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Por La Tlacuila
Margarita Warnholtz Locht (la tlacuila) es etnóloga egresada de la ENAH. Trabajó muchos años c... Margarita Warnholtz Locht (la tlacuila) es etnóloga egresada de la ENAH. Trabajó muchos años con organizaciones indígenas en cuestiones de comunicación, entre otras, coordinó un proyecto de incorporación de organizaciones indígenas a internet a finales de los 90, proyecto con el cual se convirtió en fellow de Ashoka (red internacional de emprendedores sociales). En los últimos años se ha dedicado a difundir información de los pueblos indígenas en la prensa escrita, colaborando con diarios como Excélsior en 2006 y Milenio de 2007 a 2010. (Leer más)
Los mapuche a 40 años del Golpe de Estado en Chile
40 años después del golpe de Estado, el pueblo mapuche continúa sufriendo las consecuencias. Es el único grupo de personas culturalmente diferenciado que ha perdido significativamente su patrimonio territorial y no ha sido reparado, ni restituido, ni indemnizado justa y equitativamente, a pesar de que el territorio es la base esencial de su cultura.
Por La Tlacuila
13 de septiembre, 2013
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Con motivo de la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado en Chile, Aucan Huilcaman Paillama,  uno de los principales dirigentes del pueblo mapuche, me envió el siguiente texto, que comparto con ustedes:

 

Durante los últimos días se han producido una serie de hechos de arrepentimiento y manifestación expresa de perdón sobre los acontecimientos previos, durante y posteriores al 11 de septiembre de 1973. Estos hechos han abarcado actos personales e institucionales del Estado de Chile; la Corte Suprema de Justicia reconoció las “omisiones” y el Poder Ejecutivo habló de “complicidad pasiva”. En todas estas declaraciones se observa que están orientadas a reconocer hechos relativos a las violaciones a los derechos humanos, preferentemente centrados en el individuo, situaciones como las violaciones al derecho a la vida, el derecho al debido proceso, el acceso a la justicia, las torturas y  la situación dolorosa de los detenidos desparecidos, entre otras violaciones cometidos durante la dictadura militar.

Las violaciones a los derechos humanos basadas en los actos que afectan al individuo no dejan de tener importancia extrema y el desafío consiste en alcanzar su completo esclarecimiento y justicia, al punto que jurídicamente se tipifican como crimen de lesa humanidad. El pueblo  mapuche las sufrió al igual que todo el pueblo chileno, sin embargo, merecen particular atención las violaciones a los derechos humanos mediante la adopción y aplicación sin límite del Decreto de Ley 2568, que tuvo por objeto la usurpación del patrimonio territorial y los recursos del pueblo mapuche. En definitiva, se atacaron los cimientos de su cultura y las consecuencias son múltiples y constituyen una de las causas de las actuales tensiones entre los mapuche y los no mapuche del sur del país.

El Decreto de Ley 2568 adoptado por la dictadura militar, fue una de las normas jurídicas más agresivas y violentas que en su génesis reúne las características propias de las causales de genocidio que haya adoptado el Estado chileno en cuanto a la preservación, mantención y trasmisión inter-generacional  del derecho a las tierras colectivas que disponía el pueblo mapuche.

La dictadura militar, mediante el decreto 2568 sobre división y subdivisión  de las tierras colectivas, intentó liquidar jurídicamente a las comunidades mapuche. Este decreto de ley estipulaba que: “al momento de dividirse las tierras dejan de ser indígenas las tierras y sus ocupantes”. En definitiva, como la propia norma jurídica lo establecía, se trató de la “liquidación de las comunidades mapuche”. El criterio jurídico de que “dejan de ser indígenas las tierras y su ocupantes” es la negación de la condición de mapuche y su cultura en todas sus formas. Las leyes anteriores provenientes del Estado chileno siempre dividieron las tierras, pero no incluían que dejaban de ser “mapuche sus tierras y sus ocupantes” y este último concepto de “ocupante” fue uno de los más arbitrarios y ajenos al derecho constituido.

