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Por La Tlacuila
Margarita Warnholtz Locht (la tlacuila) es etnóloga egresada de la ENAH. Trabajó muchos años c... Margarita Warnholtz Locht (la tlacuila) es etnóloga egresada de la ENAH. Trabajó muchos años con organizaciones indígenas en cuestiones de comunicación, entre otras, coordinó un proyecto de incorporación de organizaciones indígenas a internet a finales de los 90, proyecto con el cual se convirtió en fellow de Ashoka (red internacional de emprendedores sociales). En los últimos años se ha dedicado a difundir información de los pueblos indígenas en la prensa escrita, colaborando con diarios como Excélsior en 2006 y Milenio de 2007 a 2010. (Leer más)
¿Por qué es importante el derecho a la consulta?
La consulta a las comunidades originarias no es un acto administrativo para informar a los pueblos sobre un proyecto, sino que “es un proceso de diálogo y negociación donde cada parte debe ejercer como actor con igualdad de dignidad y derechos en un marco de conocimiento y respeto a reglas preestablecidas por el Estado de Derecho”.
Por La Tlacuila
8 de abril, 2016
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La semana pasada mencionaba yo que es absurdo pretender que el gobierno mexicano promueva una ley indígena que reglamente el derecho que tienen los pueblos originarios a la consulta previa, libre e informada, pues afectaría los intereses de los políticos que están coludidos con las empresas trasnacionales para despojar a los pueblos de sus territorios. Decía que el Comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas, Jaime Martínez Veloz, ofreció presentar una iniciativa de ley indígena desde hace más de dos años (dato que por cierto corrijo aquí, pues checando fechas, resultan ser más de tres)  y que seguimos esperándola.

Por los comentarios de una querida colega, caí en cuenta de que era importante especificar que dicha ley debe ser consultada con los pueblos en cuestión, e incluso elaborarse con la participación de representantes de los mismos, además de que tiene que cumplir con los estándares internacionales en la materia, y que hay que tener cuidado de que no resulte una ley que termine validando simulacros de consulta que beneficien a las empresas.

Casualmente en estos días cayó en mis manos un libro sobre el tema, recientemente publicado, que especifica que el proceso de consulta previa, libre e informada, no es algo que se pueda regular desde una legislación, más allá de las garantías básicas, pues debe construirse en cada espacio de acuerdo con la sociedad involucrada, su cultura, su economía, su patrimonio y su espiritualidad, entre otras cosas. Dice también que en México, ante la ausencia de una legislación secundaria sobre el derecho mencionado, que establezca cuándo, cómo y a quién se consulta, es necesario acudir a los estándares internacionales.

Se trata del libro Consulta, territorios indios e información. Manual de uso múltiple, escrito por Guillermo Padilla Rubiano y Nemesio J. Rodríguez Mitchell, y publicado por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Es un texto muy completo dividido en dos partes: la primera es una “aproximación jurídica y filosófica sobre las implicaciones que tiene la consulta y su necesaria utilización como parte de los derechos fundamentales de los pueblos indios y similares en los contextos nacionales”, y la segunda trata sobre “la información que los pueblos deben requerir de los proyectos a empresarios y a las instituciones públicas para poder tomar decisiones”.

Entre otros aspectos, esta publicación presenta de manera muy completa y detallada el marco jurídico internacional y nacional del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, y muestra la manera como se aplica en los distintos países de América Latina. Explica que en Colombia es en donde más consultas se han realizado y donde mayores desarrollos jurisprudenciales ha habido, y que México es una de las naciones más atrasadas en el tema, lo cual ha generado y genera diversos conflictos, como por ejemplo el caso de la Parota en el estado de Guerrero, o la construcción de una hidroeléctrica en territorio de los yaquis.

El texto aclara que la consulta no es un acto administrativo para informar a los pueblos sobre un proyecto, sino que “es un proceso de diálogo y negociación donde cada parte debe ejercer como actor con igualdad de dignidad y derechos en un marco de conocimiento y respeto a reglas preestablecidas por el Estado de Derecho”. Además especifica que el consentimiento previo, libre e informado, se requiere cuando el proyecto implique traslado de los pueblos de sus tierras originales, cuando contemple el almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos dentro de su territorio, cuando se pretendan desarrollar planes a gran escala que pudieran tener un impacto mayor en los territorios indígenas, y cuando se trate de actividades de extracción de recursos naturales en dichos territorios, que tengan impactos sociales, culturales y ambientales significativos.

En síntesis, este libro es en verdad, como su nombre lo indica, un manual de uso múltiple que expone con sumo detalle todo lo relacionado con el tan nombrado pero poco practicado derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos originarios. Es de lectura obligada para todos aquellos que tengan que ver con el tema y muy recomendable para quienes simplemente quieran estar bien informados.

Sería muy bueno que lo leyeran, por ejemplo, la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga, los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados y los empresarios que pretenden desarrollar proyectos en territorios indígenas. A ver si así entienden la importancia de este derecho, que, como dice el libro, va más allá de la órbita legal pues, como se ha demostrado en diversos países, “su trascendencia tiene que ver con la conservación de condiciones culturales que garanticen la continuidad de la vida misma en el planeta”.

 

@yotlacuila

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