger:

“El tema no es sobre gastar o no el dinero público; más bien, el tema es un asunto de balance o proporcionalidad. Cuando los costos públicos de construir un estadio, centro de convenciones, o obras similares comprometen la capacidad de proveer de servicios públicos a los residentes de una ciudad, o agotan la flexibilidad fiscal de la municipalidad, o consumen el tiempo y energía de sus gobernantes, entonces las prioridades están desbalanceadas.

Quizá en México haya burócratas y políticos que tengan estimaciones distintas. O quizá solo les interese salir en la foto.

Como acá.

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