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Ciudad Posible
Por Onésimo Flores
Fundador de Jetty, la plataforma de transporte colectivo privado en la CDMX. Maestro en Política... Fundador de Jetty, la plataforma de transporte colectivo privado en la CDMX. Maestro en Políticas Públicas y Doctor en Planificación y Estudios Urbanos. (Leer más)
El Infonavit no es (solamente) un banco
¿Cómo preservar a la industria de la construcción de vivienda popular como motor del desarrollo sin dejar de mitigar sus impactos negativos? ¿Cómo equilibrar la demanda de las familias mexicanas de tener acceso a una vivienda propia con la necesidad pública de construir ciudades más accesibles, sustentables, habitables y equitativas?
Por Onésimo Flores
9 de abril, 2015
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Un minuto en Google Earth puede confirmar la hipótesis: el Infonavit es el gran planificador urbano de nuestro país. Simplificando un poco, la ciudad mexicana del siglo XXI es típicamente un núcleo urbano rodeado de mega-desarrollos de vivienda. Si bien el Infonavit es una institución que capta recursos y otorga créditos hipotecarios, su impacto sobre el territorio es evidente. El modelo diseñado en el Infonavit sacó a la industria de la construcción del marasmo, logrando que los desarrolladores construyeran más rápido, en serie, con técnicas cada vez más sofisticadas, en terrenos baratos. El “tren de la vivienda” adquirió tal momentum, que hoy no es fácil –ni deseable- detenerlo.

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El Infonavit refleja una importante paradoja. Por una parte, cumple con su misión a cabalidad: hoy las familias mexicanas tienen más facilidades para adquirir una vivienda propia que las que tuvieron nuestros padres. No sólo hay mejores condiciones de crédito, sino que existe mucha mayor oferta de inmuebles en el mercado. Las “cartolandias” aún existen en la periferia de nuestras ciudades, pero el problema ha ido reduciéndose. En el camino, la construcción de vivienda se convirtió en un importante motor de la economía nacional, generando miles de empleos. Por la otra parte, muchos de los problemas que aquejan a nuestras ciudades pueden rastrearse al exitoso modelo Infonavit. La segregación social, la congestión vehicular y la criminalidad son al menos parcialmente consecuencia de propiciar la construcción en sitios cada vez más alejados de los centros urbanos y desprovistos de infraestructura, así como de reducir la calidad de los materiales y el tamaño de la vivienda. Basta analizar el grave problema de vivienda abandonada –tratado en esta columna con anterioridad– para concluir que hay algo esencialmente equivocado en el modelo.

¿Cómo balancear estás dos realidades? ¿Cómo preservar a la industria de la construcción de vivienda popular como motor del desarrollo sin dejar de mitigar sus impactos negativos? ¿Cómo equilibrar la demanda de las familias mexicanas de tener acceso a una vivienda propia con la necesidad pública de construir ciudades más accesibles, sustentables, habitables y equitativas? La discusión no es nueva. De hecho, el Gobierno Federal ha anunciado su intención de reorientar la política urbana del país, pero hasta ahora nuestras instituciones parecen atrapadas en el diagnóstico. Hay cierto consenso sobre los problemas, pero grandes interrogantes sobre las soluciones.

Una posibilidad es regular mucho más agresivamente el crecimiento urbano. Esta estrategia ya está en marcha en muchos municipios, impulsada por el propio Gobierno Federal. Hay incluso algunas políticas concretas al respecto, como la reducción de los subsidios a la vivienda construida fuera de los perímetros de contención urbana definidos desde la SEDATU. El problema es que la estrategia regulatoria solo atiende parte de la ecuación -el palo sin la zanahoria. Sobre-normar la industria podría reducir la oferta de vivienda, elevando el costo para las familias que necesitan un techo y dejando a muchos trabajadores sin empleo. Detener a la industria de la construcción sin ofrecer un modelo alternativo no parece ser una estrategia sostenible. Otra posibilidad, complementaria, consiste en aprovechar lo que sí funciona. El Infonavit representa un raro ejemplo de cómo el gobierno, los trabajadores y el empresariado pueden hacer equipo en torno a un objetivo común. En el pasado, ese trabajo de discusión y consenso resultó en un incremento notable en el número de casas a aprecios accesibles. Bien aprovechada, esta plataforma institucional podría ahora generar mecanismos para construir comunidades más habitables, funcionales y sostenibles.

Lo que trato de decir es que es altamente improbable que la industria de la construcción vaya en contra de las inercias del mercado sin impulso del Estado. Hay mucha incertidumbre asociada con intentar cosas nuevas, y la reticencia de los desarrolladores es entendible. Quizá no hay suficiente demanda para la vivienda vertical, y quizá es incosteable construir en los centros de las ciudades. Exigir su construcción, sin generar programas de soporte y financiamiento, no nos llevará a ningún sitio. Creo que en lugar de buscar la regulación perfecta, las instituciones como el Infonavit deberían propiciar múltiples experimentos, en los que el estado trabaje de la mano con los constructores hasta identificar y remover los obstáculos que nos impiden construir mejor vivienda y mejores ciudades. Quizá es tiempo que el Infonavit asuma la realidad. No es únicamente un banco. Hoy por hoy, es quizá la única institución nacional que tiene la capacidad técnica, la solvencia financiera, la presencia territorial y la legitimidad necesaria para reinventar nuestras ciudades.

 

@oneflores

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