A raíz de la oposición mapuche a la división de tierras y al sentido perverso de este decreto, bastaba que una sola persona pidiera la división de las tierras de la comunidad para que se ejecutara mediante el uso de la fuerza pública, y en la mayoría de los casos quienes solicitaban la división eran personas no mapuche, ocupantes o arrendadores ajenos a la comunidad.

Bajo la figura de “ocupante” las arbitrariedades fueron innumerables, un simple ejemplo de esto fueron los sostenedores de un determinado colegio asentado en el interior de las comunidades mapuche, que con la sola aplicación del mencionado decreto obtuvieronun título de dominio a su favor.

El golpe de Estado no solamente afectó en la división y subdivisión de las tierras, sino que revocó todo el proceso de ampliación territorial que se había alcanzado con la Ley Indígena 17.729 adoptada en 1972, pues por el poco tiempo de  vigencia de esta ley, simplemente fueron revocados los procesos de adjudicación de tierras que estaban en curso.

Esto explica que Fernando Leniz (ex ministro de la dictadura) tenga dominio territorial en el corazón de la comunidad mapuche Lepileo en la comuna de Panguipulli.  En definitiva, aplicaron su ley y luego se adjudicaron a su favor títulos sobre tierras mapuche.

Durante la dictadura militar y teniendo como referencia solamente los títulos de Merced, el pueblo mapuche perdió por el uso de la fuerza y la ley una suma de casi  200 mil hectáreas de tierras que hoy son reivindicadas por los mapuche, y esto constituye una de las causas de las tensiones que se viven en el sur de Chile.

La tierra es el fundamento de las culturas indígenas y su importancia está reflejada en las normas internacionales. El Convenio 169de la Organización Internacional del Trabajo lo ratifica en sus artículos 13 al 16, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,  en su artículo  28 establece:

“1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado. 2.  Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada”.

El derecho internacional ha afirmado que la tierra es constitutiva de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Así lo establecen las normas internacionales y las resoluciones de tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los mecanismos de protección a los derechos humanos como el Comité Internacional del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales y últimamente el Comité Internacional de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.

40 años después del golpe de Estado, el pueblo mapuche continúa sufriendo las consecuencias. Es el único grupo de personas culturalmente diferenciado que ha perdido significativamente su patrimonio territorial y no ha sido reparado, ni restituido, ni indemnizado  justa y equitativamente, a pesar de que el territorio es la base esencial de su cultura. No se trata de comparar, pero otras instituciones chilenas, entre ellas los partidos políticos que fueron objeto de afectación en su patrimonio, sí obtuvieron una restitución.

El Decreto de Ley 2568 por su característica se condice jurídicamente con la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que establece entre otras causales la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. El solo despojo del patrimonio territorial y consecuentemente la pérdida de la cultura, cumple unos de los requisitos del crimen de genocidio. Esta convención estipula además en su artículo 3 que  serán castigados los actos siguientes: b) la asociación para cometer el genocidio d) tentativa de genocidio e) la complicidad en el genocidio. En este caso el Estado chileno,  en un acto intencionado, elaboró, adoptó y aplicó una norma jurídica y empleó todas sus instituciones para la ejecución de sus decisiones a un grupo étnicamente diferente, es decir, al pueblo mapuche y su territorio.

Parte de los antecedentes del proceso sistemático de despojo del patrimonio territorial mapuche durante la dictadura militar está reflejada en el Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato. Este documento oficial, a pesar de su poco uso, constituye un informe de Estado que reconoce sus propias conductas y omisiones en materia de protección de derechos colectivos referidos a las tierras y recursos del pueblo mapuche.

A partir del reconocimiento de parte del derecho internacional que establece que la tierra es uno de los derechos humanos de carácter colectivo, el pueblo mapuche está en su pleno derecho de exigir que se restituya, repare o se indemnice el daño patrimonial, territorial y cultural que han significado estos 40 años posteriores al golpe de Estado.

 

Aucan Huilcaman Paillama

Wallmapuche,  Temuco, Chile 11 de septiembre de 2013

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