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Por La Tlacuila
Margarita Warnholtz Locht (la tlacuila) es etnóloga egresada de la ENAH. Trabajó muchos años c... Margarita Warnholtz Locht (la tlacuila) es etnóloga egresada de la ENAH. Trabajó muchos años con organizaciones indígenas en cuestiones de comunicación, entre otras, coordinó un proyecto de incorporación de organizaciones indígenas a internet a finales de los 90, proyecto con el cual se convirtió en fellow de Ashoka (red internacional de emprendedores sociales). En los últimos años se ha dedicado a difundir información de los pueblos indígenas en la prensa escrita, colaborando con diarios como Excélsior en 2006 y Milenio de 2007 a 2010. (Leer más)
Ayotzinapa a un año: hay que hablar con los testigos de los hechos
Por más que se instaure una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas, como anunció el presidente Enrique Peña Nieto en su encuentro de ayer con los padres de los normalistas desaparecidos, no se logrará llegar a la verdad sin las declaraciones de los testigos de los hechos, es decir, muchos de los habitantes de Cocula. Y mientras impere el miedo, las amenazas (que son cumplidas, como se constató con el caso de Miguel Ángel Jiménez) y la impunidad, no se va a resolver nada.
Por La Tlacuila
25 de septiembre, 2015
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Este sábado 26 de septiembre se cumple un año de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y del asesinato de seis personas en Iguala. Sabemos que hasta la fecha no hay resultados confiables de la investigación, que eso de que los incineraron a todos en el basurero de Cocula es una mentira histórica y que el hecho de que se haya confirmado que de los restos encontrados en el río San Juan algunos coinciden con uno de los muchachos (sobre el segundo supuestamente identificado hay muchas dudas), no prueba más que ese joven, Alexander Mora Venancio, está muerto.

Lo más creíble es lo que presentaron en su informe los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aunque su investigación no llega aún a determinar qué sucedió realmente, demuestra por lo menos lo que no sucedió, así como la participación de la Policía Federal y el Ejército en el asunto.

El GIEI refutó la teoría del basurero con tres elementos: un peritaje científico, las contradicciones entre las declaraciones de los detenidos, y varias entrevistas que realizaron a testigos en Cocula. Estas entrevistas, supongo que para protegerlos, “forman parte de la reserva del trabajo del GIEI” como lo indican en la página 144 de su informe, donde también dicen que los entrevistados “señalaron su miedo a hablar, así como las amenazas y presiones que han sufrido”.

Obviamente si los testigos que se atrevieron a hablar con los miembros del GIEI lo hicieron con miedo y amenazados, no van a declarar nunca ante la PGR, pero lo lógico es que mucha gente de Cocula y/o de Iguala, sepa qué sucedió, pues es imposible mover a 43 personas en un pueblo sin que nadie se entere, y todas las carreteras, caminos o brechas por las que pudieron haber pasado tienen casas cerca, o por lo menos milpas donde la gente está trabajando. Además, aunque Murillo Karam dijera lo contrario, sí hay comunidades desde las que se ve cuando hay fuego en el basurero de Cocula.

Entrevistando a la población se podrían obtener datos mucho más precisos que de las declaraciones de los detenidos. Estos últimos, si de verdad participaron en los hechos, no iban a decir nada que los inculpara que se pudiera probar, sino que inventarían cualquier cantidad de cosas; y si no son culpables, sino inculpados detenidos al azar, evidentemente no tienen ni idea de lo que pasó.

Si los propios familiares de los jóvenes desaparecidos fueran a hacer preguntas a la zona, la gente sí hablaría con ellos, particularmente por la cantidad de otros desaparecidos que hay en la región, que hacen que se conozca el sufrimiento que implica no saber qué pasó con un ser querido. De padres a padres, sigilosamente, sin grandes camionetas, sin policías, podrían obtener información.

Hasta donde se sabe, el único que hizo ese trabajo de hormiga, de hablar con personas en Cocula e Iguala, y de recorrer los lugares que le indicaban, fue Miguel Ángel Jiménez Blanco, el promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) asesinado el 8 de agosto pasado. Acompañado las primeras semanas por 500 policías ciudadanos de su organización y posteriormente solo, o con dos o tres personas y a veces con reporteros, pasó cuatro meses indagando el paradero de los 43, a los que se sumaron cientos de desaparecidos en la zona. Cesó temporalmente la búsqueda por las amenazas que recibió y cuando la reinició lo mataron, sin duda porque había logrado obtener información importante, como afirmó Bruno Plácido, líder de la UPOEG, en diversas declaraciones que hizo sobre el asesinato de su compañero.

Sobre la muerte de Jiménez tampoco se sabe nada, a pesar de que la CIDH emitió un comunicado condenando su asesinato e instó “a las autoridades mexicanas a actuar de forma urgente para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del mismo”. La PGR debería por lo menos asumir la investigación del crimen y vincularlo con el caso Ayotzinapa.

Ciertamente, por más que se instaure una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas, como anunció el presidente Enrique Peña Nieto en su encuentro de ayer con los padres de los normalistas desaparecidos, no se logrará llegar a la verdad sin las declaraciones de los testigos de los hechos, es decir, muchos de los habitantes de Cocula. Y mientras impere el miedo, las amenazas (que son cumplidas, como se constató con el caso de Miguel Ángel Jiménez) y la impunidad, no se va a resolver nada.

No olvidemos que en los últimos nueve años han desaparecido más de 25 mil personas en México. Más que en Colombia en 60 años, más que en la dictadura militar chilena, por poner solo algunos ejemplos. Los 43 estudiantes de Ayotzinapa son solamente una mínima parte de esta cifra, pero llamaron la atención porque fueron muchos en un solo hecho y por las movilizaciones de sus familiares y compañeros. Por lo mismo, de alguna manera representan a todos. Algunos de los familiares de desaparecidos están optando por ir a buscarlos ellos mismos, como el grupo Las Rastreadoras de El Fuerte, Sinaloa, que ya encontró 22 cuerpos, aunque no se han identificar todos. Seguramente, si 25 mil familiares hicieran lo mismo, obtendrían mejores resultados que las autoridades, y saldría a la luz o se comprobaría, que nuestro país es una gran fosa clandestina.

 

@yotlacuila

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