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Ciudad Posible
Por Onésimo Flores
Fundador de Jetty, la plataforma de transporte colectivo privado en la CDMX. Maestro en Política... Fundador de Jetty, la plataforma de transporte colectivo privado en la CDMX. Maestro en Políticas Públicas y Doctor en Planificación y Estudios Urbanos. (Leer más)
La planeación urbana como negociación
Hoy por hoy, las desviaciones entre lo planificado y lo efectivamente construido en las ciudades son habitualmente producto de alguna negociación debajo de la mesa. El privado le pide un favor a la autoridad y la autoridad se lo concede a cambio de algo. ¿Qué pasaría sin embargo, si esas negociaciones si hicieran sobre la mesa, al amparo de la ley, y beneficiando a la ciudad?
Por Onésimo Flores
12 de septiembre, 2013
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Los planificadores urbanos serios entienden las limitaciones de la fachada tecnocrática que aún reviste a su profesión. Es decir, dan a la técnica la importancia que merece, sin olvidar por un solo minuto que el desenlace de las verdaderas batallas sobre el futuro de las ciudades se negocia cuadra a cuadra. Nuestras ciudades albergan tal diversidad de intereses legítimos y de formas distintas de ver el mundo, que no es suficiente alegar el “bien común” o defender el “largo plazo” para justificar un proyecto o una política. ¿El “bien común” para quién? ¿De acuerdo a qué parámetros? ¿Evaluado bajo qué criterios? Los hombres y mujeres que buscan darle forma a la ciudad saben que el verdadero “plan” -el que sí se construye- no es más que una síntesis de los factores reales de poder en una comunidad, en un momento determinado. El planificador que ignora esta realidad, termina frustrado, o solo, o desempleado.

No discuto ni siquiera el contenido de los planes en disputa, sino el proceso que seguimos para adoptarlos. En la gran mayoría de nuestras ciudades, la planeación del futuro aún viene acompañada de una gran vestimenta tecnocrática que ya pocos toman en serio. La autoridad organiza algún foro, recibe ponencias, contrata algún consultor, y produce un documento lleno de generalidades que aprueba algún cabildo. Sin embargo, a la hora de las decisiones que verdaderamente importan todo vuelve a ser negociable. Los ingenuos podrán quedar satisfechos rasgándose las vestiduras y denunciando cómo la corrupción descarriló nuestras aspiraciones de tener ciudades más ordenadas, más equitativas, más habitables. Sin embargo, no podemos ignorar que las ciudades se construyen a base de obras duraderas, mientras que las críticas carecen de perdurabilidad. ¿Quién se acuerda, diez años después, de que aquella autopista urbana no estaba en ningún plan, o que aquel terreno estaba reservado para un parque, o que ese edificio no podía tener tantos pisos? Quizá es triste, pero el cemento dura más que el papel.

¿Cuál es el reto entonces? Algunos piensan que hay que blindar a la planeación urbana de la política. Recomiendan por ejemplo crear Institutos de Planeación, o importar la figura del City Manager. Creen que la autonomía de gestión es garantía de buenas decisiones. Me declaro escéptico. Si viviéramos en una sociedad híper-homogénea donde existiese un consenso absoluto sobre cómo y hacia dónde debe crecer la ciudad, quizá estas figuras tendrían algún sentido. Sin embargo, ese consenso simplemente no existe. De hecho, sólo el ejercicio pragmático de la política podría crearlo y sostenerlo. Me parece que en lugar de pretender separar la planeación urbana de la política, hay que redefinir cómo ambas se vinculan. Me explico:

Hoy por hoy, las desviaciones entre lo planificado y lo efectivamente construido en las ciudades son habitualmente producto de alguna negociación debajo de la mesa. El privado le pide un favor a la autoridad y la autoridad se lo concede a cambio de algo. En esa transacción, el privado y el funcionario ganan, frecuentemente a costa de la ciudad. Como la transacción es secreta, pueden tratarse temas que no podrían defenderse en público. Por ejemplo, el privado le ofrece al funcionario una comisión, o una contribución a su campaña, o un viaje. Como el público no se entera, los términos del acuerdo pueden ajustarse a conveniencia. ¿Qué pasaría sin embargo, si esas negociaciones si hicieran sobre la mesa, al amparo de la ley, y beneficiando a la ciudad? Ya existen algunos mecanismos en este sentido. Por ejemplo, para incrementar la altura de algunos edificios, hay ciudades donde se subastan los permisos, o se exigen inversiones en mitigación. La transacción está a la vista de todos y la ciudad gana por hacer una excepción.

En otras palabras, sólo los corruptos ganan con un plan rígido y técnicamente pulcro. Como su cumplimiento no es negociable, el estado que negocia se convierte en cómplice. El funcionario tiene incentivos para esconder la evidencia y consecuencias de su decisión. En cambio, un plan flexible y abierto a negociaciones transparentes permite que la ciudad capitalice las demandas del mercado a su favor. El reto pues, no es blindar a la planificación urbana de las presiones de la política, sino aprovechar las presiones.

@oneflores

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