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Por La Tlacuila
Margarita Warnholtz Locht (la tlacuila) es etnóloga egresada de la ENAH. Trabajó muchos años c... Margarita Warnholtz Locht (la tlacuila) es etnóloga egresada de la ENAH. Trabajó muchos años con organizaciones indígenas en cuestiones de comunicación, entre otras, coordinó un proyecto de incorporación de organizaciones indígenas a internet a finales de los 90, proyecto con el cual se convirtió en fellow de Ashoka (red internacional de emprendedores sociales). En los últimos años se ha dedicado a difundir información de los pueblos indígenas en la prensa escrita, colaborando con diarios como Excélsior en 2006 y Milenio de 2007 a 2010. (Leer más)
Para qué consultan si de todas formas harán lo que quieran
La nueva Ley de Hidrocarburos garantiza la consulta a las comunidades indígenas para realizar proyectos en sus territorios. El problema es que aun cuando la respuesta sea no, de todos modos los proyectos se harán. Les van a preguntar qué quieren a cambio de que los despojen de su territorio, no si están de acuerdo en cederlo. Y les van a ofrecer a cambio (como dice en el artículo 113) salud, educación y otras cosas que es obligación del Estado proporcionar.
Por La Tlacuila
16 de mayo, 2014
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Alguien me comentó en estos días que en la iniciativa de Ley de hidrocarburos que presentó recientemente el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión, había un artículo sobre la consulta a comunidades indígenas. Me pareció una buena noticia (optimista yo) y busqué inmediatamente la mencionada iniciativa (aquí se puede bajar) para ver cómo estaba planteado el asunto.

Efectivamente, encontré incluso un capítulo completo (el quinto) titulado “del impacto social”, que habla del respeto a los derechos humanos de las comunidades y pueblos, y de la realización de estudios de impacto social en las áreas donde se vayan a desarrollar proyectos, así como de medidas de mitigación para los afectados. El artículo 113 es el que se refiere a la consulta y dice lo siguiente:

“Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los que se desarrollen proyectos de la industria de Hidrocarburos, la Secretaría de Energía deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta necesarios y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda, en coordinación con las Secretaría de Gobernación y las dependencias que correspondan. En dichos procedimientos de consulta podrán participar la Comisión Nacional de Hidrocarburos, las empresas productivas del Estado y sus subsidiarios y empresas filiales, así como Particulares, conforme a la normatividad aplicable.

La Secretaría de Energía, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá prever en las Asignaciones, así como dentro de los términos y condiciones que establezca para las licitaciones, los montos o reglas para su determinación, que el Contratista o Asignatario deberá destinar para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades, en materia de salud, educación, desarrollo familiar y laboral, entre otras”.

Suena bien, pero resulta que no dice qué sucederá si, al ser consultadas, las comunidades dicen que NO, que no quieren que se desarrolle ningún proyecto en su territorio. La respuesta se encuentra en la misma iniciativa de ley, particularmente en el artículo 91, que dice:

“La industria de Hidrocarburos a que se refiere esta Ley es de utilidad pública. Procederá la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación superficial, o la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria de Hidrocarburos, conforme a la Ley de Expropiación y demás disposiciones aplicables en los casos en los que la Nación lo requiera”.

En otros artículos hace referencia, en síntesis, a la forma como se deberán llevar a cabo las negociaciones entre los asignatarios o contratistas y los titulares de los terrenos que serán utilizados: de “manera transparente”, dando aviso a la Procuraduría Agraria para que pueda asesorar a los propietarios, con presencia de testigos. Incluso podrá solicitarse la mediación del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Pero al final de cuentas, si no se logra llegar a un acuerdo, procederá la constitución de servidumbres o la expropiación, como dice textualmente el artículo 101:

“Si dentro de los diez días naturales contados a partir de la sugerencia de contraprestación a que se refieren las fracciones III y IV del artículo anterior, las partes no alcanzan un acuerdo, el Instituto notificará a la Secretaría de Energía quien propondrá al Ejecutivo Federal la constitución de una servidumbre legal de hidrocarburos por vía administrativa o la expropiación, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.

O sea, si no hay acuerdo, hay expropiación o servidumbre. Como quien dice, si los indígenas dicen que NO cuando los consulten, de todos modos se hace el proyecto. Les van a preguntar qué quieren a cambio de que los despojen de su territorio, no si están de acuerdo en cederlo. Y les van a ofrecer a cambio (como dice en el artículo 113) salud, educación y otras cosas que es obligación del Estado proporcionar.

¿Entonces para qué los consultan? ¿Para qué se incluye el tema en la iniciativa de ley, si de todas formas no hay opción? Por lo visto no es más que una simulación, una manipulación de los derechos de los pueblos indígenas. Una forma de aparentar que se toman en cuenta para que nadie se queje, y para poder decir que se cumple con los convenios internacionales al respecto. Pero en los hechos, los intereses de las empresas “asignatarias” seguirán estando muy por encima de los derechos de los pueblos indígenas.

Claro, esto no afecta solamente a los indígenas, sino a cualquier ciudadano que tenga la mala suerte de tener una propiedad de interés para la industria de los hidrocarburos, (aunque no creo que perforaran en Santa Fe o Interlomas si fuera el caso…), sólo que a los pueblos indígenas les afectará más, pues el desarrollo y la permanencia de sus culturas depende en gran parte de su territorio. Pero por lo visto, no importa que la expropiación pueda llevar a su extinción.

 

@yotlacuila

 

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