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Ciudad Posible
Por Onésimo Flores
Fundador de Jetty, la plataforma de transporte colectivo privado en la CDMX. Maestro en Política... Fundador de Jetty, la plataforma de transporte colectivo privado en la CDMX. Maestro en Políticas Públicas y Doctor en Planificación y Estudios Urbanos. (Leer más)
El negocio privado de la decisión pública
Ni el tiempo perdido, ni la incomodidad, ni los costos de traslado absorbidos por trabajadores y usuarios fueron incluidos en los cálculos de Godínez. Ahí está el gobierno, supuestamente garante de la sustentabilidad, de la calidad de vida, de la eficiencia en los servicios públicos, aplicando las peores políticas de desarrollo urbano.
Por Onésimo Flores
16 de enero, 2013
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Alguien pensó que era buena idea. El gobierno local gasta mucho rentando céntricas oficinas, por lo que el proyecto de reubicarlas a sitios más económicos recibió reconocimiento unánime. El autor de la sugerencia se sintió respaldado y decidió potenciar su propuesta. ¿Por qué no establecerlas en algún predio fuera de la mancha urbana? ¿Por qué no reducir los costos de construcción al máximo? Nuevamente, aplausos de los jefes. Godínez, es usted un genio.

Encontraron un predio perfecto a 15 kilómetros de la ciudad, rodeado de terrenos en breña. Fue ahí donde levantaron 18 bodegones. “Para llegar toma usted la carretera a México, pasa el antiguo Centro de Convenciones, y se sigue derecho hasta el entronque con el Libramiento. Allá da vuelta a la izquierda y avanza cinco kilómetros adicionales. ¿Sabe donde está la antigua carretera a Arteaga? Pues ahí no, todavía es más adelante. No se asuste, no puede perderse. El Centro es el único inmueble varios kilómetros a la redonda.”1

Los detalles de la operación se mantienen bajo reserva. No sabemos ni quien vendió, ni quien compró, ni quien construyó. Vamos, ni siquiera sabemos cuanto dinero costó el proyecto, ni a cuanto ascienden los ahorros en rentas, si es que efectivamente existen. Lo único claro es que en algún momento del 2010 apareció un gigantesco inmueble en medio del desierto: Piso de concreto, techo de lámina, paredes de block y un colorido letrero que reza “Centro de Oficinas y Almacenamiento Gubernamental.”

Poco después comenzaron a circular los oficios. Dirección de Notarías, reubíquese. Registro Público de la Propiedad, reubíquese. Catastro del Estado, andando. Ahí están hoy oficinas de la Secretaría de Finanzas, de la Dirección de Comunicación Social, de Protección Civil, de Sedesol y de muchas otras dependencias gubernamentales. Los funcionarios que ahí laboran susurran su descontento en voz baja. Los ciudadanos son menos cautos al emitir su juicio. “Son chingaderas”, me dijo un abogado que acude frecuentemente para hacer trámites. Haciendo un cálculo conservador, al menos 400 burócratas y mil ciudadanos comparten diariamente el calvario de trasladarse hasta allá.

No existe ni una sola ruta de transporte público que facilite el acceso al sitio. ¿Llegar caminando? Imposible. En bicicleta ni soñarlo, no sólo por la distancia sino porque el entorno recuerda a la carretera libre a Laredo. El viaje en taxi cuesta entre $80 y $120 pesos en cada dirección, y el recorrido toma aproximadamente 40 minutos. Sobra decir que la gran mayoría de las personas que acuden a este lugar prefieren hacer el viaje en automóvil particular. Y luego nos preguntamos por qué hay tanto tráfico en las calles.2

Ni el tiempo perdido, ni la incomodidad, ni los costos de traslado absorbidos por trabajadores y usuarios fueron incluidos en los cálculos de Godínez. Ahí está el gobierno, supuestamente garante de la sustentabilidad, de la calidad de vida, de la eficiencia en los servicios públicos, aplicando las peores políticas de desarrollo urbano.

Seguramente algunos compañeros de Godínez reclamarán que mi crítica es injusta. Al menos en teoría, los ahorros generados por este proyecto podrían servir para financiar obra pública y programas sociales. Ante la falta de datos (y de obras públicas y de programas sociales), solo puedo dejar constancia de mi escepticismo. Me cuesta creer que la gestión de gobierno deba financiarse degradando al servicio público y aplicando un impuesto escondido a los usuarios de oficinas gubernamentales. Me resisto a aceptar que la mejor manera de cuadrar las finanzas públicas sea matar lentamente a nuestras ciudades, sacando empleos y actividades de sus áreas centrales y colocándolos en sitios inhóspitos e inaccesibles. Y, francamente, dudo mucho que la búsqueda del interés público haya sido el principal motivante de la decisión.

No es ningún secreto que quien tiene poder para tomar grandes decisiones públicas, tiene también la posibilidad de hacer grandes negocios privados. Por supuesto, no me refiero a Godínez, sino a Javier Villarreal, el ex tesorero prófugo de Humberto Moreira, que promovió que los burócratas de mi ciudad fueran vecinos de las salamandras. Anótele una palomita más la lista. Estoy seguro que todo aquel que investigue un poco, concluirá que sólo una lógica perversa y corrupta podría explicar un proyecto tan absurdo.3

Postdata: Hasta donde he podido indagar, el Centro de Oficinas y Almacenamiento no está registrado en el “Inventario de Bienes Patrimonio del Estado” (pdf). Puede ser una simple omisión administrativa, pero las actuales autoridades deberían aclarar si este inmueble es de los coahuilenses o si alguien nos cobra renta.

 

 

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