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Por La Tlacuila
Margarita Warnholtz Locht (la tlacuila) es etnóloga egresada de la ENAH. Trabajó muchos años c... Margarita Warnholtz Locht (la tlacuila) es etnóloga egresada de la ENAH. Trabajó muchos años con organizaciones indígenas en cuestiones de comunicación, entre otras, coordinó un proyecto de incorporación de organizaciones indígenas a internet a finales de los 90, proyecto con el cual se convirtió en fellow de Ashoka (red internacional de emprendedores sociales). En los últimos años se ha dedicado a difundir información de los pueblos indígenas en la prensa escrita, colaborando con diarios como Excélsior en 2006 y Milenio de 2007 a 2010. (Leer más)
Centralizar la corrupción y dar vía libre a las trasnacionales
Bruno Plácido, dirigente de la UPOEG, dice que la guerra contra el narco es un mito, que lo que hay es un proyecto de gobierno para justificar una guerra y desarticular a la sociedad, para permitir que las trasnacionales se apropien de los recursos naturales. Después de las medidas anunciadas por el presidente, le encuentro más sentido todavía a sus palabras.
Por La Tlacuila
5 de diciembre, 2014
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En la conversación con Bruno Plácido que compartí aquí la semana pasada, él decía ciertas cosas que me parece importante retomar, pues tienen que ver con algunas de las medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto “para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho”.

Bruno hablaba del centralismo, decía que “llega un gobernante y quiere controlar todo” y no permite que los demás asuman responsabilidades. Mencionaba además la corrupción y la impunidad como elementos de la crisis actual del país, y afirmaba también que el trasfondo del conflicto en Guerrero es por sus recursos naturales: “¿No será que solamente quieren desarticular a la sociedad para que nadie proteste y nadie diga nada, y entreguen con la cintura en la mano los recursos naturales a las trasnacionales?”, se preguntaba.

Entre las medidas anunciadas por el presidente, está una iniciativa de Reforma Constitucional que “facultará al Congreso para expedir la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales” y, según sus propias palabras, “esta nueva ley establecerá el mecanismo para que la federación asuma el control de los servicios municipales o, en su caso, disuelva un ayuntamiento cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con el crimen organizado”.

Es decir, adiós al municipio libre y más centralismo. Control federal a los municipios con el pretexto de combatir el crimen organizado. Pero, ¿acaso son solamente los (o algunos) presidentes municipales los involucrados con el crimen organizado? Obviamente que no, pero eso no importa.

Creo que se corre un gran riesgo de que con esta medida el gobierno federal se apodere de los municipios que no aprueben la ejecución de proyectos federales en su territorio, o la entrada de empresas trasnacionales que se apropien de sus recursos naturales. Actualmente, por ejemplo, se está realizando una consulta en Juchitán para definir si se permite o no la construcción de un parque eólico, y ya el presidente municipal, Saúl Vicente, anunció que respetará la decisión que emane de la consulta y, si es negativa, no permitirá el cambio de uso de suelo. No es difícil que, si esto sucede, de pronto se encuentren “indicios” (no harán falta pruebas) de que el alcalde en cuestión tiene vínculos con el narcotráfico, y en lo que demuestra que no es cierto, se impongan las condiciones para la construcción del parque eólico. Y lo mismo o algo similar puede suceder en cualquier parte.

El asunto me hace pensar que ésta es la reforma constitucional que faltaba para dejar la vía libre a las trasnacionales para que se apropien de los recursos naturales del país. Con más razón si junto con ellas vienen las “zonas económicas especiales”, anunciadas junto con las 10 medidas, que, según palabras del presidente, “son eficaces para atraer inversión nacional y extranjera”, pues implican financiamientos especiales y descuentos en impuestos (para los inversionistas, no para los trabajadores). Lejos de beneficiar a las comunidades, habrá más industrias extranjeras que invadirán los territorios indígenas, se aprovecharán de la mano de obra barata, saquearán los recursos y contaminarán cielo, mar y tierra. ¿Por qué no mejor incentivar la creación de empresas locales?

Bruno Plácido decía, en síntesis, que la guerra contra el narco es un mito, que lo que hay es un proyecto de gobierno para justificar una guerra y desarticular a la sociedad, para permitir que las trasnacionales se apropien de los recursos naturales. Después de las medidas anunciadas por el presidente, le encuentro más sentido todavía a sus palabras.

Otra de las medidas anunciadas por Peña Nieto que me recordó la conversación con Bruno, fue la de desaparecer las policías municipales y crear policías estatales. La policía comunitaria de Guerrero ha demostrado que mientras más vinculados con la comunidad estén los policías menos se corrompen. Sus policías son elegidos por las asambleas de sus localidades, obtener el cargo es un honor e implica una responsabilidad moral con la comunidad, y el que no cumple es destituido inmediatamente. ¿No sería mejor apostarle a algo así?

¡Como si no hubiera corrupción en las policías estatales! Pero claro, hay que centralizar la corrupción para que dejen de beneficiarse de ella los funcionarios municipales y el beneficio pase a manos de los estatales o federales.

En estos días leí en Proceso que muchos senadores del PAN, PRD y PT están en contra de la iniciativa de reforma que presentó Peña Nieto, correspondiente a las dos medidas aquí mencionadas. Espero que se mantengan en eso y no la dejen prosperar.

 

@yotlacuila

 

 

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