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Ciudad Posible
Por Onésimo Flores
Fundador de Jetty, la plataforma de transporte colectivo privado en la CDMX. Maestro en Política... Fundador de Jetty, la plataforma de transporte colectivo privado en la CDMX. Maestro en Políticas Públicas y Doctor en Planificación y Estudios Urbanos. (Leer más)
La elusiva transparencia estatal
Analizar los documentos recién publicados sobre la mega-deuda del Estado de Coahuila es como realizar una autopsia. El ejercicio no puede revivir al finado, pero ayudará a entender lo que ocurrió. A dos días de estar disponibles, estos documentos ya generan nuevas preguntas.
Por Onésimo Flores
31 de enero, 2013
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Hace unos días, como epílogo a la “Semana de la Transparencia”, la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila entregó al Congreso Local y al Instituto Estatal de Acceso a la Información una copia de los documentos que amparan la mega-deuda contratada en el sexenio 2006-2011, y un informe que explica los antecedentes y las ventajas de la reestructura acordada con los bancos. Cualquier ciudadano puede descargar estos documentos en esta página. Con el dinero ya gastado, con los créditos renegociados y en proceso de pago, con los responsables viviendo en el extranjero, y con todas las decisiones tomadas, el Gobernador de Coahuila ofrece darnos a conocer lo que sabe sobre el tema.

El gesto llega más de un año tarde, pero de cualquier manera es bienvenido. Como mínimo, los coahuilenses pueden conocer por fin las fechas exactas en que se acordaron los créditos del Moreirazo, algo previamente imposible. Quienes al identificar las fechas busquen las declaraciones públicas de las autoridades en aquella época no encontrarán evidencia de una discusión política sobre como financiar el desarrollo, sino señales de la opacidad, descontrol y probable corrupción que privó en aquellos años. Es curioso notar como los funcionarios no hablaban del tema, o describían créditos ya firmados como una mera posibilidad, o sencillamente daban cifras muy por debajo del monto real de los créditos que estaban contratando. La cronología del endeudamiento de Coahuila también permite comparar la realidad con lo que quedó registrado en los Presupuestos de Egresos, en los Informes de Gobierno y en las Cuentas Públicas del Estado. Aparentemente el dinero entraba y se gastaba, sin conocimiento del Congreso y sin quedar registro contable.

Quien vaya un poco más allá, e incorpore al análisis las fechas del calendario político coahuilense encontrará que las fechas de algunos créditos importantes coinciden misteriosamente con diversas elecciones. Van ejemplos: Hay un crédito por $1,470 millones de pesos firmado el 14 de Octubre de 2008, cinco días antes de las elecciones de diputados locales. Hay dos créditos por $2,700 millones de pesos en Mayo 2009, a días de formalmente iniciado el proceso electoral para renovar Ayuntamientos. Y hay dos créditos más -por $2,483 millones- fechados en la semana del 4 de julio de 2011, fecha de la elección para Gobernador. Nada de esto prueba nada, pero es cuando menos notable que ninguno de estos créditos se discutió públicamente en aquellas fechas. Recordarlo es necesario para comprender el contexto que dinamitó la credibilidad de nuestras instituciones y que mantiene en entredicho la legitimidad de nuestros actuales gobernantes.

Revisar los documentos de la deuda es como conducir una autopsia: No sirve para revivir al finado, pero puede ser clave para entender lo que ocurrió. Por lo mismo, comparto aquí mi “Cronología del Moreirazo” (aún incompleta, pero bueno):

 

Paradójicamente, el aparente gesto de apertura del Gobierno local (publicando los contratos de crédito celebrados a partir del 2006) confirma que algo no ha cambiado en Coahuila. Hoy como antes, la llave de la transparencia depende más del voluntarismo del Gobernador que de los derechos que confieren las Leyes a los ciudadanos. Hasta hoy, todas las solicitudes formales de información en esta materia han sido bloqueadas por la muralla de opacidad que rodea a la Secretaría de Finanzas. Para muestra está este botón. Quizá hoy que el Secretario de Fiscalización declara que “la transparencia es una forma de vida”, que el Secretario de Finanzas sostiene que “en Coahuila las cosas se hacen bien, con rendición de cuentas”, y que el Gobernador llama a la transparencia “eje de su Gobierno”, encontraremos más disposición a la apertura.

Por lo pronto, la publicación de estos documentos ya detonó comentarios, cuestionamientos y preguntas que merecen respuesta oficial. Les comparto algunos. Ojalá ustedes sumen sus preguntas, y obliguemos juntos a las autoridades a responder:

1) Según lo publicado, el costo de la reestructura de los créditos fue de $1,964 millones de pesos, que fueron adicionados a la deuda. ¿Cómo fueron ejercidos esos recursos? ¿Cuánto costaron los honorarios, y cuanto las penalizaciones por romper contratos anteriores? Y, ¿quién carga con la responsabilidad de haber contratado créditos en condiciones tan desventajosas que justifican una reestructura tan onerosa?

2) ¿Por qué censuraron los plazos, las tasas de interés, los ingresos afectados como garantía y las comisiones bancarias de todos y cada uno de los contratos “transparentados”? En lugar de cifras, los documentos están llenos de espacios en blanco. ¿Cómo podemos aplaudir la reestructura si no podemos conocer los detalles de los acuerdos preexistentes?

3) En una parte del informe, la Secretaría de Finanzas sostiene que la estrategia financiera del anterior gobierno fue “apropiada y eficaz”. En otra parte señala que sin la reestructura habríamos enfrentado “la quiebra total del Estado”. ¿Cómo concilian ambas posiciones? ¿Por qué no nos brindan información suficiente para que lleguemos a nuestras propias conclusiones?

4) ¿Por qué no publicaron el crédito contraído con Banco del Bajío en Marzo 2010, que según un video difundido por Humberto Moreira fue contratado con firmas apócrifas? ¿Por qué no aparece soporte documental del crédito de Bancomer de Septiembre del mismo año? ¿Por qué hay créditos que aparecen sin sello de registro ante la SHCP?

5) El Congreso autorizó contratar financiamiento por $9,750 millones de pesos (en 4 decretos de diversos años), pero el Gobierno adquirió deuda “de largo plazo” por $23,012 millones. ¿Ningún pronunciamiento? Mucha de la deuda restante fue catalogada tramposamente como de “corto plazo”, dándole la vuelta al requisito de pedir autorización legislativa. ¿No merece discusión el tema?

6) Finalmente, ¿por qué no transparentaron el destino de los recursos? La mayoría de los contratos publicados etiquetan el dinero para “inversión pública productiva”, una categoría poco clara que no brinda mayor certidumbre. La impresión que tienen miles de coahuilenses es que se gastó sin control, y que buena parte del dinero no tuvo un destino claro. Sin embargo, el Informe de la Secretaría de Finanzas sostiene que los créditos fueron usados en “acciones contra-cíclicas” que “revirtieron la tendencia negativa de la economía estatal.” Suena bonito, pero sería más útil y contundente que nos detallaran donde se aplicaron los $35,000 millones.

Ya terminó la “Semana de la Transparencia” en Coahuila. Al paso que vamos necesitaremos un sexenio.

@oneflores

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